La DAIA acusa a Ruckauf de encubrir a Irán... con lo que encubre más, favoreciendo otra vez a los asesinos materiales. Porque, como se verá seguidamente, Ruckauf está involucrado en el encubrimiento de un modo muchísimo más grave y concreto que a través de las pavadas de que lo acusa la DAIA.
Primero, publicamos la acusación de la DAIA sacada de su propia página web.
Y después una nota del periodista Juan Salinas, publicada en la última revista Humor que salió a la calle a fines de 1999.
La DAIA acusa
La declaración de Car-los Ruckauf ante el Tribunal Oral, en lo que será sin du-das el momento de máximo interés esta semana en la cau-sa que se sigue por el atentado contra la AMIA. Quien fuera ministro del Interior al momento de producirse el ataque contra la mutual judía, podría no concurrir al Juzgado: las últimas noticias que se tienen de él lo ubican en Miami, curiosamente el mismo lu-gar en que se encontraba el 18 de julio de 1995, y del que tardó casi una quincena en regresar. La citación causó cierta confusión, dado que coincidió con el inicio por la DAIA de una causa por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario públi-co. Se lo acusa de haberle pedido disculpas y "asesorado" al gobierno iraní por la actuación del juez Juan José Galeano. La convocatoria no tiene nada que ver con esta nueva causa, que corre por cuerda aparte del juicio a Carlos Telleldín, Juan José Ribelli y otros. El titular de la entidad, José Hercman, había denunciado la existencia de una carta remitida por Ruckauf al gobierno de Irán cuando era canciller, explicando que la imputación a Teherán de una responsabilidad directa en el atentado era "una cuestión de la Justicia", y que no afectaba la "normal" relación entre ese país y la Argentina. La carta fue vista por el encargado de negocios argentino en Teherán, de apellido Ál-varez, a quien le fue exhibida en la cancillería iraní cuando presentó el exhorto de Galeano pidiendo la extradición de varios miembros de ese gobierno.
Álvarez denunció el he-cho a la Cancillería argentina por cable, y ese documento fue agregado a la causa tres días antes del acto del último 18 de julio; allí lo encontró Marta Nercellas, abogada de la DAIA, quien se lo comunicó a Hercman, y éste a su vez incluyó la denuncia en su discurso de ese día. Poco después iniciaron la causa por incumplimiento. Ruckauf no deberá responder por su actuación como encargado de las relaciones exteriores, sino por su gestión como ministro político. La esperanza de los querellantes es que se confirmen los dichos del brigadier Andrés Antonietti, nombrado subsecretario de Seguridad luego del atentado, quien declaró que "nunca en las reuniones de gabinete se tocó el tema AMIA" (no explicó por qué), y también que "nunca recibí instrucciones del juez para investigar", cuando consta el envío de numerosas órdenes por parte de Galeano. "Cre-emos que hay bases para que al menos Ruckauf sea procesado por encubrimiento", dijo Hercman. El dirigente reveló también que el canciller Rafael Bielsa les aseguró que "la política exterior cambió: si un poder del Estado (en este caso la Justicia) mantiene un conflicto con otra nación, ya no será ese poder contra ese otro país, sino toda la Argentina".
Intervino en la irregular puesta en libertad de dos claros sospechosos
Por Juan Salinas
(Rev, Humor 1999)
Los dichos del vicepresidente y candidato a la gobernación de Buenos Ai-res acerca de que sabe quienes son los autores del atentado a la AMIA constituyeron un blooper, un fallido siniestro. Y no sólo porque fueron la antesala de la masacre de Ramallo. Tam-bién porque Ruckauf, al igual que el juez Galeano, aún deben explicar a la opinión pública por qué se puso en libertad a los dos principales sospechosos de haber provisto los explosivos que se utilizaron en el ataque.
