Algunos medios de prensa, al hablar del caso Amia, basados como es usual, en la información que surge de la causa judicial, dan por probadas hipótesis que sólo en la justicia argentina (servilleta de Corach de por medio) pueden ser aceptadas como tales.
No sólo los diarios. El juzgado utiliza el aval político de países interesados en echar sobre las espaldas de la República de Irán cualquier responsabilidad que sirva a los fines de incluirla en el eje del mal tenga o no real participación en el atentado.
Lo mismo ocurre con miembros notables de la comunidad judía merced a su conocida relación incondicional con el juez y el menemismo.
Al igual que gran parte la dirigencia política a nivel nacional, la falta de representatividad se vive también en nuestra comunidad que aún no ha concluido el proceso de renovación.
Materialidad y responsabilidad
Quiero contar al lector la manera vergonzosa en que la causa fue y está siendo llevada por el Juez Galeano.
En el caso del atentado explosivo a la Amia, nadie puede tener certeza absoluta sobre nada de lo que figura en el expediente judicial (hasta el número de víctimas fue incorrecto durante años), y mucho menos de las conclusiones que de él se deduzcan.
Para encontrar la responsabilidad en un caso penal, primero es necesario determinar la materialidad del hecho. Por ejemplo: en el caso de un homicidio, se establece que el difunto murió a causa del disparo de una pistola calibre 38, que dos testigos escucharon un disparo, vieron huir a una persona en auto de marca tal, etcétera. Esto es la materialidad.
Si se puede determinar la propiedad de ambos, pistola y coche, y pertenecen a un mismo dueño, este es el sospechoso y debe ser investigado. Pero antes de declararlo culpable debería ser ubicado en la escena del crimen, en el momento del homicidio.
Si en lugar de eso, se culpa a un delincuente que portaba un arma calibre 45 y circulaba en bicicleta, esto empieza a parecerse al caso Amia.
Culpables como sea
No debemos olvidar en nuestro afán de buscar la verdad lo que por tantos años fue motivo de lucha por parte de la sociedad: el imperio de la ley, los procedimientos que garantizan la verdadera justicia.
El caso Amia es un enorme compendio de irregularidades que desde su raíz impiden juzgar y menos aún condenar a nadie, sean o no los responsables del asunto.
Lo único que al día de hoy nos queda por hacer es buscar y juzgar a los que destruyeron pruebas, ocultaron información, plantaron pistas falsas, encubrieron. No sólo porque merecen estar presos sino porque además a nueve años del atentado es el único camino posible para llegar a la verdad.
Voy a dar una pequeña lista de ejemplos para que se entienda la idea.
Ninguna de las partes de la camioneta fue secuestrada en el lugar de los hechos de acuerdo a las normas procesales, (conocidas hasta por un simple adolescente que mira series policiales de televisión). Cualquier elemento probatorio se debe recoger con la presencia de dos testigos que firmen el acta de secuestro, debe ser tomado con los cuidados necesarios para no contaminarlo, la-crar el sobre para evitar que sea alterado y puesto a recaudo para garantizar que posteriormente llegue a pe-ritos idóneos e imparciales para que hagan su debido trabajo. Nada de esto se llevó a cabo.
En todos los casos según consta en el expediente dos testigos, (casi siempre los mismos dos), afirman haber visto entrar por la puerta del local donde se encontraban, cerca del edificio derrumbado, a algún miembro de la policía con el elemento en cuestión en su mano y diciendo que lo había en-contrado entre los escombros (es importante aclarar que el hecho que estos procedimientos no hayan sido objetados por las partes, no implica que sean válidos para el sentido común o en una revisión imparcial de la causa).
Mucho menos se pueden aceptar como confiables peritajes sobre esos objetos realizados cuatro, seis y hasta ocho años después de ocurrido el atentado, sobre elementos guardados en manos de quienes están o estuvieron procesados precisamente por ocultamiento de pruebas y otras irregularidades.
El mismo motor de la Traffic, según se vio en el juicio oral, fue encontrado tres veces. Dicho motor fue por primera vez peritado en busca de restos de explosivos cuatro años más tarde. Obviamente ese resultado aún si fuese cierto no tiene validez legal.
Si la forma en que fueron obtenidas las evidencias y realizadas las pruebas y peritajes fue perverso, ilegal o fuera del procedimiento, esto implicaría privar de las debidas garantías constitucionales a los impu-tados.
Incluso si los presumiésemos culpables ¿sería justo condenarlos bajo estas condiciones?
Poco vehículo para tanta certeza
Cuatro años después del atentado sólo se había encontrado el equivalente al siete por ciento de las partes de un vehículo, partes que no coinciden entre sí y de un modo que nadie puede garantizar a ciencia cierta si realmente fueron encontradas en el edificio derrumbado.
Misteriosamente, después que los restos y escombros amontonados en la Ciudad Universitaria fueron empujados al río por una topadora, aparecieron ahora gran parte de los pedazos faltantes del vehículo. Segura-mente dada la magnitud de la explosión cayeron al piso seis años después.
Tenemos testigos "apretados" para modificar su declaración en el propio juzgado, casos de delitos federales comprobados y no procesados por el juez, como el caso Haddad y su compra no justificada e ilegal de explosivos.
