El de la AMIA fue uno de los dos atentados que hubo en la Argentina. Dos fueron también las pistas, la siria y la iraní,
aunque el menemismo se ocupó de que la primera se abandonara. Y dos, uno de la colectividad judía y otro del sector judicial, son los grupos implicados que hoy intentan desviar la atención. En cambio, los procesados por encubrimiento son trece, las pruebas son infinitas y la estrategia de Macri es una sola: la embestida mediático-judicial contra la ex presidenta.
La estrategia de Mauricio Macri ha sido tratar de arrinconar a Cristina Kirchner con una ofensiva mediático-judicial. No es
una elucubración, sino un dato de la realidad. Son causas que solamente pueden progresar por la presión de los medios ofi-
cialistas y por la complicidad de un sector del Poder Judicial. Ahora se sumó el tema AMIA con la confluencia inédita de la dirección derechista de la colectividad judía. Es una situación insólita porque se trata de un tema muy sensible para los argentinos, por la impunidad, por la cantidad de víctimas y, al mismo tiempo, porque fue oscurecido y manipulado. Las causas que quieren impulsar en relación con este atentado contra la ex presidenta, por encubrimiento o por traición a la patria, tienen el respaldo de dos conspicuos miembros del ala judicial del menemismo: el juez Claudio Bonadio y el fiscal Germán Moldes. Sus antecedentes tendrían que alarmar a la colectividad judía, en vez de permitir que la asocien con ellos. Los dos han sido acusados de negarse a investigar los obstáculos que puso desde el principio el Gobierno menemista a la investigación.
Difícilmente estas causas puedan prosperar, pero le darían a Bonadio la posibilidad de pedir numerosas medidas de prueba que no aportarían a la investigación real del atentado, pero que mantendrían durante varios meses a Cristina Kirchner en el foco de este ataque.
Encubrimiento menemista
En contrapartida, el juicio que está realizando el TOF 2 por el encubrimiento del atentado permitiría avanzar sobre los
motivos, un aspecto central que no está aclarado en la causa de fondo. Si se conoce la razón del encubrimiento, se avanzará
sobre los motivos del atentado en sí. No es un hueco menor de la investigación, porque siempre el motivo es el punto de partida para la investigación de un delito. Y no es menos conspicuo el hecho de que, cuando comienza este juicio, los sectores de la Justicia y de la colectividad judía que están involucrados sean los mismos que quieren acusar ahora al Gobierno de Cristina Kirchner por el famoso memorándum que Irán nunca quiso efectivizar. Los encubridores acusan de encubrimiento. El tema AMIA está lleno de estas paradojas que surgen de la oscuridad en la que fue sumergido, atravesado por intereses geopolíticos y presiones de la derecha local. Hubo dos ataques de gran envergadura con sólo dos años de diferencia (1992 y 1994). Y durante veintitrés años nada más. Si los terroristas hicieron dos ataques tan complicados y espectaculares, contra la embajada de Israel y contra la AMIA, en un espacio de tiempo relativamente corto, es porque le asignaban una importancia estratégica en esa coyuntura al escenario que atacaban. Los blancos no se eligen al azar, la inteligencia que los designa busca un efecto
concreto. En ese momento todavía no existía ISIS y Al Qaeda permanecía en las sombras en Afganistán.
Los atentados fuera de la zona de conflicto no eran comunes. El que se realizó contra la AMIA fue el más grande de los que se habían cometido hasta ese momento. La CIA-FBI, el Mossad y la SIDE, los organismos de inteligencia que participaron
en la investigación, nunca explicaron este punto. Hay un motivo genérico que es el conflicto de Medio Oriente. Pero no se explica por qué se eligió para la mortífera irrupción –y dos veces seguidas– a la Argentina, y por qué después, automáticamente, salió de la mira.