Ambos, el libanés Na-ssib Hadad y su hijo Javier, fueron detenidos a pedido de los fiscales y liberados al día siguiente tras la realización en la Casa Rosada de una reunión entre Galeano, Ruckauf -por entonces mi-nistro del Interior- y el jefe de la Policía Federal, comisario Pelacchi. ¿El pretexto? Entregarle al juez un falaz certificado presentado en tiempo récord ante la Policía Federal por el director de Producción de Fabri-caciones Militares, coronel Franke, involucrado en el envío clandestino de armas argentinas a Bosnia y Cro-acia.
Según este certificado, los Hadad habían comprado una ingente cantidad de amonal en a lo largo de medio año, y en un todo de acuerdo a la ley (lo que ellos mismos ya habían reconocido que no era cierto), pero obvió señalar que ya habían comprado 300 kilos de amonal en octubre de 1993. Época en que, según ellos mismos declararon, no tenían absolutamente ningún pretexto para comprar siquiera un gramo de explosivos.
El desbocamiento del vi-cepresidente Carlos Ruckauf quizá no sólo se deba a la angustia que le produce que Graciela Fernández Meijide lo supere en las encuestas en la pugna por acceder a la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, sino también y sobre todo a causas más profundas. Desde que Fernández Meijide lo superó en intención de voto, Ruckauf se lanzó a un tour de force de dichos, cada uno de ellos más desafortunado que el anterior.
Tan pronto vio que Fernández Meijide estaba superándolo, Ruckauf parece haberse desentendido de la suerte de Duhalde e iniciado un sálvese quién pueda, que en su estrecha visión equivale a un "primero yo", para lo cual pretendió robarle votos al subcomisario Luis Patti, disputándole su condición de adalid de la picana eléctrica y el "gatillo fácil".
Con sus manifestaciones acerca de que hay que "meterle bala" a los delincuentes y que quería "ver muertos a los asesinos", Ruckauf provocó la renuncia y alejamiento del ministro León Arslanian (la única carta fuerte que tenía Duhalde para jugar en la Capital Federal), la regresión de la reforma policial, el retorno de la "maldita policía" y el inicio de una serie de ejecuciones extrajudiciales de reales o presuntos delincuentes ultimados a balazos en la cabeza al término de verdaderos o fraguados enfrentamientos, serie de la que la Masacre de Ramallo fue el colofón.
Después, insólitamente, buscó "chupar" cámara abordando a periodistas -que no lo aguardaban a él y a quienes buscó- para decirles que sabe perfectamente quiénes fueron los asesinos terroristas que atentaron contra la AMIA. Con ello se metió en un berenjenal -como quien dice, mentó la soga en casa del ahorcado- porque fue precisamente él, como ministro del Interior cuando se cometió el bárbaro atentado, quién tenía la máxima responsabilidad en la prevención de que ataques de ese calibre no sucedieran. Y también de, una vez sucedidos, atrapar a sus autores y ponerlos a disposición de la justicia.
No puede decirse que Ruckauf haya cumplido en lo más mínimo con su deber. Y para colmo es lícito sospechar que, tal como se presentaron los hechos, lejos de atrapar a los sospechosos, Ruckauf parece haber influido para que se los pusiera en libertad. Entre gallos y medianoche y a espaldas de la opinión pública.
Las primeras víctimas
Cuando se produjo el atentado a la AMIA, Ruckauf se encontraba en Nueva York, y lo primero que balbuceó fue que "co-mo ayer los medios hablaban de Ruanda, hoy y mañana hablarán de la Argentina". Antes de em-prender un apresurado re-greso a Buenos Aires, el ministro procuró tranquilizar a los representantes de la poderosa comunidad judía de Nueva York. "Las instituciones judías en la Argentina están bien protegidas y la prueba de ello es que las dos primeras víctimas fueron de la Policía Federal", les aseguró, di-ciendo una crasa mentira.
