En esta edición especial, recordando el atentado a la sede de la AMIA,
LA VOZ y la opinión decidió publicar esta esclarecedora nota realizada
por Memoria Activa.
Sabrán seguramente nuestros lectores, valorar su contenido y sacar
las conclusiones al respecto. Vaya así también nuestro homenaje a las
víctimas, familiares y amigos que padecieron y padecen las secuelas
que quedaron de aquel nefasto 18 de julio de 1994, las muertes, las
heridas y la desgracia de la injusticia y la impunidad.
El 18 de julio de 1994 a las 9:53 de la mañana estalló la bomba que puso fin a la vida de nuestros familiares y amigos.
Al final de ese mismo día ya se sabía lo poco que sabemos hasta el día de hoy: que una camioneta Traffic clara con cientos de kilos de amonal en su interior había impactado contra la sede de la AMIA, provocando la explosión y el colapso del edificio.
Cuarenta y cinco días antes, los servicios de inteligencia habían recibido el aviso de que podría haber un nuevo atentado en la Argentina relacionado con la guerra en Medio Oriente.
Desde ese momento, los servicios locales tenían intervenidos los teléfonos de la diplomacia iraní en Buenos Aires, incluido el de su líder religioso Mosshe Rabbani, a quien le revisaban hasta el tacho de la basura. Sin embargo, poco después, Rabbani salió de la Argentina sin ningún inconveniente. El mismo 18 de julio después del atentado, varios agentes de inteligencia se presentaron en un estacionamiento cercano. Allí, unos días antes, había sido vista una camioneta similar a la Traffic, que nunca más apareció. Los agentes consiguieron identificar el número de la patente y la identidad de quien aparecía manejándola: un policía federal que trabajaba en la custodia de una agencia de compra-venta de autos propiedad de Alejandro Monjo, personaje estrechamente vinculado a los altos mandos de la Policía Federal. La Traffic habría estado en esa agencia.
Al caer la tarde, el funcionario del gobierno a cargo de la seguridad anunciaba la creación de una "comisión de emergencia" para asistir a las víctimas del atentado. Y el presidente
Menem -que no había perdido la oportunidad de reclamar la aplicación de la pena de muerte-, le hacía llegar sus condolencias por lo sucedido en Buenos Aires, en el barrio de Once, al Primer Ministro israelí, como si la masacre de la AMIA hubiese ocurrido en aquel país. Dos años antes, el 17 de marzo de 1992, había volado por los aires la Embajada de Israel. Nada se había investigado. Teniendo en cuenta los reclamos que vendrían, el gobierno menemista se preparaba para acordar una versión oficial de lo
sucedido para presentarla como una explicación razonable a una sociedad ávida de respuestas.
Y a esa altura del primer día, en el expediente judicial a cargo del ex Juez Juan José Galeano y de los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, comenzaba a escribirse una historia que ya nunca se correspondería con la realidad.
1994. El atentado
Con una policía que no investigaba a sus amigos y unos servicios de inteligencia que se olvidaban del Juez Galeano cada vez que podían, apenas seis meses después del atentado a la AMIA, la investigación judicial estaba totalmente extraviada. El gobierno lo sabía, preocupado por las demandas de justicia, demandas no sólo de la sociedad argentina sino también de la comunidad internacional.
La Corte Suprema que desde hacía dos años dormía la investigación del atentado contra la Embajada de Israel, se había negado a hacerse cargo de esta nueva pesquisa. El Juez Galeano se la había querido sacar de encima tan tempranamente que lo único que entonces pudo mostrar era la detención de Telleldín, un vendedor de autos truchos que había "mellizado" la camioneta que explotó en la AMIA. Telleldín, el "Enano", no paraba de decir mentiras desde que negociara su entrega con la SIDE.
Ya lo había apretado de lo lindo la Policía Federal, no se sabe si para que hablara o para que no lo hiciera. A esta altura es posible que Menem ya le hubiera encomendado
a alguien de su entorno, a alguien "de confianza" que se ocupara del "asunto", ya que necesitaba dar una respuesta a tanta demanda.
Así las cosas, con el detenido mentiroso de rehén como única estrategia, la decisión fue complicarle a éste la vida al tiempo que se iniciaba el peregrinaje de emisarios amistosos que uno tras otro le ofrecían de todo a cambio de lo que dijera. Así peregrinaron desde los servicios argentinos con el represor Vergés a la cabeza (que había sido compañero de torturas del padre de Telleldín de los ´70), hasta la inteligencia israelí con la intervención de un ya famoso "fiscal trucho" que terminó proponiendo aplicar al detenido "la máquina de la verdad", no sabemos con qué resultados. Todo amparado por el Juez Galeano y los fiscales, que lo único que deseaban a esa altura era que el "Enano" les entregara el próximo eslabón de la cadena, cualesquiera fueran ese eslabón y esa cadena.
