Con su presentación del 28 de mayo de 2008 el fiscal Nisman abrió una puerta en la causa AMIA. Los investigadores del atentado, periodistas, historiadores y todos aquellos que buscan una aproximación a la verdad de los sucesos, llaman a ésta la "pista siria", aunque se trata en realidad de algo bastante más complejo.
Me propongo explicar en pocas líneas al lego, al que era pequeño en el 94, lo sucedido en la mañana aquel fatídico 18 de julio de 1994, junto a los desvíos causados por orden del ex presidente Menem, según denuncia ahora el fiscal Nisman.
De las infinitas versiones sobre la forma en que el atentado fue perpetrado, dos se destacaron sin lugar a dudas: utilización de un volquete o una Trafic.
La perpetración.
Los primeros cuerpos de la causa contienen lo esencial. Allí se demostró, sin lugar a dudas y en forma contundente, con solicitud de detención aprobada por Galeano, que el edificio de la Asociación Mutual Israelita había sido volado utilizando un volquete, que minutos antes de las 10 de la mañana había sido dejado en la puerta de la entidad por un camionero misionero de nombre Juan Alberto López.
La prosecución de la causa, que avanzó rápidamente, determinó que el dueño de la empresa de volquetes Santa Rita, era el libanés Nassib Haddad, y que éste había adquirido ilegalmente grandes cantidades de Amonal, el explosivo utilizado en la voladura. Vale destacar que el amonal fue inventado por los nazis en la década del 30’. Además de los explosivos, lograron secuestrarse detonadores y todos los elementos necesarios para perpetrar el atentado. Desde Líbano, fuentes diplomáticas argentinas informaban que el grupo terrorista Hezbollah se había responsabilizado por el atentado.
Diez o quince días después de la criminal acción, había suficiente material en la causa como para cerrar la investigación y mandarla a juicio. Otro volquete del mismo viaje de López, había sido enviado hacia la calle Constitución 2657, dónde por entonces funcionaba un taller mecánico "ilegal", al que se accedía por debajo de la autopista 25 de mayo. La pesquisa determinó que ese lugar estaba vinculado a un empresario textil, de origen sirio llamado Jacinto Kanoore Edul, cuyas propiedades eran linderas, procediéndose a la detención de miembros de la familia Edul.
A partir de ese momento, la causa comienza a transitar un desvío sin retorno. Aparece en escena como acto de magia una Trafic blanca que nadie había visto, transformándose pronto en un objeto de culto. Cualquier detractor que negara su existencia, al mejor estilo de las persecuciones medievales del Santo Oficio, era excomulgado y arrojado a la hoguera. Galeano, juez de la causa devenido en un Torquemada moderno, comenzó las persecuciones. Cualquier mención al volquete se transformó en mortal herejía. Un puñado de periodistas, escritores e historiadores sufrimos la envestida. Los que no abjuramos, desde algunos renglones en un puñado de diarios de la comunidad judía pudimos susurrar: Eppur si muove.
Los grandes diarios se sumaron en vergonzosa sumisión rebañega a la versión oficial que llevó luego a que todos los implicados fueran declarados inocentes, a excepción de quienes habían llevado adelante la investigación.
La embestida encubridora fue tal que pocas personas vislumbraron que quienes desviaban la causa hacia la Trafic blanca eran miembros de la banda terrorista.
Era algo sencillo pero invisible: había perpetradores, camionero y dueños del volquete -los Haddad- , encubridores, los que inventaron la existencia de la Trafic blanca con suicida, e ideólogos, los extranjeros cuya detención sin éxito se solicita mediante INTERPOL.
La causa a finales del siglo fue apresuradamente remitida a juicio, ya que el gobierno menemista se derrumbaba. Con ese pecado original, los encubridores fueron presentados como perpetradores. Al proponer falsamente que con la Trafic se había cometido el atentado, en el juicio nada se pudo demostrar excepto una asombrosa operación de encubrimiento. Todos quedaron libres.
Por cuestiones legales, no es posible volver a la hipótesis que se planteó oficialmente al comienzo de la causa, es decir la voladura de AMIA mediante la utilización de un volquete. Nisman abrió sin embargo una puerta. No nos lleva ésta hacia la "verdad revelada". Se insiste en la teoría plantada por los terroristas sobre la utilización de una Trafic blanca, pero nos permite conocer cómo actuó el gobierno a favor de evitar que se investigara a ciertos personajes: los Edul.
Lo cierto resulta ser que el taller de la calle Constitución 2657 constituyó un punto de encuentro entre una empresa que había adquirido los explosivos utilizados, Santa Rita/Hadad, y Edul que lo utilizaba más su llamada a Telleldín y la conexión con Rabbani. En una zona geográfica minúscula habían convivido desde acusados de terrorismo hasta expertos en secuestro de judíos, es decir algunos miembros de la familia Ahmed.
