Dificil de Encauzar
Ni la Iglesia local ni el Gobierno logran sacar el "Caso Baseotto" de los medios y encauzarlo por la vía diplomática como pretenden desde el 19 de marzo pasado, cuando la Santa Sede advirtió que se podría violar la libertad religiosa en la Argentina.
Cada gesto desde entonces no hizo más que exacerbar los ánimos y poner en evidencia que interpretan de manera muy diferente los alcances del Concordato de 1957, que rige las relaciones entre el Vaticano y el Estado Nacional.
El viaje del presidente Néstor Kirchner a la ceremonia de inicio de pontificado de Benedicto XVI tampoco logró descomprimir la situación, dado que el propio jefe de Estado demostró sutilmente que perfil de Iglesia prefiere al concurrir a la parroquia que los sacerdotes palotinos tienen en Roma. Es decir, la del compromiso social y no la de la ortodoxia doctrinaria.
Menos aún se consiguió -como se pretendía desde Balcarce 50- "poner en caja" al discutido obispo castrense, monseñor Antonio Baseotto.
El prelado militar celebró la semana pasada, frente a la totalidad del clero castrense, la misa crismal que "por prudencia" -se dijo entonces en medios eclesiásticos- postergó el 21 de marzo, a escasos tres días de que el Presidente derogara el aval oficial otorgado en 2002 para su designación y le quitara las prerrogativas de secretario de Estado, incluidas las económicas
Pero no fue sólo eso. La celebración eucarística significó además que los capellanes se mantienen alineados y lo reconocen como "pastor", un status que el Gobierno rescindió -en términos de derecho internacional, pero no eclesiásticos- mediante ese decreto 220/2005.
Sin embargo, en los ambientes eclesiásticos la visión es otra. Siguen considerando a monseñor Baseotto como obispo castrense y aseguran que el primer mandatario "no tiene autoridad" para removerlo de ese cargo.
"La Santa Sede, que fue la que lo nombró, es la única que puede designar o relevarlo de esa responsabilidad o nombrar un nuevo obispo". Fue la sentencia repetida por varios referentes del Episcopado, entre ellos el cardenal Jorge Bergoglio (Buenos Aires).
Si bien la movida de monseñor Baseotto en la residencia que el arzobispado de Buenos Aires tiene en la localidad de Pilar demostró que el prelado tiene libertad para ejercer su ministerio -como pregonan desde la Casa Rosada-, algunos allegados a Kirchner interpretaron el hecho como "una provocación".
Otros funcionarios, en tanto, intentaron quitarle trascendencia al episodio. Tal el caso del secretario de Culto -y principal negociador de este conflicto junto con el nuncio apostólico, monseñor Adriano Bernardini-, Guillermo Oliveri, quien explicó a DyN que "el Gobierno conoce lo que sucedió en la casa de retiros 'La montonera', pero va a seguir esperando".
Esperar. Esa es la estrategia oficial. Esperar a que la Santa Sede nombre un nuevo obispo castrense. Aunque esperar no implica -aclararon las fuentes gubernamentales consultadas- analizar cuidadosamente los alcances del Concordato y los posibles riesgos que conllevaría desconocerlo o avanzar en la idea de disolver las capellanías militares.
¿Qué puede esperar el Gobierno sin poner en riesgo las relaciones bilaterales, mientras busca los términos más adecuados para contestar la "nota verbal" en la que el Vaticano expresa su "sorpresa y vivo pesar" por la decisión "unilateral" del Estado argentino, y manifiesta su disposición a una solución "concordada, aceptable a ambas partes"?
Las opciones son pocas. Que el flamante papa Benedicto XVI nombre a un nuevo obispo castrense, con una eventual lectura de "triunfo" diplomático del presidente Kirchner.
Que se designe un obispo coadjutor (suplente) -sobre cuyo nombre el Gobierno no tiene preferencias ni un candidato claro que permita destrabar la situación- para monseñor Baseotto, que lo suceda en el mediano plazo. No obstante, esta chance implicaría una ratificación, aunque más no sea temporaria, de su cargo.
O bien que se promueva a monseñor Baseotto -quien en los próximos días se reunirá con el Pontífice- a una diócesis territorial argentina. Hipótesis que obligaría al Gobierno a refrendar la decisión del Vaticano, pero sin opción a objetarla como el caso del obispo castrense.
Caminos visibles de una burocracia eclesiástica donde prima el concepto de promover para remover y no el de desplazar para escandalizar.
Fte Serv d e Prensa
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