La realidad era que ambos policías de custodia, el sargento Adolfo Guido Guzmán, de la comisaría 5ª y el cabo primero Jorge Eduardo Bordón, de la comisaría 7ª, se habían retirado de sus puestos cuando se produjo la demolición de la mutual judía. Lo hicieron tan pronto apareció por allí un viejo camión Fíat amarillo huevo que portaba dos volquetes y que llegó a Pasteur al 600 acompañado por un también viejo Dodge 1500 color naranja que tripulaba el cabo primero Miguel Ángel Rodríguez, también de la comisaría 7ª (aunque hacia mucho que no la pisara, pues estaba destinado "en comisión" por el comisario Gustavo Gastón Fernández para realizar ignotas tareas en la Escuela de Suboficiales "Comisario general Alberto Villar"), obvio sospechoso de haberles advertido que se pusieran a salvo.
Lo cierto es que el sargento Guzmán (que pronto dejaría la policía para desempeñarse como pastor evangélico en sus pagos de Marcos Paz) sólo atinó a cruzar al bar de enfrente de la mutual judía, y el más prudente Bordón a hacer mutis por el foro doblando por Tucumán hacia Uriburu, según describió una de las camareras de aquél (la paraguaya y pelirroja Silvia Castillo) y él mismo le admitió a la primera periodista que lo entrevistó en el Hospital Churruca (Cynthia Ottaviano, del diario La Prensa).
El regreso del kamikaze fantasma
No contento con haber puesto a circular esta patraña, y antes de tomar el avión que lo traería de regreso a Buenos Aires, Ruckauf dijo en Nueva York que "si alguien se quiere inmolar para cometer un acto terrorista, es difícil que todas las medidas que se tomen puedan evitarlo", con lo que dio por comprobada la existencia de un chofer suicida (hipótesis heredada del atentado a la embajada de Israel y jamás comprobada, ni en aquél caso ni en el de la AMIA) antes de que pudiera acreditarse la existencia de un coche-bomba,.
Conocemos como siguió la historia: la investigación policial que supuestamente condujo Ruckauf fue tan pero tan escandalosa, que los policías encargados de ella, comenzando por los jefes del Departamento de Protección al Orden Cons-titucional (POC) a los que les competía, resultaron a la postre procesados por ocultamiento y destrucción sistemática de pruebas.
Así las cosas, Ruckauf debería haber mantenido la boca cerrada. Pero no: fue él quién se acercó a los periodistas el pasado martes 10 de agosto y dijo a través de los micrófonos de Radio Continental: "Yo sé quienes son los responsables. No lo puedo decir porque es un problema de Estado, es un problema de política exterior, pero tengo claro que hay una potencia extranjera comprometida en este crimen".
Los primeros allanamientos ordenados por el juez Juan José Galeano el mismo día del atentado a la AMIA y el siguiente, fueron en sendos inmuebles en los que vivían y trabajaban ciudadanos sirios íntimamente relacionados con la familia Yoma, por lo que un escalofrío recorrió los pasillos de la Casa Rosada
Dos agentes de la SIDE de distintas áreas coincidieron en apreciar que Ruckauf, efectivamente, le envió un mensaje cifrado al Presidente Menem para urgirle que "bajara" la candidatura del intendente de Escobar, subcomisario retirado y adalid de la picana Luis Abelardo Patti, que en su opinión le resta votos decisivos.
Dándoles pábulo a estas opiniones, los insólitos dichos de Ruckauf provocaron una helada réplica de Menem (que, no olvidar, es la misma persona que alguna vez dijo que había "semiplena prueba" para culpar a Irán). "Yo no tengo conocimiento en forma profunda de que haya sido una potencia extranjera la que intervino en esto. Si Ruckauf las tiene, que de más precisiones. El nombre de esa po-tencia. El nombre de los autores", lo desafió el Pre-sidente.
Cavallo, en tratativas electorales con Ruckauf, no se privó de opinar que era necesario "prestarle más atención a la pista siria y no detenerse sólo en Irán" y el diputado Juan Pablo Cafiero estalló y lo trató de "encubridor" y dijo que daba por supuesto que Menem también lo era, porque Ruckauf no podía saber más que él.
