La Cámara Federal porteña removió uno de los últimos obstáculos en el camino al juicio oral por las irregularidades que posibilitaron que aún hoy el atentado contra la mutual judía AMIA, en 1994, continúe impune. Una sala especial del tribunal rechazó una serie de planteos de nulidad formulados por cuatro de los principales acusados en el expediente: el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja; el ex juez a cargo de la investigación, Juan José Galeano,, y los fiscales que intervinieron en aquellos primeros y tumultuosos años de la pesquisa, Eamon Mullen y José Barbaccia.
Ahora, el juicio oral está más cerca. Y con él, la posibilidad de saber por qué ocurrieron hechos insólitos e impensados que llevaron a un tribunal oral a declarar la nulidad de la investigación poco menos que desde sus albores.
Los jueces Carlos González, Jorge Rimondi y Gustavo Bruzzone (todos de la Cámara del Crimen porteña, que intervienen en la causa AMIA porque no puede hacerlo ningún camarista federal) consideraron que las nulidades que intentaron los imputados ya habían sido analizadas y rechazadas, y que –en todo caso– debían ventilarse nuevamente en el juicio oral. “Sus rediciones bajo el rótulo ‘nulidades absolutas, constituyen meras estrategias defensistas que no persiguen otro fin que el de dilatar la finalización del proceso”, dijeron los camaristas.
La causa, conocida en tribunales como “la investigación de la investigación”, se disparó en el año 2000, cuando un ex secretario de Galeano, Claudio Lifschitz denunció una serie de supuestas irregularidades de las que había tomado conocimiento. El pago ilegal de 400 mil dólares al reducidor de autos (y hoy abogado, estudió en la cárcel durante la década que estuvo preso sin condena firme) Carlos Telleldín aparece como ícono de lo que no debió hacerse y se hizo. Primero estuvo en manos del juez Claudio Bonadío y finalmente pasó al magistrado Ariel Lijo, quien procesó a Galeano, Mullen, Barbaccia y Beraja, pero también a Telleldín y al ex titular de la SIDE durante el menemismo, Hugo Anzorreguy.
Los relatos de Lifschitz abrieron otras causas en las que, entre otros, el propio Carlos Menem está a la espera de un juicio oral por presunto “encubrimiento” en relación con la voladura de la AMIA. “Queda claro que acelerar el trámite de los expedientes para que arriben a la etapa de juicio oral jamás puede constituir un agravio de relevancia que llegue a afectar derecho o garantía alguna, ya que en dicha etapa están resguardados debidamente y de manera más eficiente que en esta”, resumieron los camaristas.
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