El atentado contra la sede de la AMIA en Buenos Aires ocurrido en 1994 es una herida lacerante sin cerrar que aqueja al conjunto de nuestra sociedad. Es imprescindible conocer la verdad. Mientras no se esclarezca totalmente lo sucedido y prosiga la impunidad, la amenaza de su reiteración estará pendiente y el paso del tiempo lo condenará a ser un ritual de un acto anual más un titular periodístico. Ese terrible atentado demostró muchas fragilidades: políticas, jurídicas, de seguridad interna y de fronteras, de complicidades, ocultamientos, eliminación de pruebas y otras “delicias” de esas características. Para los argentinos, el tema de verdad y justicia no nos resulta ajeno. La larga y tenebrosa noche de la dictadura cívico–militar de 1976–1983 hoy descorre su espantoso velo gracias a los diversos juicios que se desarrollan a lo largo y ancho del país, que van mostrando un siniestro entramado que convertía en sospechoso a cada uno de nosotros y a su vez pasibles a ser represaliados de la forma más brutal: secuestro, tortura, desaparición, muerte.
El Estado de Derecho nos ha permitido avanzar en muchos sentidos. Conocemos más a los responsables materiales, ideológicos y políticos del terrorismo de Estado, sabemos más de cómo actuaba esa funesta organización desde el Estado mismo. La Argentina, con sus juicios a los genocidas (militares, policías, civiles, jueces, empresarios y otros) muestra al mundo un modelo de cómo actuar ante casos similares.
Sin embargo, los argentinos no hemos hecho todo esto en soledad. El concepto de “justicia universal” –que trata de evitar la impunidad de los crímenes más atroces cometidos a la humanidad, tales como el genocidio- fue una herramienta poderosa que ayudó a descorrer ese pesado manto que no permitía que los asesinos fuesen juzgados. Juicios, condenas, toma de declaraciones, acusaciones realizadas en España, Francia, Suecia, Italia, Alemania fueron un auxilio fundamental para lograr que aquí se procediera según el derecho. En esta concepción puede inscribirse el acuerdo llegado por nuestra cancillería con Irán en relación a las presunciones que pesan sobre la actuación de ciudadanos iraníes en torno al atentado contra la AMIA. Si para algunos, esto significa la claudicación de la soberanía jurídica de Argentina, también puede considerarse como una proyección de la misma: serán jueces y fiscales argentinos quienes interrogarán a los acusados de participar en diversos niveles en el atentado bajo las regulaciones de la Justicia Argentina y la alerta roja para la captura de los imputados, conforme a lo explicitado por el mismo canciller Héctor Timerman. La sociedad argentina espera de este gobierno, que ya ha dado cuenta de un compromiso serio en materia de derechos humanos, una actitud enérgica y decidida, una resolución que no sea el sometimiento y la condescendencia, sino que ejerza sobre quienes sea necesario la presión intrínseca para conocer efectivamente la verdad y lograr justicia, y no quedar sólo en el intento.
Entendemos que las actuaciones realizadas son importantes, ya que dan la posibilidad de destrabar parte de los inconvenientes existentes en el desarrollo del juicio por el caso AMIA. Hasta el presente, el gobierno iraní se había cerrado totalmente a cualquier tipo de requisitoria, hoy se abre una pequeña brecha que puede significar una esperanza en conocer la verdad y para avanzar hacia la justicia. La llamada “pista iraní” es solo eso: una pista, tal como lo fue la “pista siria” –que alguna vez tuvo prensa y que luego desapareció de los titulares-. La existencia de pruebas aptas, suficientes, no las convierte en irrefutables de modo tal de condenar a los presuntos autores, y de paso golpear a Irán. En esa orientación, la reacción del gobierno del Estado de Israel ha sido extemporánea, al impugnar las decisiones de un Estado soberano (Argentina) sobre una cuestión interna.
Sin embargo, sigue existiendo la mayor deuda pendiente: la conexión local. No nos cansaremos en denunciar el denso tejido de conjuras, escamoteos y pérdida de pruebas, cohechos, incapacidad, corrupciones, silencios, connivencia entre policías - servicios de inteligencia – fuerzas de seguridad - jueces - fiscales - poder político y otras delicadezas que han impedido una cabal investigación que dé como resultado final el esclarecimiento del atentado. La cuestión pasa por averiguar aquí quienes fueron los responsables. En su momento, como parte del ICUF (Idisher Cultur Farband / Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina), federación a la cual pertenecemos como asociación integrante, saludamos la decisión del entonces presidente Kirchner de abrir los archivos secretos de la SIDE. También sostuvimos que con lo importante y significativo que era, aún resultaba insuficiente y que se precisaba constituir una comisión investigadora independiente, conformada por personalidades e instituciones de probada confianza, para llevar adelante la interpelación con todos los recursos de los que dispone el Estado para ahondar en todos los recovecos y pliegues sombríos que existen. Eso aún no se cumplió.
Ante lo acontecido, la Asociación Cultural Israelita de Córdoba (ACIC) considera que se ha dado un paso interesante en la búsqueda de la verdad y de la justicia, que lo hecho no es todo y que es ineludible seguir trabajando sobre los resortes locales, los cuales aún no han sido explorados en profundidad e intensidad, y en los que, seguramente, residen muchas de las incógnitas a resolver. Finalmente solicitamos a diputados y senadores de la Nación que aprueben el acuerdo alcanzado entre las cancillerías de ambos países incluyendo las aclaraciones realizadas por la cancillería, con el fin de dar efectividad a lo allí establecido.
Asociación Cultural Israelita de Córdoba
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