Los dichos de Ruckauf también provocaron un coro de protestas entre los familiares de las víctimas del atentado, que lo acusaron públicamente de encubrimiento. Y, a pedido de los fiscales, el juez Galeano lo emplazó a ampliar sus dichos, lo que gracias a su condición de vicepresidente, Rucucu pudo hacer por escrito. Las aclaraciones que ofreció de esta manera fueron muy decepcionantes, apenas 17 líneas en las que manifiesta su "convicción de que el atentado" fue "consecuencia de la guerra que el Estado de Israel mantiene con sus vecinos y que también hubo responsabilidades de sectores del entonces gobierno de la República de Irán".
El vocero de la cancillería iraní, Jamid Reza Assefi le respondió que no hay prueba alguna de la participación de Irán en el atentado, y añadió que las acusaciones de Ruckauf son "pura propaganda".
"Ruckauf era ministro del Interior en época del atentado e intenta esconder sus puntos débiles para re-cuperar terreno en la campaña electoral", agregó, metiendo el dedo en la llaga.
Motivo suficiente
La realidad es más grave todavía. Ruckauf, al igual que el juez Galeano, aún debe explicaciones a-cerca de la insólita liberación de dos de los mayores sospechosos de haber participado en el atentado: el libanés Nassib Hadad y su hijo Javier, titulares de la empresa Santa Rita a la cual pertenecía el camión de los volquetes y, probablemente, también los explosivos en base a nitrato de amonio (más conocido como amonal) que sirvieron para volar la AMIA el 18 de julio de 1994, y matar así a 86 personas, herir a unas trescientas y amargarle la vida para siempre a varios miles.
Con sospechoso retraso, recién el 30 de julio de aquél año (1994) el POC le informó al juez que de acuerdo al análisis de la documentación secuestrada en la fábrica Delbene y Serris de Olavaria, los Haddad habían comprado en los últimos tiempos gran cantidad de explosivos, mechas y fulminantes, así como que los explosivos que solían adquirir más a menudo eran amonal, el mismo que el utilizado en el atentado.
Con esta información, los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia le pidieron al juez que detuviera a los Hadad. Atentos a la gravedad de la situación, no lo hicieron solos, sino que recabaron el apoyo de todos los fiscales del fuero federal que pudieron ubicar, y así fue que ellos, más Germán Moldes, Héctor Luis Yrimia, Adrián Peres, Eduardo Freiler y Gerardo Di Masi firmaron el escrito en el que se le pidió a Galeano que toda vez que "Nassib Haddad y Javier Alberto Haddad, a través de las empresas que representan, fueron quienes estuvieron encargados de la colocación del volquete frente a la sede de la AMIA y (...) habrían a su vez adquirido desde hace va-rios meses cantidades im-portantes de explosivo A-monal, solicitamos a Vs. se (les) reciba declaración indagatoria (...) por existir motivo bastante para sospechar su participación en el hecho materia de investigación".
Ese mismo día, Galeano ordenó la detención de los Hadad y el allanamiento de sus propiedades. En una de ella, en Avellaneda, el puntilloso oficial Gabriel Prado secuestró muestras de "una sustancia pulvurenta de color blanco" parecida a la cal, descripción que concuerda con el amonal.
En efecto: "pulvurento blanco", fueron exactamente las palabras que utilizó el comisario Carlos López, jefe de la Brigada de Explosivos de la PFA, al describir el aspecto del nitrato de amonio ante las cámaras de la CNN en es-pañol, entrevistado por el periodista Rolando Graña.
López dijo también en esa oportunidad que quién había armado la bomba tenía necesariamente "que conocer el tema (ser un experto en explosivos) y diseñar el artefacto para el edificio".
Ambas condiciones eran perfectamente reunidas por los Haddad, expertos en vo-laduras que habían sido con-tratados por el arquitecto Javier Malamud, responsable de las refacciones que se estaban haciendo en la AMIA, para retirar los es-combros con sus volquetes y cuyos empleados -como el chofer del camión de los volquetes- tenían acceso al interior del edificio.
Un polvo blanco
En las oficinas de Santa Rita en Puerto Nuevo (erigidas en terrenos fiscales, muy cerca de la terminal 6 por la que seguían siendo embarcadas hacia Bosnia y Croacia armas de los arsenales del Ejército argentino) se entregaron a la justicia ambos requeridos.