Tenemos incluso el contenido del video donde se ve al juez negociando con el principal imputado una declaración consensuada a cambio de dinero, en tanto cumpla con una serie de instrucciones que tuve oportunidad de leer, donde básicamente se le pedía a Telleldín que involucre a policías de la provincia de Buenos Aires y libere a la Policía Federal.
Todo esto ocurrió, a pesar de lo que ahora sostiene la doctora Nercellas (amiga personal del juez, querellante de la DAIA y abogada del doctor Beraja), bajo el total y absoluto conocimiento y aceptación de los abogados de la DAIA y del propio Beraja.
Fue también Beraja quien desesperadamente sa-lió a golpear las puertas de los medios para salvarle el pellejo al juez cuando se pasó el video famoso en el programa de Lanata.
La prensa (otro tema del que debiéramos discutir más), aceptó de buena fe en algunos casos, presionada en otros y sospechosamente comprometida en algunos, la versión de Galeano y la DAIA, con lo que la opinión pública, cada vez más importante en el desarrollo de las causas judiciales (muchos jueces solo actúan presionados por ella) estuvo engañada durante años y aún hoy lo está.
Miente y cobra
Muchos sostienen que Telleldín algo sabe, yo lo comparto: sabe mentir. Y cobró sobradamente por eso.
Pero no es el único que cobró. Algunos siguen co-brando y otros por no dejar de tener su sueldo prefieren aceptar la nueva versión oficial que sale del tribunal oral, una versión aggiornada y más presentable, pero igualmente fal-sa, ya que está basada en el fruto del árbol podrido.
¿Qué quiero decir con esto? Se procesó gente, se la acusó de entorpecer la causa, muchos empleados y miembros de las fuerzas de seguridad fueron objetados incluyendo la propia instrucción inicial ordenada por el juez al comisario Castañeda, quien fue procesado por ocultamiento de pruebas en esta misma causa y sin embargo los resultados de su labor siguen siendo tomados por ciertos. Se echó a la gente que actuó mal pero se dan por válidas sus actuaciones.
Muchos colegas tratan de encontrar entre los escombros de esta causa la verdad, de eso no tengo dudas ni de su buena fe, pero me temo que en el ansia de encontrarla olvidan lo más importante, que es hacerlo sin permitir que se omitan ni una sola vez los procedimientos legales, es decir la justicia. Y básicamente sin ocultar ni un sólo pedacito de verdad, no importa a quien incomode.
Si aceptamos hacerlo, si dejamos pasar las irregularidades para conseguir a los culpables, no somos mejores que los militares del 76.
Si existió o no un vehículo bomba, no lo sé, pero eso no es lo importante, lo importante es que murieron 85 personas y nosotros estamos aceptando este despropósito legal como cierto.
Los directivos de la DAIA de manera constante se encargaron de presionar a la prensa, cada vez que una voz crítica se alzaba contra el juez, sus procedimientos o ponían alguna duda sobre la teoría oficial. La mayoría de los encargados del caso en los distintos medios pueden atestiguarlo. Lamentablemente, fueron influenciados y creyeron en la buena fe de quienes hacían esos llamados telefónicos persuasivos, Beraja, Dobniewsky, etc.
Control o transparencia
Hoy mismo cuando el canciller Bielsa intenta llevar el caso a un tribunal imparcial fuera de nuestras fronteras, algunos dirigentes de la comunidad judía en lugar de estar contentos por la imparcialidad y transparencia que se ganaría están preocupados por el control que perderán.
Tal vez el error de Bielsa sea creer que la DAIA representa realmente a la comunidad judía. Esta DAIA es la misma del 76, la que calló la desaparición de miles de jóvenes judíos, la de Beraja que confundió su papel de banquero con la de dirigente comunitario y ava-ló ciegamente a Galeano a cambio de un trato preferencial para sus negocios, la misma DAIA del vergonzoso papel frente a las comprobadas declaraciones anti-semitas del general Bendini.
Además, independientemente de los gustos o intereses de estos dirigentes, lo que importa es hacer lo correcto con o sin su consentimiento ya que el atentado no es propiedad de la comunidad judía sino de todos los argentinos y sólo se debe hacer lo que corresponda para esclarecer el caso, estén de acuerdo o no los lobbistas profesionales comunitarios.
Tengo la amarga sensación de que todo el caso quedará en la confusión y sin castigo para los verdaderos culpables, ya que cuando más evidente se hace la manipulación y el ocultamiento, cuando más probada está la tarea de destrucción de evidencias y desvíos por parte de las fuerzas de seguridad y los delitos del juez, paradójicamente, más demostrada está para los medios de prensa la teoría oficial.•
© LA VOZ y la opinión
Gabriel Levinas es Miembro de la Comunidad judía de la Argentina. Periodista, fundador y director de la revista El Porteño 1981-1986. Realizó un informe sobre el caso AMIA en 1995 para el congreso de los Estados Unidos, Publicado por la Biblioteca del congreso Washington Sep. 1995. Trabajó para la DAIA en la investigación e informatización de la causa AMIA 1997-1998. Autor del libro La ley bajo los escombros, subtitulado Amia: lo que no se hizo (Editorial Sudamericana, 1998).
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