El extraño caso de una funcionaria del gobierno porteño que habría dicho "Heil Hitler" a un empleado municipal a fines de 2008 será denunciado ante la Justicia Federal y contará con el patrocinio de la DAIA. Los abogados pedirán que se investigue si la ex directora de Seguridad Alimentaria, Mabel Elusance de Bianchini, incurrió en el delito de "injurias discriminatorias", previsto por el Código Penal y agravado por el artículo 2º de la Ley Antidiscriminatoria 23.592, que prevé una pena de tres meses a un año y medio de prisión. El patrocino judicial de la DAIA fue confirmado a este diario por Jorge Elbaum, director ejecutivo de la entidad, y su intervención ocurrirá pocos días después de la renuncia de Julio Goldestein, quien hasta el 10 de marzo fue director general de Higiene y Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control Comunal (AGCC). Este economista, designado en enero de 2008 por el entonces titular del área Federico Young, inició un sumario administrativo el 21 de noviembre de 2008 y su instrucción recién fue ordenada cuatro meses después por Pablo Bourlot, reemplazante de Young, quien fue primer titular de la AGCC y resultó denunciado por este diario cuando contrató a un militar que estuvo detenido por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Fue el caso del teniente coronel Enrique Jordana Testoni, ex director de la Fábrica Militar de Armas "Domingo Matheu", en la que funcionó un centro clandestino de detención bajo la órbita de Leopoldo Fortunato Galtieri. Según la resolución 128-AGC/09, Bourlot ordenó instruir el sumario que su antecesor no consumó y también pidió a la Procuración General de la Ciudad que analice la posibilidad de realizar una denuncia penal en el marco de los mismos artículos de la ley con los que la DAIA patrocinará la demanda en Comodoro Py. Consultado por este diario, Bourlot dijo que no puede hacer declaraciones "porque ahora hay un sumario en trámite". Con el mismo motivo, evitó pronunciarse el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. Según Goldestein, la demora de cuatro meses en la concreción del sumario provocó su partida. "Renuncié porque esta demora es inaceptable: hubo una serie de casos de supuesto encubrimiento y de inversión de la carga de la prueba que soporté durante meses, se los informé a mis superiores y, como no me escucharon, me fui, pero no me quiero ir del PRO", dijo. Débora Kott, directora del Departamento de Asuntos Jurídicos de la DAIA explicó que "si se comprueba el hecho y se demostrara que algún funcionario público tuvo la intención de ayudar a eludir la investigación u ocultar pruebas, los denunciaré por el delito de "encubrimiento agravado", previsto por el artículo 277 del Código Penal. El caso también fue analizado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
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