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Hace algunas semanas la Corte Suprema de Justicia, en un fallo dividido, decidió hacer lugar a los recursos extraordinarios presentados por AMIA, DAIA y Familiares y Amigos de las Víctimas, contra el pronunciamiento del TOF 3 refrendado por la Cámara de Casación Penal, considerando que no se podía anular toda la investigación llevada a cabo por el entonces juez designado a cargo de la misma, Dr. Juan José Galeano conjuntamente con los fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia, sino sólo el tramo de dicha pesquisa al que se consideró viciado de nulidad.
Como se recordará, la declaración del encargado de armar la Traffic que fuera usada para el atentado contra la mutual judía el fatídico 18 de julio de 1994, el entonces vendedor de autos truchos Carlos Telleldín, habría pedido una recompensa de 400.000 pesos (o dólares, que en esos tiempos poseían el mismo valor) para hacer su confesión en la que se involucraba al ex comisario Juan José Ribelli entre otros policías. Las declaraciones de Telleldín hechas a partir de que se concretara ese episodio -digo, la entrega del dinero solicitado- funcionaron a modo de trampa macabra para la investigación puesto que activaron el mecanismo previsto por la justicia como "el fruto del árbol podrido", lo cual significa que todo lo que se obtenga a través de vías no admitidas legalmente no puede ser incorporado como prueba condenatoria.
En otras palabras: la confesión del "enano Telleldín" realizada post pago de la recompensa no pudo ser considerada como válida.
Recientemente, la opinión pública se escandalizó cuando en un allanamiento realizado por la Policía Federal en horas de la noche -lo cual en el Código de Procedimientos está expresamente prohibido- se logró desbaratar a una banda de narcotraficantes que, a causa de la nulidad del procedimiento, debió ser puesta en libertad. Todo el mundo salió a criticar lo que prescribe el Código de Procedimientos al respecto diciendo que dichas indicaciones fueron escritas en la antigüedad, que ya no eran aplicables en tiempos modernos, que no se podía dejar en libertad a semejantes criminales por un detalle como ese, etc.
Lo cierto es que la ley está para ser cumplida. Pero ello no significa que los narcos se hayan transformado en angelitos ni que los investigadores deban ser juzgados como si fueran ellos los delincuentes.
No ocurrió lo mismo con la causa AMIA. El elemento viciado de nulidad -el pago del dinero a Telleldín para obtener su confesión- funcionó para la opinión pública en general -comunitaria y extracomunitaria- como un gran distorsionador de los hechos. Se hizo rodar que lo habían obligado a mentir para involucrar a Ribelli y compañía y un montón de ridiculeces por el estilo. Todo se trastocó a partir de entonces: los epítetos de traición y encubrimiento ensuciaron a quienes buscaban -con aciertos y errores- esclarecer el atentado.
Tiempo después, los acusados quedaron en libertad, los que juzgaron fueron expulsados de sus cargos y juzgados a su vez, condenados y vapuleados por la opinión pública. Injustamente, claro.
¿Qué fue lo que llevó a que no se tuvieran con la causa AMIA las mismas consideraciones que se tuvieron, por ejemplo, con el caso de los narcos sucedido hace algunas semanas? Es decir, que la anulación del caso quedara circunscripta exclusivamente a que se había cometido un error en el procedimiento. Y punto.
La gran diferencia reside en que la causa AMIA es una megacausa, y que se politizó. Y ello puso todas las cosas fuera de su lugar. La comunidad, o al menos una parte importante de ella, se hizo eco de dicha politización y la hizo extensiva a sus propios dirigentes. En algunos casos se llegó a estigmatizarlos y a hacerlos objeto de bizarras e indignas acusaciones que avergüenza reproducir.
Retomando el reciente fallo del máximo tribunal, lo valioso del mismo es que vuelve a poner algunas cosas en su lugar. Determina que se debe rescatar las pruebas aportadas por la instrucción -vale decir, por quien estaba a cargo de la misma, el ex juez Galeano- previo al episodio que "contaminó" la causa, por decirlo de algún modo. La finalidad: tratar de llegar a la verdad reabriendo la investigación referida a la conexión local. Esto singifica que se vuelva a considerar la prueba existente contra Telleldín -quien, como se recuerda, había sido sobreseído por el Tribunal Oral Federal 3.
Al respecto, caben hacer algunas consideraciones. A saber, que toda la prueba recolectada, todas las evidencias, todo lo avanzado en la pesquisa se hizo sólo y exclusivamente durante el período en que el juez Galeano actuó como instructor, siendo los titulares de la Fiscalía los Dres. Müllen y Barbaccia. Nunca más se avanzó ni un solo paso desde que la causa cambió de manos. Incluso los rimbombantes anuncios que cada tanto hace público el actual fiscal de la causa, Dr. Alberto Nisman, que se difunden como grandes descubrimientos, no son más que simples reiteraciones de datos que ya figuraban en los expedientes, y que eran producto de lo actuado por Galeano y sus fiscales. Lo que resulta inentendible es por qué luego del extenso alegato presentado por Nisman en el juicio oral, pidiendo prisión perpetua para Telleldín, no apeló la sentencia del TOF3 en ese momento.
En segundo lugar, y aunque no se enuncie como tal, esta revalorización de lo investigado por Galeano, no deja de ser un reconocimiento a su tarea que está al margen del error cometido quizás motivado por el ansia de resolver más rápido de lo requerido un asunto con tantas aristas como el atentado terrorista contra la AMIA.
Por último, aunque no menos importante, el reconocimiento de la validez de la prueba recogida durante ese período -y repito, que es toda la que existe- no hace sino legitimar lo actuado por la dirigencia política de la comunidad de aquel tiempo, y que tenía al frente al Dr. Rubén Beraja.
El destino de este nuevo fallo es incierto. Los acusados de formar parte de la conexión local están todos en libertad. Al menos por ahora.
La pregunta es qué tipo de resarcimiento moral -cuanto menos- se debería otorgar a quienes empeñados en la búsqueda de esclarecimiento y justicia debieron soportar ser tratados como si ellos hubieran sido los que pusieron la bomba en la AMIA.
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