Desde antes de que lo detuvieran se sabía que Telleldín andaba en negocios truchos con la bonaerense, gajes de su oficio, y que cada tanto las brigadas policiales le sacaban algún auto o algún dinero a cambio de dejarlo trabajar. Ninguna visita de aquellos peregrinos a la cárcel de Devoto resultó ser tan productiva como aquellas en las que la SIDE llevó a la camarista Riva Aramayo a hablar con el "Enano" hasta conseguir lo que necesitaba para llevarle al juez: un croquis que atribuyó a Telleldín, en el que éste graficaba cómo los policías que una y otra vez algo le sacaban, le habían sacado también la camioneta que explotó en la AMIA.
El croquis hecho con esos trazos tan judiciales de Mont Blanc era evidentemente trucho para cualquiera que quisiera verlo, pero fue convincente para el Juez Galeano, como convincente fue la insistencia de Riva Aramayo para que lo agregara aún así de trucho al trámite y rumbeara la investigación hacia ese lado a cualquier precio. El Juez escucharía luego que la camarista le llevó a Telleldín la palabra de Corach de que "ya nada malo podría pasarle" si avanzaba en contra de esas brigadas de una maldita policía que aparecía a esa altura de su historia capaz de cualquier masacre que sucediera en la Argentina.
1995. El armado
En esa causa armada contra las brigadas policiales, todo parecía encaminado. El Juez Galeano y los fiscales se mostraban plenamente respaldados por el poder político y la dirigencia comunitaria. Podían cometer cualquier irregularidad que fuera necesaria para reforzar la solución que se decidiera darle al caso a través del señalamiento de una conexión local falsa. Esto permitió correr el foco de otras cuestiones seguramente más comprometidas.
Se acusaría a "la mejor policía del mundo" de Duhalde, quien por entonces disputaba su poder mafioso con Menem. Con semejante barullo se abandonaría para siempre la tarea de investigar en serio el atentado.
Por medio de testimonios truchos, cierto lumpenaje vinculado a Telleldín terminó metiendo en el baile a los policías a cambio de no verse involucrado de por vida con el atentado. El apriete al "Enano" seguía. Cada vez le complicaban más la situación en la causa y la vida en la cárcel. Le propusieron entonces lo único que quedaba por hacer: directamente comprarle la declaración para que dijera en el expediente lo que se necesitaba para completar la acusación contra los policías y cerrar el caso. A ese fin se encaminaron
todas las gestiones del poder político a través de la SIDE, del Juez Galeano, de los fiscales y de Beraja, agrupados ya en una Gran Cofradía, que llevó y trajo al "Enano" de la cárcel al juzgado y del juzgado a la cárcel, una y otra vez, tantas como fue necesario hasta que finalmente él y su abogado aceptaron cooperar.
El Juez Galeano filmó esos encuentros e intentó mantener los videos ocultos para siempre, como un recibo burocrático de una intervención que sabía ilegítima. Esos videos muestran al Juez acordando con Telleldín el aporte de otros testigos truchos y su propia declaración en los términos solicitados. Esto a cambio no sólo de buena plata, sino además de desvincularlo a él y a su esposa de la investigación. Muestran también que aquella "publicación del libro de Telleldín" era a esa altura sólo una cobertura gestionada entre juez e imputado.
Todo se venía armando desde las visitas de Riva Aramayo del año anterior. La declaración de Telleldín se necesitaba para darle alguna coherencia a la historia construída en común. Queda demostrado que el Juez Galeano sabía que lo que Telleldín iba a decir era
mentira, todo tan trucho como aquella intervención de Riva Aramayo y aquel croquis dibujado con los trazos judiciales de la Mont Blanc con el que le metieron la historieta en su causa.
En el diálogo filmado, el Juez Galeano le pasa a Telleldín un listadito de lo que tenía que decir, y el "Enano" le advierte: "-lo que a ustedes les interesa no lo puedo contestar con la verdad". En otra parte admite no haber visto en su vida a Ribelli, a quien luego
señalaría como el cabecilla de las brigadas involucradas.
Con todo, a Telleldín se le pagó con plata de la SIDE en los primeros días del mes de julio, corriendo contra el reloj del segundo aniversario del atentado a la AMIA. Y él también cumplió con su parte: acusó falsamente a las brigadas policiales, cuyos integrantes fueron
finalmente detenidos unos días después y ofrendados por el gobierno menemista a la pira del acto anual de la calle Pasteur.