En el juicio por encubrimiento hay trece procesados: el ex presidente Carlos Menem; el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, y dos de sus subordinados, Carlos Anchezar y Patricio Finnen; el ex juez a cargo de la causa, Juan José Galeano, y sus dos fiscales, Eamon Mullen y José Barbaccia; el ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja; el ex comisario Jorge “Fino” Palacios, ex jefe de la Policía Metropolitana; el ex comisario Carlos Castañeda; Carlos Telleldín, acusado de entregar el coche bomba; su esposa, Ana Boragni, y su abogado, Víctor Stinfale. Hay infinidad de pruebas de que la investigación fue saboteada desde el momento en que empezó, instantes después del atentado. Por si faltaran, está el testimonio de dos ex agentes infiltrados por la inteligencia de la Policía Federal, uno en la AMIA, desde los años ochenta, y otro, Claudio Lifschitz, que llegó a convertirse en secretario del juez Juan José Galeano. Iosi, el espía arrepentido es el libro que publicaron Miriam Lewin y Horacio Lutzky con el testimonio de este hombre que llegó a tener responsabilidades importantes en la AMIA. A su vez, el espía Claudio Lifschitz declaró en la causa y escribió un libro donde relató que el ex comisario Palacios lo introdujo como secretario en el juzgado. Dio cuenta de las órdenes que se El de la AMIA fue uno de los dos atentados que hubo en la Argentina. Dos fueron también las pistas, la siria y la iraní, aunque el menemismo se ocupó de que la primera se abandonara. Y dos, uno de la colectividad judía y otro del sector judicial, son los grupos implicados que hoy intentan desviar la atención. En cambio, los procesados por encubrimiento son trece, las pruebas son infinitas y la estrategia de
Macri es una sola: la embestida mediático-judicial contra la ex presidenta.
La estrategia de Mauricio Macri ha sido tratar de arrinconar a Cristina Kirchner con una ofensiva mediático-judicial. No es
una elucubración, sino un dato de la realidad. Son causas que solamente pueden progresar por la presión de los medios oficialistas y por la complicidad de un sector del Poder Judicial. Ahora se sumó el tema AMIA con la confluencia inédita de la dirección derechista de la colectividad judía. Es una situación insólita porque se trata de un tema muy sensible para los argentinos, por la impunidad, por la cantidad de víctimas y, al mismo tiempo, porque fue oscurecido y manipulado. Las causas que quieren impulsar en relación con este atentado contra la ex presidenta, por encubrimiento o por traición a la patria, tienen el respaldo de dos conspicuos miembros del ala judicial del menemismo: el juez Claudio Bonadio y el fiscal Germán Moldes. Sus antecedentes tendrían que alarmar a la colectividad judía, en vez de permitir que la asocien con ellos. Los dos han sido acusados de negarse a investigar recibían desde la Presidencia para que la investigación abandonara la llamada “pista
siria” y se enfocara en la “pista iraní” y en una banda de policías de la bonaerense para que la responsabilidad recayera en el
gobernador Eduardo Duhalde, enfrentado a Menem.
La investigación de la pista siria estaba enfocada en el ciudadano de ese origen Alberto Kanoore Edul, ya fallecido, amigo personal de Munir, hermano menor de Carlos Menem y nacido en Yabrud, el mismo poblado sirio de los Yabrán y de
Monzer Al Kassar. Munir era director de Audiencias de la Presidencia. Había una orden en el juzgado de Galeano de no
molestar a Kanoore Edul, cuya empresa textil había sido de las primeras en aportar a la campaña de Menem. Kanoore Edul
murió sin aclarar los llamados telefónicos que intercambió con Telleldín después de que se entregara la camioneta del atentado.
Y también quedó sin explicación su relación con el volquete que estaba en la puerta de la AMIA.
LOS ANTECEDENTES DE BONADIO Y MOLDES TENDRÍAN QUE ALARMAR A LA COLECTIVIDAD JUDÍA,
EN VEZ DE PERMITIR QUE LA ASOCIEN CON ELLOS. LOS DOS HAN SIDO ACUSADOS DE NEGARSE A
INVESTIGAR LOS OBSTÁCULOS QUE PUSO EL GOBIERNO MENEMISTA A LA INVESTIGACIÓN.
Varios testigos confirman estos movimientos para incriminar a la banda de policías que aparecía encabezada por el ex subjefe de la temible Brigada de Investigaciones de Lanús, Juan José Ribelli. Hay varios testimonios sobre la protección oficial a
Kanoore Edul. Hay videos de Galeano comprando el testimonio de Telleldín contra los bonaerenses. La causa por encubrimiento tiene una montaña de pruebas. Conclusiones: los terroristas que realizaron dos mega atentados fijaron a la Argentina como un blanco estratégico durante el menemismo. Y el menemismo se esforzó por obstaculizar la investigación de los atentados.
