Enfermeras de los hospitales públicos, personal universitario, empleados de aeropuertos, puertos marítimos, la bolsa, oficinas de inmigración, bancos, servicios ferroviarios y el Instituto Nacional de Seguros no acudieron hoy a sus puestos de trabajo, después de que la Histadrut suspendiese las negociaciones con el Ministerio de Finanzas.
También siguieron la huelga los trabajadores de museos, teatros y otros centros culturales.
La huelga puede llegar a costar al mercado israelí casi 1.000 millones de shékels, unos 269 millones de dólares, según el diario Maariv.
La Histadrut exige al Gobierno que ponga fin a lo que considera explotación de cientos de miles de funcionarios que la Administración pública tiene contratados a través de agencias de empleo desde hace años y que llegan a cobrar la mitad que un funcionario regular.
La ley establece que este tipo de contratos pueden durar únicamente nueve meses, pero una brecha legal en la subcontratación ha permitido prorrogarlos durante años
En esa condición están unos 400.000 empleados, una buena parte de ellos en cargos públicos y para los que la Histadrut demanda un plan de regularización a medio plazo.
En noviembre pasado una huelga similar fue aplazada para permitir a las dos partes negociar, pero las conversaciones no llegaron a buen puerto.