1996. El pago
Tres años después de la detención de las brigadas bonaerenses, para la Gran Cofradía fue tiempo de cerrar la investigación y mandar a todos los detenidos a un juicio para el que tenían hasta asegurado un tribunal que no revisaría la acusación atada con alambres que habían preparado. Por otra parte, hacía ya dos años que la sociedad había visto por
televisión al Juez Galeano negociar ilegalmente con el principal sospechoso una declaración paga para que acusara a los policías. Y nada había pasado. La maldita policía estaba tan quemada que nadie levantaría la mano por alguna de sus brigadas, y ni los propios acusados podrían defenderse, salvo que para eso confesaran otro tipo de delitos por los que igualmente quedarían un buen tiempo en prisión.
Así las cosas, y como cada año, lo que esta vez se ofreció a la sociedad para aplacar los reclamos del acto en la calle Pasteur fue el pedido de elevación a juicio presentado por los
fiscales Mullen, Barbaccia y Nisman, acusando y pidiendo la prisión de por vida de Telleldín y las brigadas bonaerenses, sosteniendo como válidas todas y cada una de las irregularidades y delitos cometidos para el armado de la historia falsa. Toda la mentira estaba allí. Lista para ser confirmada. Y era un secreto a voces en Comodoro Py el destino que la Gran Cofradía tenía reservado para la acusación.
Fue en ese momento cuando los abogados de Memoria Activa exigieron un sorteo diferente al usual para definir el tribunal que debía encargarse del juicio. A fines de ese año la suerte del país parecía cambiar con la caída del menemismo, así como también la suerte de la causa armada que cambiaría con el tribunal que finalmente se hizo cargo del asunto.
1999. La acusación
La detención de los policías parecía estar prendida con alfileres. Los esfuerzos de la Gran Cofradía se concentraban en seguir sumándoles pruebas truchas. Debían defender también el acta donde se fraguara el hallazgo del motor de la Traffic entre las ruinas de la AMIA. Esto último había permitido en la historia oficial, dar con Telleldín, y a través
de él, con los bonaerenses. Para que no se les cayera todo por nulo ahí nomás, otra nueva
operación conmovió a todos: la SIDE lanzó al ruedo una copia del video del año anterior en la que se veía al Juez Galeano negociando con Telleldín su falsa declaración. Esa cinta apareció en manos del siempre tan bien vinculado Cúneo Libarona, abogado de Ribelli, y éste se la llevó al Juez Galeano pensando que con ello terminarían sus problemas.
Por esos días, a pesar de las presiones de la Gran Cofradía, partes del video se mostraron por televisión. Y por aquello de que "lo que no mata, fortalece", cuando hubiera correspondido ahí mismo la justa destitución que al Juez Galeano le llegaría recién ocho años más tarde, la plena institucionalidad menemista reaccionó con los tres poderes del Estado, apoyados por la más alta dirigencia comunitaria. Taparon el asunto de un
modo vergonzoso y sostuvieron al Juez en sus delitos.
Por su lado, Galeano consiguió el apañamiento que fue a buscar de la Comisión Legislativa que seguía el curso de su actuación. Denunció que el video en verdad le había sido robado de su juzgado.
Se presentó como víctima de extorsión en una causa que el Juez Oyarbide tramitó de modo irregular. A su vez, la causa en la que debían investigarse los delitos que se mostraban en el video, cayó en manos del juez Cavallo. Todos los testigos (Beraja, Stinfale, Telleldín,
etc.) declararon que no existió el pago a Telleldín. En el juicio oral se probó que efectivamente este pago se había realizado con intervención del Juez Galeano y de la SIDE. La causa fue sobreseída.
La actuación de esos jueces les valió la denuncia del Tribunal Oral por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura. La del Juez Cavallo fue cerrada y desestimada con dictamen del consejero Beinusz Schmukler. La del Juez Oyarbide sigue abierta. En tanto, tras el escándalo del "Yo acuso" de los familiares de las víctimas y el bochornoso papel de la dirigencia comunitaria judía y de los funcionarios menemistas en el acto de conmemoración
de ese año, la Gran Cofradía, necesitada de desviar la atención pública de las irregularidades que habían quedado a la vista, promovió la edición de un libro oprobioso que AMIA y DAIA titularon "La Denuncia". En éste, con la intervención de cuatro abogados tan prestigiosos como mal informados de lo realmente acontecido, se desviaba tendenciosamente el señalamiento de las irregularidades hacia otras menos comprometedoras para la suerte de la falsa historia oficial.
