Pocos lo advirtieron, pero debido a una hábil y pragmática decisión del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, la responsabilidad por el éxito o el fracaso de la investigación del ataque contra la AMIA quedó casi exclusivamente en manos del Gobierno. En concreto, del Ministerio de Justicia y de la Presidencia.
"Los jueces no somos detectives, ni agentes secretos", suele repetir el magistrado desde que recibió el expediente en diciembre, cuando la Cámara Federal apartó a Juan José Galeano, responsable del tema durante diez años, sujeto a una investigación penal y a un pedido de juicio político.
Por las complejidades del caso, y porque también lleva adelante causas pesadas como las presuntas coimas en el Senado, el Cartel de Juárez y las violaciones a los derechos humanos en el Primer Cuerpo del Ejército, Canicoba Corral decidió, en abril, que las propuestas de las líneas de investigación y la obtención de pruebas quedaran a cargo de la SIDE -que depende de la Presidencia-, de la Unidad Especial de Investigación de la AMIA, a cargo de Alejandro Rúa -dependiente de Justicia-, y de tres fuerzas que también dependen de esta cartera por medio de la Secretaría de Seguridad Interior: la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura.
Así lo dispuso el 23 de ese mes en un escrito en el que citó los decretos que establecen las competencias de esos organismos y la función coordinadora de la Secretaría de Justicia.
Luego, el 6 de mayo, Canicoba Corral se reunió con los representantes de esos organismos y con los querellantes Pablo Jacoby de Memoria Activa y Marta Nercellas de la DAIA y la AMIA, y les pidió que elaboraran y le elevaran hipótesis de trabajo. Su función básica, de ahí en más, sería supervisar y controlar la legalidad del proceso.
En el juzgado no descartan que en el ánimo de Canicoba Corral haya pesado la suerte corrida por Galeano: "El juez -dicen allí- no está dispuesto a ser un chivo expiatorio. Esta investigación tiene diez años y el pronóstico no es demasiado halagüeño".
Pashai y Australia
El 16 de junio último, Rúa elevó al juez una línea de investigación basada en el informe que la SIDE elaboró en enero del año pasado, la que gira en torno de la llamada pista siria y la posible vinculación de un ciudadano argentino de origen libanés. En el juzgado ven la posible influencia del ingeniero Jaime Stiuso, ex jefe de Contrainteligencia de la SIDE en la línea propuesta por Rúa, que también incluye la investigación de llamadas desde la Triple Frontera, una pista que Canicoba Corral había delegado en el fiscal Eamon Mullen, que acaba de dimitir y a quien reemplazará el fiscal Guillermo Marijuán.
Otra de las líneas es un pedido de compra de explosivos que, como reveló LA NACION, efectuó el ingeniero iraní John Pashai a Fabricaciones Militares poco antes del atentado del 18 de julio de 1994. Muy poco se avanzó en esta línea y, para colmo, Australia, donde reside Pashai, se resiste a informar sobre las cuentas bancarias del iraní si la Argentina no le brinda más datos.•
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