|
La cuestión, en el tema de la controversia sobre las niñas de la escuela de Emmanuel no es la discriminación étnica sino las diferencias entre grupos religiosos.
Las políticas educativas de la escuela se basan en el nivel de observancia, y no se sustentan sobre una plataforma étnica.
“Ashkenazi” y “Sefaradí”, en este caso, son eufemismos para referirse a lo más estricto o lo menos estricto.
No se trata de racismo ni de derechos civiles o de fanatismos, como algunos oscuramente sugirieron. Tampoco se trata de someterse o no al “imperio de la ley”, puesto que el establecimiento de las reglas y las normas dentro de la escuela es una decisión de la escuela misma y se aplica a todos por igual, independientemente de su bagaje étnico.
La Corte Suprema de Israel ha interpretado de manera errónea la cuestión y convirtió una disputa local en una batalla política por el poder respecto a quien debe controlar el sistema educativo de una comunidad y determinar las políticas por las cuales se rige.
Encarcelar a los padres que se rehúsan a acatar las decisiones de la corte no sólo es una medida extrema sino que además es muy poco inteligente. Si transcurrido el tiempo de la condena los padres siguen sin acatar dichas decisiones, ¿qué harán con ellos? ¿seguirán en la cárcel hasta que lo hagan?
Esto es legal y moralmente un absurdo.
Semejantes acciones por parte del estado, sus cortes y su policía, no sólo no resolverán el problema y sino que además provocarán el alejamiento de un gran número de ciudadanos israelíes.
El prejuicio, en efecto, es un problema social; pero este es un caso de discriminación referido a cuestiones sociales y religiosas. No educativas.
Al convertir esta situación en un tema legal, criminalizando su práctica, la corte insiste en atacar las creencias y la fe de un significativo sector de la población.
Dado que ninguno de los jueces es ortodoxo ni conoce demasiado sobre esta comunidad, y teniendo en cuenta que algunos de ellos distorsionan los hechos en contra de la comunidad ortodoxa, resulta muy dudoso que ellos comprendan al mundo jaredí.
Estamos hablando de una población judía estrictamente observante de la ley que establece sus propias normas y reglas, especialmente aquellas que conciernen a los temas sociales y educativos; y en una democracia a ellos les asiste ese derecho.
A través de rechazar una cultura israelí dominada por el materialismo, la sexualidad y la pornografía, ellos buscan crear barreras para evitar la erosión de sus valores y creencias.
El tema es más complicado porque la “discriminación” de la cual ellos son acusados no parece estar basada en una cuestión de etnicidad, puesto que muchos de los estudiantes de la escuela son sefaradíes. Más aún, en algunos casos, la discriminación no sólo es apropiada, sino que es obligatoria.
Uno puede cuestionar las bases sobre las que se formulan juicios, pero difícilmente pueda hacerlo respecto al derecho de los individuos, especialmente de los padres, a tomar decisiones que ellos consideran que son en beneficio de sus hijos.
Los administradores de la escuela tienen la necesidad de tomar decisiones tanto respecto a las políticas educativas como así también respecto a las currículas de estudio, puesto que las escuelas no son solamente ámbitos educativos sino que también son instituciones sociales. Los chicos aprenden en la escuela mucho más de lo que los maestros les ofrecen en el ámbito de la clase.
El fracaso en comprender la importancia que tienen las escuelas para estas comunidades y por ende en respetar las legítimas distinciones que los padres y los administradores escolares hacen, demuestra una cierta arrogancia pero también una profunda ignorancia –así como una falta de tacto.
La pregunta que surge de esta controversia es si los padres y los educadores tienen o no el derecho de decidir sobre lo que ocurre dentro de su escuela.
La actuación de la Corte ha sido desafortunada debido a que, al polarizar deliberadamente el tema, la justicia ha impedido que se llegue a una solución sensata y creativa. Por otra parte, hace que los judíos jaredís se alejen tanto del estado como de un ethos nacional. Y también separa a los judíos no ortodoxos y no observantes de aquellos que son jaredís a través de estigmatizarlos considerándolos “racistas”.
Y como producto final, destruye nuestra delicada trama social.
La comunidad jaredí no es el enemigo; es una parte integral e importante del pueblo judío.
Los jaredím son ciudadanos israelíes y tienen una importancia sustancial para nuestro futuro como estado y como sociedad. Tratarlos de manera imprudente, con koaj (fuerza) en lugar de moaj (inteligencia), lesiona nuestros intereses nacionales colectivos.
Al hacer valer su poder por encima de su entendimiento, la justicia ha lesionado la propia reputación de la Suprema Corte.
Ellos pueden ganar esta batalla y forzar a los padres a que salgan de ese sistema y opten por otro, pero perderán la batalla más importante: la que apunta a lograr una mayor cohesión social y al Sionismo.
Un gobierno que encarcela a su propia población a fin de sobrevivir, pierde su legitimidad.
|
|
|