Finalmente, como si nada hubiera pasado, para apuntalar lo actuado hasta ese momento por el Juez Galeano y sus compinches, el jefe menemista de los fiscales ordenó que a Mullen
y Barbaccia se les sumara otro fiscal, Nisman, para que ayudara a avanzar contra los policías y así cerrar la causa de una buena vez.
1997. El aguante
1998. Los agradecidos
MEMORIA ACTIVA - Julio de 2006 CRÓNICA DE UN ENCUBRIMIENTO Página 2
Otro de los grandes anuncios que el gobierno ofreció a la sociedad en respaldo de la actuación delictiva del Juez Galeano fue la creación del "Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista" de la Policía Federal (DUIA). Corach lo había ideado
para que actuara como el brazo armado de la Gran Cofradía. Pusieron a cargo a un alto mando de la fuerza: el comisario Palacios, quien había estado vinculado con la investigación del atentado desde el primer día. Era la época en que de la Federal desaparecían las pruebas que permitían mostrar los lazos que vinculaban al organismo con los investigados.
Entre esas pruebas estaban los famosos cassettes con las conversaciones en las que se negociara la entrega de Telleldín y cuyo hallazgo años después le harían anunciar falsamente al presidente Kirchner.
Y en esos años que siguieron a la detención de las brigadas bonaerenses, este DUIA federal a cargo del comisario Palacios fue una verdadera patota amparada por la Gran Cofradía. Se encargaban de ir a buscar violentamente a los testigos que pudieran interesar, y tras detenerlos y apretarlos lo que fuera necesario, se los dejaban mansitos al Juez Galeano en los Tribunales de Comodoro Py para que pudiera obtener más pruebas truchas contra los policías y así seguir sumando cargos a la construcción de la falsa hipótesis.
El DUIA fue el encargado de conseguirle al Juez Galeano y a los fiscales cuanto se necesitara para demostrar la acusación ocultando todo cuanto la contradijera. Años después, esa misma DUIA recibiría el reconocimiento merecido cuando la DAIA en un acto público oficial le hiciera entrega de una placa de bronce. Fue casi como decir: "a la Policía Federal encubridora, por los servicios de encubrimiento cumplidos". Esa placa seguramente agradecía muchas cosas a la fuerza policial de Corach, por ejemplo: que el comisario Palacios silenciara que uno de los iraníes a los que la Gran Cofradía acusaba
de haber participado en el atentado hubiera estado viviendo, hasta abandonar la Argentina, en un departamento propiedad del señor Hercman, presidente de la DAIA y sucesor de Beraja. El embajador iraní, Solemainpour, nada menos, era quien firmaba la garantía.
Otro agradecimiento habrá sido, posiblemente, por haber provisto a los abogados de la DAIA, Marta Nercellas y Roberto Zaidemberg, de los micrófonos que usaran para cablearse en búsqueda de más pruebas truchas. Recientemente, por este último hecho, a ambos les fueron suspendidas sus matrículas profesionales.
Aún así y ya antes de esa placa de bronce insostenible, fue el propio embajador de Israel en Argentina, Yitzhak Avirán, quien había agradecido a Corach por haber ayudado en este caso a la comunidad judía: "-ha ayudado en muchas cosas, inclusive en algunas que ni siquiera puedo mencionar", dijo. Y la dirigencia comunitaria todavía nos debe una explicación a los familiares y amigos de los muertos, por todas estas gracias a los encubridores. Ninguno de estos personajes es un héroe. No son héroes los que se cablearon. Los dirigentes que a través de estos doce años apañaron la impunidad con sus inconductas éticas son mentirosos y traidores. Deben reconocer su responsabilidad
más allá de las sanciones penales que le corresponderían.
En este año el gobierno de la Alianza antimenemista todavía ilusionaba con la posibilidad de concretar mejoras institucionales, por lo que afloraban las denuncias por la gran corrupción de la década anterior. La causa AMIA no sería una excepción: en su trámite se concentraban como en una gema todos y cada uno de los aspectos más oscuros de
esa época.
La comisión legislativa que acompañó por años la actuación del juez y los fiscales, abrió la puerta a los nuevos aires, y con ellos también a un denunciante: Claudio Lifschitz, que había intervenido como asistente del Juez Galeano en gran parte de las irregularidades
del trámite y estaba ahora dispuesto a denunciarlas. Una vez más, para suerte de la Gran Cofradía, las denuncias recayeron primero en el juzgado del juez Cavallo y después
en el del juez Claudio Bonadío, quien en 1994 era un estrecho colaborador de Corach. Y como era de esperar, la investigación contra la Gran Cofradía no avanzó nada en cinco años, hasta que Bonadío fue final y tardíamente apartado por su relación con Corach y por ser parte él mismo de los que debían ser investigados.
