Con una defensa armada en base a acusar a Memoria Activa, declaró Rubén Beraja en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA, que lo tiene como uno de los trece imputados.
Durante gran parte de la audiencia, el ex presidente de la DAIA enumeró frente a los jueces del Tribunal Oral Federal 2 lo que según él es una “llamativa coincidencia” entre el libro “La Denuncia”, publicado por la dirigencia comunitaria en 1997 y la presentación que realizó Memoria Activa en 1999 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos en el marco de la causa que se le inició al Estado argentino por no prevenir ni esclarecer el atentado y que hasta hoy se encuentra en curso.
Con el libro de la DAIA de 144 páginas en sus manos, Beraja señaló punto por punto los temas que le parecieron similares o iguales a los del escrito de Memoria Activa, uno de los tantos que se presentó en 18 años de litigio contra el Estado ante la CIDH, organismo que aceptó y mantiene la denuncia.
“Tiene antecedente en el libro de 1997”, dijo el imputado, como si estuviera sumando argumentos para interponer una denuncia por plagio contra una organización que hace 23 años lucha de manera independiente por verdad y justicia en la causa AMIA.
Beraja acusó además a los familiares de las víctimas de armar una imputación falsa en su contra que obedece “más a un sentimiento hostil que a la realidad en la que se demuestra el esfuerzo de la DAIA”. Claro que el imputado, tras agraviar a los familiares querellantes, se negó a responder preguntas de los mismos y aceptó sólo que los jueces Gorini, Perilli y Costabel lo interrogaran, aunque ninguno aprovechó la oportunidad.
Los magistrados también rechazaron un pedido de las querellas y la fiscalía para no reproducir un video de un programa televisivo de Nelson Castro que Beraja llevó a la sala de audiencias para reforzar su defensa.
Se trataba de tramos recortados a conciencia de un programa de 1997, en el que aparecen Beraja, Diana Wassner (representante de Memoria Activa) y el periodista Tuny Kollmann hablando acerca de diversas pistas y sobre las irregularidades de la investigación. Nada relevante ni conducente, por cierto.
No obstante, los jueces permitieron la exhibición del video, lo cual resulta incongruente con el rechazo de nueva prueba fílmica que ofrecieron los acusadores durante el juicio. Para justificar semejante doble estándar, sostuvieron que el imputado tiene permitido decir lo quiera en su indagatoria y que así como puede evocar en su discurso los dichos de otro, también puede directamente mostrar un video (editado) donde otra persona diga algo, aun cuando esta persona es un testigo del juicio, y cuando el video no haya sido ofrecido como prueba.
A su vez, quien presidió el tribunal, Néstor Costabel, explicó con argumentos errados que ese material presentado por la defensa no será considerado prueba sino como simples “dichos del imputado”, por lo que las partes no podrán refutarlo con otras presentaciones ni usarlo para los alegatos finales de ningún modo. Cuanto menos esto demuestra una enorme desprolijidad del tribunal en lo que respecta a la incorporación de prueba al juicio, un criterio inequitativo en perjuicio de las acusadores y una respuesta arbitraria frente a los paloteos de Memoria Activa y la fiscalía, a los cuales adhirieron las demás querellas, menos -claro está- la que representa a la AMIA y a la DAIA.
Por último, el tres veces presidente de la DAIA volvió a negar haber participado del pago ilegal a Carlos Telleldín, y haber tenido información al respecto hasta que ese hecho fue de público conocimiento.
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