Desde APEMIA y la Agrupación 18-J aseguraron que la iniciativa que impulsa el macrismo para reformar el ministerio Público Fiscal termina con su independencia, somete a los fiscales al control de funcionarios del Poder Ejecutivo y dejará otra vez acéfala la Unidad Fiscal AMIA.
“La ley para echar a Gils Carbó es un acuerdo para echar a los fiscales de la Unidad AMIA”, denunciaron este lunes la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) y la Asociación 18J de Familiares, Sobrevivientes y Amigos de las víctimas de AMIA.
El juez Rafecas rechazó reabrir la investigación de Nisman por encubrimiento en la causa AMIA
En una declaración conjunta, las agrupaciones que nuclean a familiares de víctimas del atentado, criticaron el proyecto de ley para reformar el Ministerio Público Fiscal al considerar que se busca desplazar a los fiscales a cargo de la investigación.
Para las entidades, las reformas que se acordaron entre el oficialismo y sectores de la oposición a la ley que rige el funcionamiento de las fiscalías buscan que “termine con su independencia formal, reconocida en la Constitución Nacional”.
“Equivale a una intervención que someterá formalmente a los Fiscales y los pondrá, incluso, bajo el control de los funcionarios del Poder Ejecutivo y organismos de Seguridad que debieran ser los controlados y que, hasta hoy, están sospechados por actividades criminales”, indica la declaración. Según estas organizaciones, de aprobarse el proyecto, tendrá como efecto remover en un plazo de quince días a los miembros de la Unidad Fiscal AMIA, integrada por los fiscales Sabrina Namer, Roberto Salum y Leonardo Filippini, que reemplazaron al fallecido Alberto Nisman. También a los integrantes de fiscalías especializadas en delitos de lesa humanidad.
“En el caso particular de la AMIA, el acuerdo para echar a los fiscales implicará la acefalía de la Unidad Fiscal por segunda vez en dos años tras la muerte del fiscal Nisman, y pone en cuestión el trabajo e investigación que los fiscales están realizando pese a los límites que el mismo Poder Ejecutivo le impone a su tarea, toda vez que se niega a abrir y desclasificar los archivos secretos que permanecen en poder de los Servicios de Inteligencia”, argumentaron los familiares de víctimas y sobrevivientes.
“¿Van a disolver la Unidad Fiscal AMIA en una fantasmal unidad “antiterrorista” en nombre del esclarecimiento del atentado?”, se preguntaron. “Con la aprobación de la nueva Ley, no sólo peligra la continuidad del trabajo de los fiscales de la UFI AMIA sino también la del pobrísimo juicio contra Carlos Menem, Juan José Galeano, Hugo Anzorreguy”, sostuvieron las organizaciones en referencia al juicio por encubrimiento que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2 de la Capital.
M1.
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