Tras el apartamiento del juez Bonadío la causa está ahora a cargo del juez Ariel Lijo. Por otra parte, las denuncias por mal desempeño del primero, duermen el sueño de los injustos en el Consejo de la Magistratura donde desde hace años las custodia el senador ex menemista, hoy kirchnerista Pichetto, jefe de la bancada oficialista K.
2000. Las denuncias Fue este el año del inicio del juicio oral y público contra la
pretendida "conexión local" ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº3 integrado por los jueces Larrambebere, Gordo y Pons, el que contó además durante sus tres años de desarrollo con la observación de un representante de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Esto pudo concretarse a raíz de la denuncia presentada por Memoria Activa contra el Estado argentino por la falta de prevención del atentado y las graves irregularidades
cometidas en lo que hubiera debido ser su investigación.
El atentado del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas había dado lugar a uno de los últimos grandes papelones de la Gran Cofradía, que intentó vincular la actuación de Osama Bin Laden con lo sucedido en la AMIA. A dos años del alejamiento del gobierno menemista, esa sociedad ilícita mantenía aún el poder. Por un lado, por la fuerza con que se había conseguido transmitir a la opinión pública la acusación armada contra la maldita policía, y por otro, porque la dirigencia comunitaria seguía siendo un grupo de presión importante frente a un gobierno cada vez más débil.
El ejemplo más crudo de ese poder fue por entonces el despido de Nilda Garré del cargo que ocupaba en la Unidad Especial de Investigación creada para tratar de dar alguna coherencia a la extraviada investigación.
Garré había asumido ciertas posiciones de Memoria Activa en el señalamiento de la posible participación en el atentado de allegados al ex presidente Menem. Insistía en que se investigaran las relaciones de finanzas sucias entre el gobierno menemista y el iraní,
al que se le atribuía el atentado- a propósito de cuanto había declarado un año antes quien se hiciera famoso bajo el mote de "Testigo C"-.
Bastó sólo eso para que el gobierno tambaleante de De la Rúa aprovechara para sacar a Nilda Garré del tema para siempre, tras una operación de pinzas en la que la DAIA la denostara públicamente y los fiscales Nisman, Mullen y Barbaccia la acusaran falsamente de haber violado un secreto inexistente.
Para el comienzo del juicio, la Gran Cofradía mostraba su fortaleza a través de esos gestos. Todavía faltaba un tiempo para que empezara a derrumbarse, como la AMIA se derrumbara, el edificio de mentiras construído para cerrar el caso.
El juicio avanzaba.
2001. El juicio
El tribunal revisó cada una de las pruebas que se elevaron a juicio con una consigna clara, la búsqueda de la verdad y la desconfianza en la actuación del Juez Galeano y los fiscales:
"si este juez dice que hay sol, mejor salimos con paraguas". Los conocían muy bien a todos como integrantes del grupo de jueces y fiscales menemistas a quienes veían estacionar sus camionetas 4x4, desde las ventanas de los despachos de Comodoro Py.
Y se tomaron el tiempo necesario para que todo se revisara en la sala de audiencias. Para que todo se realizara delante de todos. Para que todos pudieran además revisar
todo. Para que ninguno pudiera quejarse después. Hasta que la Gran Cofradía vio que el edificio de mentiras se derrumbaba delante de sus narices. Pero ya era tarde.
Se habían producido pruebas que señalaban el armado de la Gran Cofradía. "Acá hay una causa por debajo de lo que está escrito y nadie quiere que nos enteremos", parecía ser la afirmación que llevó al tribunal a reclamarle al Poder Ejecutivo que levantara el secreto de Estado para que los agentes de inteligencia que intervinieron en las maniobras de la investigación pudieran ir a declarar sin restricciones todo lo que sabían.
No sólo se opuso a esto la SIDE del menemista Toma, claro. También se opuso la DAIA alegando una posible afectación a la seguridad nacional (¿?). La dirigencia comunitaria debe todavía una explicación también sobre este gesto vergonzoso.
Recién un año después, durante el gobierno de Kirchner, la presión del Tribunal llevaría a descorrer el velo del secreto impune y dejaría que los propios protagonistas contaran cómo vino la mano. Había cambiado para siempre el destino del caso. Mientras tanto, el Juez Galeano seguía a cargo de investigar el atentado.