La presentación de fecha 28 de mayo de 2008 contiene párrafos que algún día serán históricos:
".... a lo que se añadía la llamativa colocación del volquete, el mismo día del atentado, a metros de su domicilio particular (debo consignar nuevamente aquí que el camión que depositó ese contenedor venía de hacer lo propio, justamente, frente a las puertas de la mutual judía), una tercera circunstancia, cuya directa vinculación con el caso resultaba, a esas alturas, francamente incuestionable, venía a empeorar la posición de Alberto Jacinto Kanoore Edul en la causa. Esta circunstancia tiene que ver con el secuestro durante el allanamiento de su local comercial de una de sus agendas personales, en una de cuyas páginas figuraba el nombre de quien, a la fecha del atentado, se desempeñaba como Consejero Cultural de la Embajada de la República Islámica de Irán en la Argentina, Mohsen Rabbani y la dirección de la mezquita de la que era sheik."
Luego de estas aseveraciones, afirma el Dr. Nisman:
..."Concretamente, la labor de análisis e investigación desplegada en esta Unidad Fiscal desde el 8 de febrero de 2005 –fecha en que nos fue delegada la investigación principal del atentado– puso al descubierto la existencia de aquello que bien puede ser calificado como un plan deliberadamente ideado a fin de proteger y encubrir a quien, desde el comienzo mismo de la pesquisa, aparecía como uno de los máximos sospechosos de haber tomado parte en el brutal atentado perpetrado el 18 de julio de 1994: Alberto Jacinto Kanoore Edul.
En ese sentido, y conforme podrá apreciarse con mayor claridad en el desarrollo de las páginas siguientes, se verá también que este plan al que hago referencia obedeció a una orden directa emanada desde lo más alto del gobierno del entonces Presidente de la Nación Dr. Carlos Saúl Menem, y su efectiva concreción no habría sido posible sin la aquiescencia y el acatamiento de los distintos funcionarios públicos que, desde el ámbito judicial como así también desde la Policía Federal Argentina y desde la ex Secretaría de Inteligencia de Estado, llevaron adelante la maniobra.
Del mismo modo, y con sustento en las distintas evidencias que serán examinadas en los acápites pertinentes, aspiro a dejar suficientemente demostrado, con el grado de certeza que la presente denuncia requiere, que la razón principal de tan irregular proceder se debió a los estrechos vínculos acreditados entre los sujetos a quienes se debía investigar y quien, por aquel entonces, ejercía la primera magistratura del país.
Finalmente, y conforme los múltiples elementos de juicio que serán ponderados a lo largo del presente dictamen, se verá también de qué manera aquel inicuo concurso delictivo –claramente reflejado en un despliegue jurisdiccional que constantemente alternó entre la actividad irregular y la inactividad dolosa– rindió, a la larga, sus frutos, ya que condujo a la investigación de este aspecto del hecho a un punto del que, como consecuencia directa de aquel encubrimiento, resultará muy difícil retornar.
En resumen, y para ponerlo en términos más sencillos, el análisis de los múltiples elementos de convicción arrimados a la causa, juntamente con el resultado de las distintas diligencias emprendidas desde esta Unidad Fiscal, permitió descubrir que, en los primeros tiempos de la investigación, existió una orden expresa, que fue debidamente acatada, de no investigar a la familia Kanoore Edul, de protegerla y proveerle impunidad."
Quedará demostrado que esa orden emanó directamente de la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional de entonces, y que las razones para semejante directiva deben buscarse en la relación de los Kanoore Edul con la familia presidencial. Se probará, finalmente, que los funcionarios que recibieron esa directiva (el ex juez de la causa, un ex alto jefe de la Policía Federal Argentina y el Secretario y un Subsecretario del servicio de inteligencia, entre otros funcionarios que la pesquisa logrará determinar) la llevaron a la práctica de una manera tan efectiva que terminaron boicoteando una de las principales líneas de investigación sobre la conexión local del atentado."
Ahora la cosa es diferente. Se inicia aquí una larga etapa. No es nada mágico ni definitivo, pero nos permitirá conocer en profundidad uno de los eslabones de la cadena de impunidad lograda por los terroristas hasta el momento. Es sólo un fiscal que acusa al ex presidente de encubrimiento en una causa por terrorismo que causó 85 muertos e infinito sufrimiento. Las preguntas son muchas, pero una resalta sobre la lisura; ¿Qué motivos reales tenía Menem para proteger a semejante grupo terrorista? Al parecer muchos.
Si algo me motiva a proseguir investigando, es la resistencia que un grupo de diarios y revistas de la comunidad judía opone a la impunidad y al olvido. Resulta algo no menor en un mundo tan mezquino. La presentación de Nisman trae esperanza. Es de alguna forma un camino que sabemos errado, que esconde sin embargo en alguna parte la bifurcación que nos llevará con el tiempo a aproximarnos a la verdad de los hechos.
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