El Centro de Estudios Legales y Sociales y Memoria Activa solicitaron al gobierno nacional que informe los detalles de la reforma del sistema de inteligencia por la que indicaron que se “eliminó la obligación de registrar los fondos de la Secretaría de Inteligencia y el uso que se les da” a esos recursos. Se trata del decreto 656/2016, publicado el lunes 9 de mayo, que con el argumento de “agilizar las instancias administrativas usuales de gestión”, derogó el “Régimen de Administración de Fondos de la AFI”, creado en julio de 2015 por el decreto 1311/15.
“Esta decisión revirtió uno de los aspectos más relevantes de la reforma del sistema de inteligencia realizada en 2015 que, con 10 años de demora, comenzaba a cumplir con las obligaciones que el Estado había asumido con las víctimas del atentado a la AMIA mediante el decreto 812/05. Hasta el momento no se publicó un nuevo régimen de administración de los fondos”, destacaron en un comunicado del CELS. Desde el CELS y Memoria Activa señalaron que “esta regulación establecía qué fondos debían tener estado público y cuáles debían permanecer reservados”.
A su vez informaron que presentaron una nota al jefe de gabinete Marcos Peña “solicitando que se informen los detalles de esta reforma, cuál será la política de publicidad y secreto de las actividades de inteligencia y cómo se cumplirán los compromisos asumidos por el Estado en 2005”.
“La discrecionalidad y la opacidad con la que los servicios de inteligencia utilizaron los fondos y la falta de controles internos y externos explican gran parte de las maniobras que lograron ocultar la verdad de lo ocurrido en el atentado a la AMIA”, explicaron. Asimismo agregaron que en 2005, el Estado firmó con Memoria Activa, un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde se comprometió, entre otras cosas, a “transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia”.
En ese marco aseguraron que “fue recién en enero de 2015, con la reforma de la ley de inteligencia” que se incluyeron “principios generales para transparentar el presupuesto de la AFI y lograr un mayor control del uso de los fondos reservados”. En julio de 2015 el decreto reglamentario 1311/15 reguló los procedimientos administrativos necesarios para que todos los gastos de fondos reservados quedaran registrados, y señalaron que “por primera vez se estableció que el secreto no era la regla de la estructura administrativa y presupuestaria de la agencia de inteligencia central sino la excepción cuando determinadas cuestiones lo requirieran”.
“Durante los diez meses que estuvo en vigencia, el sistema establecido por el decreto 1311/15 no se aplicó en todas las áreas de la AFI. Este nuevo decreto, en lugar de reforzar esa normativa y establecer reglas para que se adecuen las prácticas, la deroga ‘para agilizar la gestión'”, expresaron.
Por último, ambos organismos expresaron que “estas decisiones incumplen el compromiso asumido con las víctimas del atentado a la AMIA y su orientación implica que el sistema de inteligencia sostenga su capacidad de operar sin rendir cuentas”, y subrayaron que con estas modificaciones se está “volviendo a un esquema regulatorio que consolida el funcionamiento secreto que llevó a la crisis del sistema”.
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