2002. La cruda verdad
Julio de 2006 - MEMORIA ACTIVA CRÓNICA DE UN ENCUBRIMIENTO Página 3
2003. La otra historia
Cuando se levantó el telón del secreto de Estado, comenzó el desfile de los agentes de inteligencia. Se presentaron en el juicio mostrando que cada uno sabía muy bien lo que tenía que decir. Y así junto con la verdad, se nos contó también la nueva historia.
LA HISTORIA DE LAS DOS SIDES
Había dos SIDES. Una que quería investigar y no la dejaron y la famosa "Sala Patria" que, según cuentan, siguió a rajatabla las indicaciones del Juez Galeano, una SIDE obediente. Esta le pagó a Telleldín porque lo ordenó Galeano. Anzorreguy era el jefe de las dos SIDES. Pero él ya nos contó que se enteraba de lo que sucedía por los diarios y además ya no recuerda mucho, según su testimonio ante el T.O.F N º3...Era mucho esfuerzo hacer favores a tanta gente... Además, él también fue muy obediente y... ¿simplemente hizo lo que le pidió Galeano?. Fin de la historia.
Fue la mejor operación de inteligencia que se les haya conocido hasta ahora. La SIDE fue al juicio a confesar su participación en el encubrimiento de atentado. Y salió con la misión de ser el único organismo que a partir de ese momento se iba a encargar de esclarecerlo. Y así, como ya antes sucediera, los organismos encubridores quedaron a cargo de la pesquisa. Una vez más. En diciembre de 2003 la Cámara Federal apartó finalmente al
Juez Galeano de la investigación del atentado contra la sede de la AMIA. Por un tiempo, la causa quedó a cargo del juez federal Canicoba Corral, hasta que se hizo cargo de la investigación una nueva Unidad Fiscal creada especialmente para el caso, en reemplazo de los fiscales Mullen y Barbaccia. Dicha unidad quedó a cargo del fiscal Nisman.
2004. La sentencia
El 2 de septiembre del 2004, el Tribunal Oral Federal Nº3 leyó por fin su veredicto con el que anuló la causa iniciada contra las brigadas policiales y absolvió a todos los acusados por el atentado.
Se comprobó que el 18 de julio de 1994 a las 9:53 de la mañana, una camioneta Traffic clara con cientos de kilos de amonal en su interior chocó contra las puertas de la sede de la AMIA provocando la explosión y el colapso del edificio, como efectivamente se sabía desde el mismo día.
Se probó además que Telleldín había entregado la camioneta "a una persona cuya identidad no se pudo establecer, sin que existiera evidencia alguna de que supiera el destino que habría de dársele". Ningún elemento permitió indicar que la camioneta hubiera pasado por las manos de los policías acusados "en ninguna oportunidad".
Quedó demostrado además el momento preciso en el que el Juez Galeano se apartara de la búsqueda de la verdad incorporando la falsa historia aportada a través de la camarista Riva Aramayo. Y se acreditó la consecuente actividad irregular del Estado destinada a presentar sus propios responsables del atentado "más allá de lo realmente acontecido" , con destino a aparecer atendiendo las lógicas demandas de justicia de la sociedad mientras, a la vez,
satisfacía "los oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos." El tribunal ordenó también la investigación de las irregularidades cometidas por el Juez Galeano y los funcionarios de sus juzgados, los fiscales Mullen y Barbaccia, el ministro del Interior
Corach y algunos policías federales, el secretario de inteligencia Anzorreguy y sus agentes, los jueces federales Cavallo y Oyarbide, el presidente de la DAIA Beraja y sus abogados Zaidemberg y Nercellas y diversos integrantes de la comisión legislativa bicameral. Y poco después el poder ejecutivo agregaría sus denuncias acerca de la intervención del propio ex presidente Menem.
La tarea del Tribunal Oral había concluido y por fin se había corrido el velo con el que la Gran Cofradía intentara por años mantener ocultas sus maniobras. Ese fallo sería luego confirmado por la Cámara de Casación que rechazaría de plano las quejas de la Gran Cofradía. Aún así y pese a la contundencia de las acusaciones, las únicas actuaciones que al respecto han avanzado realmente son aquellas que han tenido como destino el cierre de
la investigación de las denuncias del Tribunal Oral.