Al ser interrogados, los Haddad admitieron haber comprado los explosivos sin renovar, como era preceptivo, un viejísimo permiso emitido por Fabri-caciones Militares (el traslado de explosivos por las rutas nacionales sin ese permiso constituye un delito federal), pero juraron que jamás de los jamases había ingresado explosivos en la Capital Federal. Después de presentarse como mineros, terminaron por admitir que al menos desde 1991 no realizaban ninguna actividad minera, limitándose desde entonces al alquiler de volquetes.
Sin embargo adujeron que habían comprado los explosivos para volar rocas en las adyacencias de la represa biprovincial Casa de Piedra (en el límite entre la Pampa y Río Negro), ya que habían conseguido un contrato para hacerlo durante los primeros seis meses del año, si bien no pudieron explicar por qué habían comprado tanta cantidad de explosivos que les habían sobrado, 1.200 kilos, ni justificar convincentemente el modo en que habían utilizado el faltante, del que dijeron no llevar cuentas.
En cuanto a las muestras de polvo blanco secuestradas en los galpones de Santa Rita en Avellaneda, Javier Hadad dijo que era "óxido de litio".
El litio, único metal que absorbe en frío el nitrógeno, es de "color blanco argentino" (plateado) y su óxido, que se obtiene "quemando el metal en el aire" es "blanco amarillo y esponjoso", aunque también se puede obtener "en pequeños granos cristalinos" según describe la Enciclopedia de química industrial (IV To-mo, Editorial Labor, Bar-celona).
Al recoger las muestras, el oficial Prado describió dos sustancias, una "pulvurenta de color blanca" y otra "con efecto rocoso". Nada dijo de plateados, tonalidades amarillas o cristales.
Como en casa
Alojados en el POC en carácter de incomunicados, Nassib -consta en el expediente- hizo uso de su derecho a hacer una llamada telefónica... para pedirle a su capataz que comprara miles de kilos de amonal en la fábrica de Olavaria, lo que demuestra cuan en familia se encontraban entre los policías que, por cierto, los alojaron junto a Carlos Alberto Telleldín.
Según Telleldín le dijo telefónicamente al periodista Gabriel Levinas (contratado por la DAIA para informatizar la causa y autor del libro "La ley bajo los escombros. AMIA: lo que no se hizo", publicado por Sudamericana el año pasado), apenas lo vio, Nassib Haddad se jactó de que estaría detenido muy pocas horas, puesto que era amigo de Ruckauf y éste lo sacaría de allí.
Aunque no se le crea al majadero de Telleldín, lo cierto es que esa misma noche, el juez Galeano fue convocado de urgencia a la Casa Rosada por el ministro Ruckauf y el jefe de la Policía Federal, comisario general Juan Adrián Pe-lacchi.
En el encuentro, Ruckauf y Pelacchi le entregaron al juez un certificado emitido en tiempo récord por el entonces jefe de Producción de Fabricaciones Militares, coronel (R) Carlos Jorge Franke. Dicho certificado aseguraba (ver facsímil) que "la firma Delbene y Serriss SA, distribuidora de esta DGMF (dirección general de Fabricaciones Militares) a nuestro requerimiento in-formó que efectuó ventas regulares, a partir de marzo del corriente año, a la citada firma (Santa Rita) según el destalle del anexo adjunto".
El certificado omitía consignar que los Hadad ya habían comprado en esa fábrica 300 kilos de amonal (marca Nagozul) el 3 de octubre de 1993. Cuando según sus propias declaraciones no tenían absolutamente ningún pretexto para adquirirlo (ver factura).
A la salida de la Casa de Gobierno, un siempre sonriente Ruckauf fue abordado por Clarín. El ministro se excuso de dar mayores precisiones aduciendo que "el juez me pidió que no dé informes: se avanza sobre distintas pistas y no queremos estar alertando a los delincuentes sobre su desarrollo".
Tan pronto como llegó a su despacho, el juez Ga-leano dispuso la libertad de los Haddad por "falta de mérito", pero omitió informárselo a los fiscales, se-gún uno de ellos, José Barbaccia, confirmó a este periodista.
