El miércoles 3 de diciembre, la Sala II de la Cámara Federal decidió apartar al juez Juan José Galeano de la causa que se instruye por el esclarecimiento del atentado a la AMIA. La decisión de la Cámara se basó en el temor cierto de parcialidad que podría tener Galeano, no sólo por las irregularidades cometidas, sino también porque es muy posible que el juez esté más preocupado por evitar sus acusaciones que por investigar la verdad de lo ocurrido. La recusación del magistrado es una nueva ratificación de las groseras irregularidades cometidas en el caso, denunciadas por Memoria Activa, junto al Centro de Estudios Legales y Socia-les (CELS) hace casi 5 años a la Comisión Intera-mericana de Derechos Hu-manos (CIDH).
Al igual que durante la dictadura militar, nuevamente son las víctimas y sus familiares los que de-ben reclamar un derecho de justicia que debería serle re-conocido sin necesidad de tantos jueves en plaza de Mayo o lunes en plaza Lavalle. Del mismo modo que ocurre con la mayoría de los casos de violencia policial, son las víctimas las que en vez de estar amparadas por la justicia, deben denunciar el cúmulo de irregularidades de la investigación.
La causa AMIA refleja la fragilidad de las instituciones democráticas en nuestro país.
Un grupo de agentes policiales está en el banquillo de los acusados; el juicio oral descubrió el uso de procedimientos formales para encubrir acciones delictivas, y la participación de los policías en redes de ilegalidad. Los servicios de inteligencia también están sospechados; se imputa a sus agentes de destruir pruebas, pagarle al principal imputado para que cambiara su declaración y ocultar actividades de seguimiento e infiltración de células te-rroristas previo al atentado. El propio juez de la causa pasó a ser investigado; fue recusado por los familiares de las víctimas por las irregularidades cometidas y por comprobada parcialidad en la instrucción, además debe defenderse de un juicio político. Por ello, lo que este caso pone al desnudo es la responsabilidad del Estado argentino y el descalabro de sus instituciones.
Habrá que ver hasta qué punto las irregularidades de la instrucción condicionan el resultado del proceso; el tribunal oral ahora deberá decidir en qué medida el comportamiento impropio del juez pudo viciar de nulidad las principales pruebas de la acusación.
Sin embargo, el apartamiento del juez Galeano es un paso importante para recuperar la esperanza de justicia. Se suma así a la decisión del Poder Ejecuti-vo de relevar del deber de confidencialidad a los a-gentes de la SIDE, y permitirles en consecuencia de-clarar ante el Tribunal Oral. En este marco, sólo una investigación seria de la responsabilidad del magistrado y los demás funcionarios judiciales involucrados, y de las diversas instancias del Poder Ejecutivo que intervinieron en el expediente, podrá reparar en parte la frustración de la expectativa de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad sobre lo sucedido y obtener Justicia.
Sin embargo, la frustración de la expectativa so-cial sobre el papel de la ma-gistratura en esta causa, demanda algo más del Es-tado: una reforma profunda de la administración de justicia en nuestro país, en general, y de la justicia pe-nal federal en particular.•
Área de Comunicación CELS
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