2005. El reconocimiento
2006. Doce años
Después de las conclusiones del juicio y las acusaciones que desde el Poder Ejecutivo se hicieran al gobierno menemista por el rol delictivo que se advirtiera en la investigación
del atentado, el 4 de marzo de 2005, el Estado Argentino reconoció finalmente su responsabilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Esto sucedió en el marco del trámite iniciado por las denuncias de Memoria Activa en el año
1999. Ya se había pronunciado al respecto el observador Grossman, designado oportunamente por el organismo internacional para presenciar el juicio, recomendando a la Comisión Interamericana la admisión de la demanda de Memoria Activa. Allí, la representación argentina pidió perdón a los familiares y amigos de las víctimas del atentado porque el Estado no había cumplido debidamente con la función de prevención del atentado
y porque había omitido grave y deliberadamente la función de investigación de la masacre. Sobre la primera cuestión el Estado admitió "no haber adoptado las medidas idóneas
y eficaces para intentar evitar el atentado, teniendo en cuenta que dos años antes se había producido un hecho terrorista contra la Embajada de Israel en Argentina". Sobre la omisión de una investigación adecuada que "produjo una clara denegatoria de justicia", el Estado admitió que fue deliberada "porque existió encubrimiento de los hechos".
Atento a ello el Estado propuso a Memoria Activa el inicio de un proceso de solución amistosa del caso ante la CIDH de modo de evitar el juicio contencioso y la evidente sentencia condenatoria ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ese propósito
se comprometió a avanzar en diversas cuestiones a modo de reparación integral del daño ocasionado.
Entre aquellos compromisos se encontraban algunos de naturaleza eminentemente informativa, que se vinculaban con la amplia difusión de ese reconocimiento estatal de responsabilidad por el caso, y del informe crítico del veedor Grossman.
Otras acciones comprometidas ponían en juego la efectiva voluntad estatal en concretar medidas directas de apoyo a las investigaciones pendientes, ya sea la del atentado que quedara a cargo de la Unidad Fiscal de Nisman, o la del encubrimiento ya reconocido
que todavía seguía a cargo del cuestionado juez Bonadío.
Otra medida directa tendría que ver con modificar el estado de cosas que permitiera que sucediera lo que sucedió: reformas institucionales, mediante la creación de una unidad de prevención de catástrofes, o la modificación del sistema nacional de inteligencia, con destino a facilitar el acceso a la información por parte de los jueces, la transparencia en el manejo de fondos reservados -como los utilizados para el financiamiento de las maniobras de encubrimiento desplegadas por el estado en este caso-.
El Estado propuso además promover la sanción de una ley reparatoria para todas las víctimas del atentado. Pero Memoria Activa solicitó que ese tema se tratara en una mesa de diálogo más amplia que incluyera a todos los afectados.
Con excepción de las medidas de difusión pública que llevara adelante, la rendición de cuentas que un año después el Estado se vio obligado a hacer ante la CIDH, dejó en
evidencia que no se había cumplido con ninguna de las cuestiones comprometidas, y que por debajo de la voluntad enunciada por el Presidente de la Nación, se advertía
el accionar de las segundas líneas de gobierno que entorpecían el proceso de solución.
Como consecuencia de ello, Memoria Activa solicitó ya una nueva audiencia con la Comisión Interamericana en su conjunto, la que tendrá lugar en octubre próximo a fin de evaluar el avance del proceso.
CASACIÓN
En mayo de 2006 el Tribunal de Casación Penal ratificó en todos sus términos la sentencia del Tribunal Oral N°3. De su resolución se desprende con absoluta claridad el armado del pago a Telleldín para que mintiera, y así, con la condena de los policías, cerrar la causa AMIA.
EL ESTADO COMO QUERELLANTE
El Estado, a través de la Unidad de Investigaciones del Atentado a la AMIA, se presentó como querellante en las causas por el encubrimiento, y solicitó la indagatoria de Galeano, Mullen, Barbaccia y Anzorreguy.
Por su parte, el Juez Lijo llamó a indagatoria a Telleldín, a su esposa Ana Boragni y a su abogado Stinfale. A Patricio Pfinnen y a Alejandro Brousson (SIDE) y a Rubén Beraja, ex presidente de la DAIA.
A la fecha de cierre de la presente edición, los nombrados se encuentran declarando (o no) acerca de los delitos cometidos. El Estado Argentino reconoció sus responsabilidades
Es tiempo de que la dirigencia comunitaria también lo haga. Ya no están más Ruckauf y Corach. Está Iribarne. Ya no está más Galeano. Está Canicoba Corral. Ya no están más Mullen y Barbaccia. Está Nisman. Ya no están más Riva Aramayo y Bonadio. Está Lijo.
