De esta forma las organizaciones neonazis quedarán en la ilegalidad en ese país de América del Sur y de continuar con sus actividades podrían ser duramente castigadas.
La iniciativa parlamentaria, que cuenta con el apoyo del gobierno de Juan Manuel Santos, será votada mañana martes en la sesión de la Cámara de Representantes.
El tratamiento de la norma tuvo que postergarse la semana pasada para reformar parte del proyecto con el fin de dar mayores precisiones.
La propuesta en un principio sólo contemplaba la discriminación racial, pero ahora castigará a toda aquella que se origine por motivos de raza, religión, ideología, género, orientación sexual u origen nacional, étnico o cultural.
De acuerdo a lo precisado por la prensa colombiana, la iniciativa prevé penas de prisión de 12 a 36 meses, y multa de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a quienes incurran en actos discriminatorios.
No obstante, en la norma se aclara que se sancionará con penas de hasta 15 años de cárcel a todas las conductas de “apología al genocidio”.
La propuesta precisa que aquella persona que por cualquier medio “difunda ideas o doctrinas que propicien o promuevan el genocidio, o de alguna forma lo justifiquen, ya sea apoyando o negando un genocidio cometido en cualquier época o lugar, o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de las mismas, incurrirá en prisión de 96 a 180 meses”.
Con la aprobación de esta ley, las organizaciones neonazis que justifican prácticas de genocidio y persecución racial, como el Holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial, serían declaradas ilegales.
Alfonso Prada Gil, representante por Bogotá del Partido Verde, es el impulsor del proyecto, que fue elaborado junto al senador Carlos Baena y a la representante Gloria Stella Díaz, del movimiento MIRA.
Fuente: Itón Gadol
