El presidente Néstor Kirchner dijo en Parque Norte que los archivos sobre los atentados ya se encuentran abiertos.
Dijo el Presidente: "... dijimos que veníamos a esclarecer atentados e íbamos a abrir el derecho a la verdad y a la justicia, y hoy que vemos tantos problemas y atentados como el de España que pasan en el mundo, podemos decir que nosotros tuvimos el valor de abrir todos los archivos secretos para saber la verdad de esos atentados que enmudecieron a los argentinos, como fueron los de la AMIA y la embajada de Israel".
Al día siguiente fueron a la SIDE las querellas y Apemia, donde los recibió el espía Stiusso y les preguntó qué material querían. "Dígannos qué tienen para saber qué pedirles", le respondieron. Lo único que les ofreció Stiusso en ese momento fue el informe internacional que se conoció el año pasado.
Ahora, la DAIA sangra por la herida. Después de una vida de ocultamientos y encubrimientos (durante la gestión de Beraja y sus adláteres) se enoja, no sólo porque no le abren los archivos, sino porque los recibe Stiusso, cuyo testimonio fue crucial para que los que se hacían los imbéciles tuvieran que reconocer que no hay pruebas para inculpar a los "patas negras" por el atentado. Léase con atención:
QUEJAS DE LA DAIA POR LA FALTA DE INFORMES DE LA SIDE (LN 17/3/04)
La DAIA denunció que la Unidad de Investigaciones de la causa AMIA, que depende del Ministerio de Justicia, no puso a su disposición los archivos confidenciales de la Secretaría de Inteligencia del Estado relacionados con la voladura de la mutual judía, a pesar del decreto firmado por el presidente Néstor Kirchner que levanta el secreto sobre esas investigaciones. Luego de una reunión que mantuvieron la semana última la entidad Familiares y Amigos de las víctimas con el jefe de Estado, el presidente se comprometió frente al titular de la SIDE, Héctor Icazuriaga, a que iban a acceder a esos documentos. Ayer, la DAIA se presentó con sus abogados a una reunión de la que participaron el titular de la Unidad de Investigaciones de la causa AMIA, Alejandro Rúa, y el jefe de contrainteligencia de la SIDE, Jaime Stiusso, entre otros funcionarios. "Se nos propuso un sistema de preguntas y respuestas verbales y no se puso a disposición ninguna documentación", se quejó Jorge Kirszenbaum, vicepresidente de la DAIA y encargado del área jurídica del organismo. El funcionario también se lamentó que estuviera presente Stiuzo, pues dijo que con su testimonio en el juicio que se sigue por la voladura de la mutual judía, desincriminó a los ex policías bonaerenses que están siendo juzgados. •
La diputada Nilda Garré pide el juicio político de los fiscales
La diputada Nilda Ga-rré, ex titular de la Unidad de Investigaciones Espec-iales del Poder Ejecutivo, presentó ante el Procurador General de la Nación un pedido de enjuiciamiento a los Fiscales Federales Ea-món Müllen, y José Bar-baccia, que actúan en el juicio por el atentado de la AMIA.
En su pedido, Garré acusa a los fiscales por mal desempeño, grave negligencia en el ejercicio de sus funciones y comisión de delitos dolosos, en virtud de haber cometido las siguientes conductas:
• Haber armado, junto con el Juez Galeano, una "historia oficial" sobre lo que pasó, antes de investigar, sin importar la verdad de lo ocurrido, eligiendo en gran medida a quiénes "se debía" inculpar.
• Tener conocimiento del pago ilegal a Carlos Telleldín de 400.000 dólares para que en su declaración impute a policías bo-naerenses de haber retirado de su domicilio la camioneta Traffic que se habría utilizado en el atentado a la AMIA. En el caso del Dr. Barbaccia, además haber participado activamente en la implementación del pa-go, lo que quedó probado en el juicio oral, más allá que el fiscal Barbaccia, bajo juramento, declaró desconocerlo ante el Juez Bonadío.