Ya no están más Beraja, Hercman y Zaidemberg. Están Kirzembaum, Toker y Luis Grynwald. Ya han pasado doce años del atentado a la AMIA. A doce años del asesinato de nuestros familiares, seguimos sin saber cómo, quiénes y por qué volaron la AMIA.
Lo que sí sabemos es por responsabilidad de quiénes aún no sabemos nada.
Esos "quiénes" deberán ser juzgados y castigados para comenzar a correr el manto de impunidad. Esta es la crónica de un encubrimiento. Nuestros familiares ya no están. Estamos nosotros, Memoria Activa.
..."Justicia, justicia perseguirás......" Deut.16:20
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
CASO ASOCIACIÓN MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA (AMIA) AÑO POR AÑO
1999
El 16 de julio de 1999, al cumplirse cinco años del atentado, Memoria Activa, con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Human Rights Watch y el Dr. Alberto Zuppi, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
2000
El Estado argentino propuso que se designe un veedor para que fiscalice el juicio oral y público que estaba próximo a iniciarse. El Estado solicitó que de decidir enviarse un veedor, la CIDH no se pronuncie hasta que se concluyera el juicio oral. Se celebró la primera audiencia del caso en la sede de la CIDH en Washington.
2001
Finalmente, durante los primeros días del mes de agosto de 2001, fue designado como veedor Claudio Grossman, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El mandato del veedor no sólo estuvo referido al análisis y supervisión del juicio oral, sino que también tuvo como meta recabar información sobre todas las causas que conforman el caso AMIA y en todas sus instancias procesales. En septiembre de este año comenzó el juicio oral y público.
2002
Continúa la veeduría de Grossman.
2003
Continúa la veeduría de Grossman.
2004
En septiembre de 2004 el Tribunal Oral Federal Nº 3 dictó un fallo contundente y que confirmó lo denunciado por Memoria Activa hace muchísimos años: la responsabilidad de funcionarios judiciales y políticos y de dirigentes de la comunidad judía por las maniobras de encubrimiento que contribuyeron a la falta de esclarecimiento del atentado.
2005
El 22 de febrero de 2005 se conoció el Informe Grossman el cual hecha luz sobre las irregularidades denunciadas por Memoria Activa ante la CIDH. En la audiencia del 4 de marzo de 2005, el Estado Nacional reconoció su responsabilidad por la violación del derecho a la vida (art. 4 CADH), derecho a la integridad física (art. 5 CADH), derecho a las garantías judiciales (art. 8 CADH) y derecho a la protección judicial (art. 25 CADH) y el deber de garantía (art. 1.1 CADH) denunciados por los peticionarios en la presentación hecha ante la CIDH. En esta misma ocasión, las partes acordaron iniciar un proceso de solución amistosa en el caso, cuya agenda incluye: el compromiso del Estado en el sentido de adoptar una serie de medidas tendientes a fortalecer la investigación penal (dando más recursos a la Unidad Especial del Ministerio de Justicia, y a la Fiscalía Especial a cargo del Dr. Alberto Nisman), revisar la legislación sobre el manejo de los fondos reservados de la SIDE, promover los juicios políticos a los funcionarios judiciales que no investigaron
e impulsar el tratamiento de una ley general de reparaciones pecuniarias a favor de todas las víctimas del atentado.
El 12 de julio de 2005, el Estado Nacional formalizó el reconocimiento de responsabilidad por la violación de los derechos humanos denunciados, a través del decreto 812/2005.
En agosto de 2005 Galeano fue destituído por el jury de enjuiciamiento. Durante este año se llevaron a cabo 9 reuniones de trabajo, incluyendo 2 que tuvieron lugar en la sede de la CIDH en Washington.
2006
En marzo de 2006 se celebró una reunión de trabajo en Washington, en la que, a pesar de reconocer ciertos avances, se remarcó la falta de compromiso con el cumplimiento del decreto 812/2005. La Sala II de la Cámara de Casación Penal emitió el 19 de mayo
de 2006 su fallo en el caso AMIA confirmando la sentencia del Tribunal Oral Federal Nº 3 que absolvió a todos los imputados. A más de un año del reconocimiento del Estado argentino de la responsabilidad internacional por la falta de prevención y por las irregularidades cometidas en la investigación del atentado perpetrado contra la sede de la AMIA, un nuevo tribunal de justicia, esta vez la Cámara de Casación, ratifica que en la investigación judicial se había construido una falsa versión de los hechos armada con el claro propósito de encubrir responsabilidades criminales y políticas. Durante este año se llevaron a cabo 4 reuniones de trabajo, incluyendo la que tuvo lugar en la sede de la CIDH en Washington en marzo.
Fuente. www.memoriaactiva.com
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