El pacto fue anunciado tras una maratoniana ronda de conversaciones que comenzó ayer bien entrada la noche.
La huelga comenzó el pasado miércoles en protesta por la contratación de empleados en el sector público a través de agencias externas en condiciones muy inferiores a las de cualquier funcionario.
El acuerdo cerrado hoy estipula un aumento a 4.500 shekels (915 euros o 1.200 dólares) del salario mínimo mensual de los trabajadores subcontratados.
También supondrá una mejora general de sus condiciones laborales, como una mayor contribución del empleador a sus fondos de pensiones y el derecho a cheques descuento para la comida o regalos de empresa con motivo de las festividades.
El Estado se compromete asimismo a aumentar en 120 el número de inspectores encargados de vigilar que se cumplan los derechos de los subcontratados.
A cambio, la Histadrut declara el fin de la huelga general y se compromete a no convocar ninguna otra por este motivo en los próximos tres años.
La Administración pública tiene desde hace años a unos 400.000 contratados a través de agencias de empleo que llegan a cobrar la mitad
que un funcionario normal.
La ley establece que este tipo de contratos puede durar únicamente nueve meses, pero una brecha legal ha permitido prorrogarlos durante años, lo que ha acabado derivando en un conflicto laboral abierto.
El primer ministro, Biniamín Netanyahu, alabó el acuerdo en la apertura de la reunión del consejo de ministros, celebrada poco después de su anuncio.
"Creo que es un logro muy importante para reparar, y no parcialmente, las injusticias de las últimas décadas", dijo tras destacar que el pacto "mejora mucho las condiciones laborales de los subcontratados", según un mensaje de texto enviado por su oficina.
El paro laboral fue seguido, total o parcialmente, por enfermeros de los hospitales públicos, personal universitario, la bolsa, oficinas de inmigración, bancos, servicios ferroviarios, el Instituto Nacional de Seguros, museos, teatros y otros centros culturales.
Su consecuencia más visible ha sido la acumulación de basura en algunas urbes, como la zona de Tel Aviv, donde hay 10.000 toneladas de residuos, o Jerusalén, en la que abundan las pilas de desechos en torno a los contenedores, a diferencia de aquellas donde la recogida está en manos de empresas privadas.
Desde el jueves y por decisión judicial, la huelga no incluía los puertos marítimos ni el aeropuerto internacional de Ben Gurión.
Según cálculos del diario "Maariv", el parón ha costado al mercado unos 4.000 millones de shékels (813 millones de euros o 1.073 millones de dólares).
En noviembre pasado una huelga similar había sido aplazada para permitir a las partes negociar, pero las conversaciones no llegaron a buen puerto.
