Creo que el descreimiento hacia la política y hasta su calificación peyorativa de que ella conlleva sólo a negociados corruptos para el enriquecimiento de unos pocos, es un error, pues identifica el arte de la política con el poder de robo. Pero la política entendida como la capacidad de organizarse con los otros para defenderse de los atropellos, para mejorar el bien común, para hacer crecer un país, es una herramienta noble y hermosa en sus gratificaciones. si es bien realizada.
Quienes ocupan cargos públicos, quienes toman decisiones que involucran a un país no se dan cuenta –o no quieren darse cuenta- de que determinan la vida de millones, que pueden hundir generaciones enteras en la pobreza, en la desesperanza, en la falta de proyectos de crecimiento, o bien pueden favorecer las oportunidades para que crezcan ellos y sus familias venideras.
Es para recordar y quitar el velo de la desmemoria, que hoy quisiera dedicar unas líneas a un capítulo negro de la historia argentina: la llamada década infame. Entre los terribles hechos ocurridos en aquel entonces hubo varios escandalosos actos de corrupción.
Creo que traerlo a la memoria ilustrará al lector sobre aquello que trae como consecuencia la “mala política”, pero también lo hará reflexionar sobre la esencia e importancia de “la buena política” a la que me referí antes, esa que todos los ciudadanos podemos ejercer.
La década infame
EL historiador José Luis Torres denominó la Década Infame en la Argentina, al período que comienza el 6 de septiembre de 1930 con el golpe de Estado cívico-militar que derrocó al Presidente electo Hipólito Yrigoyen y finaliza el 4 de junio de 1943 con el golpe de Estado militar que derrocó al presidente Ramón Castillo.
En 1930, Uriburu encabezó un golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen y estableció una dictadura militar.
La proclama del gobierno de Uriburu fue redactada por el escritor Leopoldo Lugones. Luego de tomado el poder por las armas, Uriburu fue reconocido como presidente de facto de la Nación por la Corte Suprema mediante la acordada que dio origen a la doctrina de los gobiernos de facto.
Su gobierno disolvió el Congreso, declaró el estado de sitio e intervino todas las provincias.
Aunque públicamente declaraba respetar la Constitución, sus actos de gobierno estaban orientados a retornar al régimen conservador, previo a la sanción de la Ley Sáenz Peña de voto universal y secreto para varones.
Estableció un duro régimen represivo, que incluyó por primera vez, la utilización sistemática de la tortura contra los opositores políticos, mediante la creación de la Sección Especial de la Policía Federal con ese fin. Detuvo a varios dirigentes políticos, entre ellos a Hipólito Yrigoyen, impuso censura a los diarios, intervino las universidades anulando el régimen de autonomía y cogobierno establecido desde la Reforma Universitaria de 1918.
A principios de 1931 llamó a elecciones en la provincia de Buenos Aires, pero luego las anuló debido a que había ganado la Unión Cívica Radical.
En noviembre de 1931, Uriburu convocó nuevamente a elecciones, luego de prohibir las candidaturas del radicalismo, organizando además un sistema electoral que era visiblemente fraudulento. En estas condiciones resultó "electa" la fórmula presidencial del partido llamando “Concordancia”, integrada por el general Agustín P. Justo y Julio Argentino Roca (hijo).
Agustín P. Justo asumió como Presidente el 20 de febrero de 1932.
Un escandaloso negociado
De esta triste época de la historia argentina, el caso de corrupción más grande y evidente fue el de las carnes, derivado del pacto Roca-Runciman, al que le dediqué recientemente unas líneas en ocasión del homenaje a Lisandro de la Torre. Pero otro caso menos concocido y sin embargo también catastrófico para los ciudadanos fue el del monopolio de la concesión del servicio eléctrico a Capital Federal y Buenos Aires.
Corría el año 1936 y la empresa monopólica de electricidad amenazaba a los usuarios y al gobierno que de no aumentar las tarifas, no podría seguir brindando el servicio. Además de la suba de tarifas, le empresa exigía que se quitaran de los pliegos de concesión firmados anteriormente, los artículos que la obligaban a ampliar sus instalaciones y cableado para la mayor producción y distribución de la corriente eléctrica.
La empresa era de capitales belgas, subsidiaria de una multinacional de nombre Sofina; para lograr sus aspiraciones económicas usó sus presiones a nivel internacional y recursos diplomáticos para salir favorecida. Pero su estratagema no se limitó a esto, sino que además comenzó a hacer lobby y sobornar a consejales de diversas bancadas y a comprar avisos publicitarios en la prensa escrita para manipular a la opinión pública.
En el transcurso de 1936 la denominada “Compañía Argentina de Electricidad” (Sociedad Anónima que se creó para evadir impuestos), que hasta entonces tenía el monopolio de abastecimiento de la electricidad a la Capital Federal, debía renegociar y prorrogar sus pliegos hasta 1997 y además quería ampliar sus dominios sobre la provincia de Buenos Aires.
El 29 de octubre de 1936, con los votos de radicales, conservadores y socialistas independientes, el Consejo Deliberante de Buenos Aires promulgó la ordenanza 8.029 otorgando a la empresa una nueva concesión hasta el 1997. Dentro de lo firmado, el Estado le perdonaba a la empresa el reintegro de millones de pesos que había cobrado de más a los consumidores, argumentando que había sido una “confusión”, además quedaba exenta de pagar impuestos por sus edificios.
Posteriormente la Comisión Investigadora de los Servicios Públicos de Electricidad de la Ciudad de Buenos Aires descubrió las irregularidades que subyacían a dicha ordenanza. Entre ellas, se descubrió que los proyectos de la ordenanza y hasta los discursos de los consejales a su favor, fueron redactados por el personal de la compañía, bajo la supervisión de Sofina. Y se demostró también que cada consejal que votó a favor del ordenanza recibió sobornos; esos “pagos” se extendieron además a figuras prominentes del gobierno del General Justo, como Carlos Saavedra Lamas y Federico Pinedo, Ministro de Hacienda, entre otros.
El contrapunto de los actos corruptos de la década infame fue la pobreza de la mayoría. Su expresión más visible es el nacimiento de la villa 31 en Retiro. Miles buscando un mísero empleo migraban del campo, de las provincias, a la Capital Federal, la pobreza, la explotación, el trabajo temporario hicieron que se fueran creando poco a poco aquellos asentamientos precarísimos que terminarían albergando generaciones enteras de desamparados sociales.
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