La guinda del postre lle-gó a manos de Galeano re-cién dos días más tarde, el 4 de agosto, cuando los Ha-ddad ya estaban en sus casas. Era una nota de la Policía Federal firmada por el jefe del POC, comisario Carlos Antonio Castañeda.
Decía sucintamente que el análisis del polvo blanco secuestrado en el galpón de Avellaneda no había arrojado "resultados positivos a-cerca de la detección de vestigios de altos explosivos" pero se abstenía de informarle de qué sustancia concreta se trataba. Con lo que evitaba dejar en evidencia que Javier Hadad había mentido al afirmar que era óxido de litio.
Los riesgos de que la escandalosa manera en que habían sido liberados los Haddad se filtrara a los me-dios de prensa fueron minimizados mediante una "cortina de humo". El 2 de agosto, una mujer encargada de limpiar el baño de hombres en el Aeroparque de Buenos aires encontró en él un bolso de hombre que contenía un reloj y pilas. Enseguida avisó a la Policía Aeronáu-tica y ésta a la Federal. En un procedimiento de rutina se abrió una causa que recayó en el juzgado federal de turno, de Claudio Bonadío, un incondicional de Carlos Corach, que la caratulo "In-timidación pública".
Con esta carátula, que revestía la absoluta vacuidad de la denuncia, el Go-bierno echó a rodar por primera vez el rumor de que era inminente un "tercer atentado".
"Se archivó porque no había nada. No había trotyl ni detonador, ni estaba he-cho el circuito necesario para que esos elementos sirvan para una explosión. Y tampoco había indicio alguno de que estuviera destinado a algún avión", explicó a Página/12 una fuente judicial en agosto de 1999.
Un lustro de inactividad
Desde que Galeano dispuso la libertad de los Hadad han pasado más de cinco años. Hace uno, en agosto de 1998, el ex diputado del Grupo de los Ocho (disidentes del menemismo) y actual dirigente cavallista Franco Caviglia le pidió en un extenso escrito que volviera a detenerlos, y los relacionó con Monzer al Kassar, el Hezbollah libanés y el tráfico de armas hacia Bosnia y Croacia.
A partir de entonces, el juez exhumó un expediente paralelo y secreto a la causa principal y ordenó hacer algunas averiguaciones. El juez federal de Santa Rosa, Pedro Zabala, admitió recientemente que Galeano le envió un exhorto a principios de este año, aunque no quiso dar precisiones acerca de qué diligencias pedía que se realizaran.
Pero el jefe de la policía pampeana, comisario José Daniel Alberti, aseguró que ni Galeano ni Zabala le pidieron nunca que investigara nada relativo al atentado a la AMIA. "A través de la jefatura jamás se nos pidió alguna diligencia, ni del juzgado federal de Santa Rosa ni desde el de Buenos Aires", dijo.
El 25 de julio pasado, la jueza federal de General Roca, María del Carmen García, confirmó haberle remitido a Galeano el testimonio de un obrero que durante la primera mitad de 1994 trabajó para los Hadad en Casa de Piedra volando rocas. Se trataría del perforista Francisco Gaspar Luque, cuyo nombre fue dado hace cinco años al juez por los Haddad.
Por fin, el 26 de agosto, Caviglia presentó ante el juez Jorge Urso un escrito en el que calificó al ex ministro Erman González de "autor intelectual y material" del tráfico ilícito de armas, ofreció nuevos datos sobre los vínculos entre el prófugo coronel Diego Palleros y Al Kassar (a través de la firma fantasma Debrol SA), insistió en que esta causa está relacionada con los atentados a la embajada de Israel y la AMIA, y dio como ejemplo de ello a los Hadad.
Lo dicho: Galeano, Pe-lacchi y sobre todo Ruckauf (que se jacta de haber firmado la orden de "aniquilar" la subversión y de querer ver "muertos a los asesinos") aún deben explicar por qué han tenido tanta deferencia con dos claros sospechosos de haber participado en el mayor ataque antijudío desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
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