En el día de la fecha los periodistas Juan Gasparini y Norberto Bermúdez, autores del libro "La Prueba", sobre los presuntos sobornos para la sanción de la Ley de Reforma Laboral argentina, efectuarán ante la Comisión Internacional de DDHH de la ONU, con sede en Ginebra, una ampliación de la denuncia que efectuaran, en abril del corriente año, contra el actual integrante de la Cámara Nacional en lo Correccional y Criminal Federal de Buenos Aires, Gabriel Cavallo, a raíz de las presiones a las que sometió a ambos periodistas para que éstos se rectificaran de lo escrito en dicha obra.
Cavallo fue uno de los jueces que investigó los presuntos sobornos.
Las correspondientes ampliaciones de la denuncia contra el citado magistrado han sido elevadas a Param Cumaraswamy, Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados y, también, ante Ambeyi Ligabo, Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, ambos de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. En consecuencia, el Estado argentino deberá dar respuesta a la denuncia y su ampliación en la Sesión Anual de la Comisión de DDHH, que se celebrará en Ginebra en marzo de 2003.
La nueva presentación de Gasparini y Bermúdez está motivada por las maniobras que efectivamente ejecutó Cavallo contra ambos periodistas, a quienes exigió, además de la rectificación, la suma de 20 mil pesos de indemnización. Los autores de La Prueba se vieron obligados a concurrir a dos audiencias de mediación donde rechazaron con documentos a la vista uno a uno los supuestos agravios presentados por del juez.
"La Prueba" está considerado como uno de los trabajos de investigación más serios publicados en Argentina sobre el escándalo de los presuntos sobornos en el Senado argentino para sancionar la Ley de Reforma Laboral en el año 2000, lo que le valió a los autores y su obra, ser finalistas del Premio Rodolfo Walsh 2002 de Periodismo de Investigación, que otorga la Semana Negra de Gijón. El explosivo asunto desencadenó una crisis política sin precedentes, que comenzó por la renuncia indeclinable del entonces Vicepresidente Carlos Álvarez y concluyó dos meses después de la aparición de "La Prueba", en diciembre de 2001, al producirse el lamentable y trágico final de la administración de Presidente Fernando De la Rúa.
Pese a haberlo anunciado públicamente a través de sus abogados, el ex juez y actual camarista federal Gabriel Cavallo tampoco ha demandado hasta a la fecha a los periodistas, pese a haberlos sometido a una mediación extrajudicial. En la última reunión celebrada el 5 de julio de 2002, los periodistas anunciaron al Magistrado que no rectificaban ni se desdecían de ningún extremo de lo publicado en su investigación y le anunciaron que tampoco lo harían en los Tribunales si eventualmente eran demandados, lo cual no ha ocurrido.
Sin embargo quien sí corre serio riesgo de tener dar explicaciones y asumir sus responsabilidades ante la Justicia es el propio juez Cavallo. Los periodistas Gasparini y Bermúdez entregarán a los citados Relatores Especiales documentos que prueban el reprobable proceder del magistrado, no solamente en la causa del Senado. El pasado 16 de setiembre, el Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Buenos Aires, Jorge Aguilar, ha solicitado investigar el accionar jurisdiccional del magistrado Cavallo "en orden a la comisión de los delitos de prevaricato, abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad, por ahora", en una causa que involucró a la viuda del narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria. La mujer fue procesada y enviada a prisión por el juez Cavallo por los presuntos delitos de tenencia y uso de documentos de identidad falsos y supuesto blanqueo de dinero del narcotráfico. Se probó que la viuda de Escobar ostenta una nueva identidad, otorgada oficialmente por la República de Colombia y que los fondos invertidos por dicha mujer en Argentina no provenían del tráfico de drogas. No obstante, y contra la opinión de cuatro fiscales federales que llegaron a intervenir en el caso, el juez Cavallo elevó las actuaciones a juicio oral. Ahora, el fiscal Aguilar ha pedido que se remitan los antecedentes al Consejo de la Magistratura para que investigue el proceder del citado magistrado, eventualmente lo destituya y luego sea sometido a juicio por los delitos que le imputa el Ministerio Fiscal.o
Ginebra y Buenos Aires.
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