Fue denunciado por Nisman.
El polémico juez federal, Claudio Bonadío, que citó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a declarar , en el marco de la causa que investiga un supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, a raíz de la firma del memorándum con Irán, tiene un prontuario bastante oscuro, con vínculos poco cristalinos y una infinidad de denuncias en su contra.
Quien actualmente lleva las riendas de la denuncia efectuada por Alberto Nisman, tiene un pasado ligado a Carlos Saúl Menem, cuando fue subsecretario de Legal y Técnica de Carlos Corach (ex ministro del Interior) durante la década del 90. Esa posición que ocupaba le sirvió de puente político para llegar a la Justicia tiempo después cuando fue designado juez federal de la Capital en 1994.
Por aquel entonces, el ex ministro de Economía de la Nación, Domingo Cavallo, había denunciado que, en un encuentro privado en un bar, Corach le había entregado una servilleta con distintos nombres a los que debía brindarles todo tipo de amparo judicial debido a su cercanía con el gobierno. Además de evasores y contrabandistas, allí figuraba Bonadío como uno de los futuros protegidos.
Por esa imputación que provocó un revuelo mediático, varios de los jueces que figuraban en la llamada “servilleta de Corach” comenzaron a ser investigados y muchos de ellos fueron apartados de los cargos que ocupaban. Sin embargo, Bonadío, que acumulaba al menos cuatro denuncias en su contra ante el Consejo de la Magistratura, supo resistir en su lugar.
El juez que ahora debe continuar con la acusación del fallecido fiscal contra CFK y algunos ex funcionarios kirchneristas, había sido denunciado por el propio Nisman por amenazas y, justamente, también por encubrimiento, cuando investigaba las pistas falsas plantadas en la causa por el atentado a la mutual judía. Es así que en el 2005 fue apartado por haber estado cinco años sin mostrar ningún avance en el expediente, beneficiando a su amigo Juan José Galeano y a su ex jefe Corach, ambos acusados de manipular la causa AMIA.
El expediente 8912/10, presentado por el fiscal fallecido, en el que también es querellante el agente de inteligencia Antonio Stiuso, señala que el juez Bonadío se quejaba de “una supuesta traición por parte de Nisman que los llevaba a ellos a ser acusados y sometidos a proceso” junto al ex ministro Carlos Corach y su hijo Maximiliano, a quien acusó de querer matarlo y quien actualmente se desempeña como subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de la Ciudad de Buenos Aires.“Se había hablado de la posibilidad de atentar contra la vida de Nisman”, prosigue el documento. “En particular se hace referencia a intervenciones ilegales de mis abonados telefónicos y seguimiento y distintas tareas de inteligencia clandestinas respectos de mi persona como de mi familia”. Inclusive, añade: “Se menciona la posibilidad de realizar actos violentos o intimidatorios contra mis hijos”. Como si todo esto fuera poco, otro de los que figura en la denuncia radicada en el año 2010 por el fiscal fallecido, figura también Jorge Alberto “Fino” Palacios quien fuese jefe de la Policía Metropolitana designado por Mauricio Macri. En la causa del ataque contra la mutual judía, Palacios fue acusado por una larga serie de delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, incumplimiento del deber de persecución del delincuente y sustracción de prueba. Además, en los años anteriores, fue responsable de la represión y el asesinato de manifestantes en 2001 y, además, está sospechado de espiar a través de una serie de escuchas telefónicas a dirigentes de la comunidad judía que se oponían a su designación al frente de la fuerza de seguridad. Por otra parte, se presume también que haya prestado servicios en la Policía Federal Argentina durante la última dictadura.
AMIA: investigan las llamadas de un ex socio de la DAIA de Beraja
El juez federal Sebastián Ramos hizo lugar a un pedido del fiscal Ramiro González y de la Unidad Fiscal AMIA (UFI AMIA) y solicitó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos del Poder Judicial de la Nación la confección de un informe analítico de las comunicaciones entre distintos abonados de interés para la causa durante el período comprendido entre el 1º de julio de 1995 y el 31 de julio de 1996.A fin de poder desarrollar la medida el juez dispuso requerir informes al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y a distintas prestadoras en torno a los números telefónicos utilizados por el ex ministro Carlos Vladimiro Corach entre 1995 y 1999 y por ocho de sus asesores de entonces. El magistrado indició que el informe debe incluir los “contactos telefónicos de las personas y abonados de interés, fecha, hora y duración de éstos, el origen y destino de las llamadas y celdas”.
También dispuso incluir los números de teléfono aportados por el periodista Román Lejtman tanto durante tanto su declaración testimonial de un año atrás ante el Tribunal Oral Federal N°2 —en el juicio que actualmente se tramita por la desviación en la investigación del atentado— como durante la instrucción del proceso, a fin de que “sean cruzados con la totalidad de los que se obtengan” de Corach y sus ex asesores, por resultar ello una medida de prueba razonable frente al objeto de la investigación. Durante el juicio oral el periodista había señalado que “un miembro del gobierno nacional” le había ofrecido “400.000 pesos/dólares para que haga la edición del libro”.¿Qué se investiga en esta causa? Desde mayo de 2016 el juez federal Ramos interviene en el proceso en el que se investiga la posible intervención y/o participación de Carlos Velasco, María Susana Spina, Javier De Gamas y José Fernando Pereyra, ex secretarios del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 9 a cargo del entonces juez Juan José Galeano durante la pesquisa del atentado, y el supuesto aporte de Corach en las instancias previas al pago de dinero en efectivo a Carlos Telleldín. En su informe de gestión de julio de este año, la UFI AMIA explicó que la intervención de Ramos fue resuelta tras la decisión de la Sala I ad hoc de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal que apartó al juez federal Ariel Lijo. Hasta el momento, Corach no prestó declaración indagatoria y su situación procesal no se encuentra definida.
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