• Encubrimiento del pago ilegal, atento a que tampoco se investigó lo sucedido cuando se descubrió el video Galeano-Telleldín, que daba sobrados motivos de sospecha. Los fiscales no denunciaron los hechos ni recusaron al juez ni investigaron, a pesar de ser los encargados del control de legalidad según la Constitución Na-cional.
• Ejercer presiones so-bre testigos para obtener las declaraciones que ellos necesitaban. Esto se dio en el caso de la extorsión a Semorile, las coacciones a Nitzcaner, y el "secuestro" de Miriam Salinas. Por esto último el Tribunal Oral remitió las actuaciones al juez Oyharbide que abrió la causa 2085/02 (actualmente en el juzgado de Bonadío por conexidad).
• El fiscal Barbaccia incurrió en falso testimonio, cuando fue citado por el juez Bonadío. Bajo juramento de decir la verdad, dijo desconocer el pago a Telleldín, en donde su participación ya está probada en el Juicio Oral. Por otro lado, también habría cometido el delito de "falsedad de instrumento público", ya que no hizo constar en el acta -a pesar de estar presente en la audiencia- el llamado telefónico recibido por Telleldín mediante el cual le comunicaban que ya se había cobrado el dinero pactado, lo que habilitaba la declaración acordada con el juez.
• La situación de Bar-baccia se agrava más, ya que está concursando ante el Consejo de la Magistra-tura para ser Juez Federal. En la audiencia con la Co-misión de Selección declaró una falsedad cuando dijo que el sumario penal abierto en su contra en el juzgado del Dr. Ballesteros, estaba cerrado. No es cierto, porque dicha causa se encuentra apelada a consideración de la Cámara Federal. Asimismo, no co-mentó la imputación por falso testimonio que se deriva de la denuncia penal que inició el ex prosecretario del Juzgado Claudio Lifschitz (causa N° 4789/00) ante el Juez Bo-nadio; ni la denuncia que le hizo el Tribunal Oral por el caso de Miriam Salinas (causa 2085/02 radicada ante el mismo juez).
• Haber violado los acuerdos de cooperación existentes con la justicia alemana, cuando fueron a ese país a una audiencia con el testigo "C". Luego de la primera entrevista, el fiscal Barbaccia mandó un correo a su fiscalía con el contenido de la entrevista, lo que fue publicado por el diario La Nación. Con-forme el acuerdo firmado con Alemania, esto estaba prohibido, y motivó que los magistrados alemanes impidieran a los argentinos seguir participando en la audiencia. Además, con esta conducta -en complicidad con el juez Galeano- han generado un reclamo diplomático de Alemania a nuestro país.
• Haber denunciado falsamente a la Secretaria de la Unidad de Investigacio-nes Especiales de la causa AMIA, para desplazarla de la investigación. En el año 2001, los fiscales Muller y Barbaccia acusaron a la Se-cretaria por haber revelado el nombre de un testigo con identidad reservada, sabien-do que dicho testigo no tenía esa calidad, sino la de testigo protegido. Era A-bolhasem Mesbaghi, más conocido como testigo "C".
• Haber omitido la investigación sobre el adulteramiento de un informe remitido por la Cámara de Representantes de Es-tados Unidos. Dicho informe había sido recibido por el juez Galeano y por los fiscales, por distintas vías. El informe que el juez agrega al expediente tiene cuatro fojas, obviamente adulteradas, distintas a las copias que tenían en su poder los fiscales, y éstos -aún con la prueba evidente de la adulteración- prefirieron no investigar, ni denunciar los hechos.
La diputada Nilda Garré espera que el Procura-dor General convoque al Tribunal de Enjuiciamiento, y que éste finalmente destituya a los fiscales que no quisieron investigar el atentado más cruento de nuestra historia, y paradójicamente, el más impune.•
Servicio de Prensa
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