Desestimaron indagar en el archivo de la antigua Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) información referida a la causa AMIA, pese al ofrecimiento que en ese sentido realizó la Comisión Provincial de la Memoria (CPM). Y es que tanto Galeano como su continuador no querían toparse con dato alguno que contradijera la historia que tenían decidido impulsar de antemano: que un jinete sin cabeza, un kamikaze de Hezbolá, teledirigido desde Teherán, había introducido una camioneta Trafic invisible y cargada de explosivos por el vano del portón de entrada de la AMIA, haciéndolo estallar.
La desidia y falta de interés de uno y otro confirmó a Télam el fiscal Juan Murray, integrante de la UFI AMIA y coordinador de un equipo interdisciplinario que analiza la documentación de ese organismo de inteligencia en busca de datos sobre el atentado que hace más de 21 años sufrió la mutual judía.
El despacho de Télam: En 2001, cuando hacía un año que la CPM administraba este archivo, unos de sus secretarios, Mauricio Tenembaum, le ofreció al entonces juez de la causa AMIA, Juan José Galeano, (enjuiciado hoy por encubrimiento) brindarle la información que el organismo tenía sobre el atentado, pero no obtuvo respuestas de parte del magistrado.
Cuatro años después, la CPM se puso a disposición del fiscal Alberto Nisman y se le ofreció indagar en los archivos de la disuelta DIPPBA, sin embargo, el funcionario no mostró interés en revisar este material.
Como efectivos de la Bonaerense estuvieron sospechados (y luego absueltos en un juicio oral) de formar parte de la conexión local en el atentado, el organismo de inteligencia compiló información sobre el atentado.
Entre la información que se halla en ese archivo, administrado por la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) y ubicado en La Plata, existe un dato que relaciona al padre de Carlos Telleldín -acusado de haber entregado la Traffic que utilizó para la voladura de la AMIA-, con un atentado antisemita ocurrido en los años 70 en la capital bonaerense.
A modo de ejemplo, una curiosidad
El nombre de Raúl Alberto Telleldín, futuro jefe del siniestro Departamento Informaciones M(D2) de la policía cordobesa aparece mencionado en los registros de inteligencia de este organismo policial como sospechoso de haber participado en la colocación de la bomba que estalló en la sede de la AMIA, en La Plata, el 22 de mayo de 1970.
Ese ataque dejó un saldo de dos heridos, y por ese hecho se acusó a ocho efectivos del Ejército que revistaban en el Regimiento 7 de la ciudad, pero al platearse una cuestión de competencia entre la justicia federal y el fuero castrense, la investigación no avanzó en determinar quiénes fueron los culpables.
Tras su retiro como suboficial del Ejército, Telleldín se incorporó a la Policía de Córdoba, y en 1974, participó activamente del “Navarrazo”, el golpe que el teniente coronel Domingo Navarro, a cargo de las fuerzas de seguridad dela provincia, dio contra el gobernador Ricardo Obregón Cano.
Se sumó luego al Comando Libertadores de América, la filial cordobesa de la Triple A, y luego, tras el 24 de marzo de 1976, quedó a cargo de la D-2, y con el grado de comisario tomó parte de la represión que dirigió en la provincia el teniente general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo de Ejército.
Telleldín padre murió en octubre de 1983, en un misterioso accidente de tránsito que tuvo lugar en La Calera, en las sierras de cordobesas, pero 22 años después, el ex comisario Octavio Cuello declaró que el represor podría estar vivo en algún lugar de Córdoba.
Lo llamativo es que en el expediente judicial sobre la voladura de la AMIA en 1994, son mencionados los padres de los sospechosos, y el padre de Telleldín no figura como muerto.
Estos son los datos que Murray junto a un equipo de 20 personas revisa una vez por semana en las fichas que se encuentran en la ex sede la DIPPBA y que se refieren a la causa AMIA.
La DIPPBA, que cumplió un rol central durante los años del terrorismo de Estado, quedó disuelta en 1998, y confeccionó fichas de información sobre 460.000 ciudadanos bonaerenses. Hoy, la CPM es querellante en una causa que investiga el rol que tuvieron los servicios de inteligencia en el plan sistemático de exterminio que desarrolló la última dictadura cívico militar.
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