¿Por qué no metemos a alguien preso y después hablamos de plata?” Con esta frase, Sergio Burstein, integrante de la agrupación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la AMIA, expresó su desacuerdo con el proyecto de ley que establece indemnizaciones a los deudos y a quienes sufrieron lesiones por el ataque terrorista ocurrido el 18 de julio de 1994. La propuesta fue presentada por el kirchnerismo en el Senado y autoriza a que se otorguen fondos en carácter de “beneficio extraordinario” a las víctimas. El proyecto podría comenzar a debatirse esta semana en la Cámara de Senadores, promovido por el presidente del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto. La inminencia del debate parlamentario provocó la reacción de un sector de los familiares. “Quisiera que las cámaras de Senadores y de Diputados, que nunca jamás se pronunciaron para condenar el atentado, se preocupen porque haya alguien detenido y porque los responsables que están tranquilos en sus casas sean juzgados”, planteó Burstein.
INDEMNIZARAN A LAS VÍCTIMAS
El proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo para indemnizar a quienes resultaron heridos en el atentado contra la sede de la AMIA y los familiares de las víctimas avanza en el Senado, y podría ser enviado a la Cámara de Diputados antes de que finalice mayo. En la letra del documento que debatirán los legisladores se establece que podrán percibir el “derecho extraordinario” las víctimas que hayan sufrido “lesiones graves o gravísimas” y los herederos de aquellos que fallecieron en el atentado contra la asociación mutual. De acuerdo con el proyecto, quienes hayan percibido subsidios por parte del Estado nacional en relación con el atentado, esos montos deberán descontarse del monto extraordinario que impone la norma, así como también deberán desistir en los juicios iniciados contra el Estado. Para obtener el beneficio, la solicitud se tramitará ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dentro de los 180 días de reglamentada la norma. El expediente hace lugar a una resolución de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que reclamó “medidas de reparación” para “proporcionar un recurso efectivo a la víctima y a los familiares” por el ataque contra la mutual judía, ocurrido en 1994.
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