Antecedentes non sanctos
Esta causa por encubrimiento pasó de la fase de investigación a la de juicio oral a mediados del año pasado, y ahora se han
renovado las audiencias. En ese contexto, desde la conducción actual de la colectividad judía, vinculada a Rubén Beraja, y desde sectores judiciales relacionados con el ex ministro del Interior, Carlos Corach, denunciado como el intermediario entre
Carlos Menem y el juez Galeano, se redoblaron los esfuerzos por derivar la atención contra Cristina Kirchner y el
ex canciller Héctor Timerman. Estos dos grupos, uno de la colectividad judía y el otro del ámbito judicial, están englobados en el PRO y relacionados en forma personal con Mauricio Macri y Carlos Menem. Es un tema político y no de colectividades,
aunque la dirección de la DAIA y la AMIA pretendan convertirlo en eso. Los vínculos de este sector con el PRO no son clandestinos.
En el último acto que realizaron la AMIA y la DAIA en el aniversario del atentado y al que no asistió la mayoría de los familiares de las víctimas, participaron Macri y varios de sus ministros y nadie habló del encubrimiento. Los vasos comunicantes son variados. El actual secretario de Derechos Humanos del Gobierno de Macri, Claudio Avruj,
fue nominado como ex director ejecutivo de la DAIA por el acusado Rubén Beraja.
El diputado del PRO Waldo Wolf fue vicepresidente de la DAIA y es un furioso lobbista anti K. El secretario general de la
DAIA, Santiago Kaplun, es director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Medio Ambiente que encabeza el rabino Sergio
Bergman. La relación con el macrismo se evidencia también en la valoración que unos y otros hacen del ex comisario Jorge “Fino” Palacios. Macri dijo que lo iba a designar al frente de la Metropolitana por consejo de la embajada norteamericana. Pero ya había trabajado con él cuando estaba en Boca.
AMIA y DAIA le dieron un premio “por contribuir a la seguridad de la colectividad judía” y, a pesar del juicio, todavía no se lo
han retirado. No se trata de la colectividad judía de un lado y el antisemitismo del otro: los que hicieron las denuncias por
encubrimiento e involucraron a Palacios fueron los familiares de las víctimas del atentado.
Es difícil imaginar que, si hubo encubrimiento en la primera etapa, la CIA-FBI y el Mossad no tuvieran conocimiento. El encubrimiento buscaba también una condena política que coincidiera con los intereses geopolíticos que representan estos organismos extranjeros como parte del dispositivo de las derechas israelí y norteamericana. Claudio Bonadio fue apartado de la investigación porque no quiso investigarlo, y es uno de los jueces de la servilleta de Carlos Corach, de quien fue, además, colaborador político en el Ministerio del Interior. El fiscal Germán Moldes fue colaborador del ex ministro José Luis Manzano y es un hombre muy cercano a la SIDE desde la época de Hugo Anzorreguy, otro imputado por encubrimiento. Moldes es amigo de Carlos Menem y fue acusado por el escandaloso otorgamiento de la residencia y el pasaporte argentino al traficante de armas sirio Monzer Al Kassar, al que ningún país aceptaba. La “ineptitud” de Nisman
Tras la muerte de Nisman, que participaba en la investigación desde 1997, la Unidad de Investigación AMIA quedó integrada
por los fiscales Sabrina Namer, Roberto Salum y Leonardo Filippini, que en poco tiempo presentaron un informe preliminar
que mostró las graves falencias (o el desinterés) en el trabajo del fiscal fallecido. En veintitrés años no se había interesado en identificar a uno de los cuerpos que se encontraron entre las ruinas de la entidad judía tras el estallido. A mediados de agosto,
con la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense, al que Nisman nunca convocó, se pudo identificar a esa víctima, Augusto Jesús, un muchacho de veintiún años que había asistido con su madre a uno de los talleres que se ofrecían en la AMIA.
De la misma manera, nunca se le hizo el estudio de ADN a los restos de sangre que se encontraron en el acelerador de la combi
que supuestamente llevaba los explosivos. Tampoco se hizo un estudio de ADN a los hermanos del supuesto terrorista suicida,
que la CIA-FBI y el Mossad identificaron como el libanés Ibrahim Hussein Berro. Y, finalmente, hay una víctima, León Gregorio Kompel, cuyo cuerpo no aparece pese a que su familia asegura que estaba en la AMIA cuando se produjo el estallido.
En 2003 fue detenido por INTERPOL en Londres el que fue embajador de Irán en la Argentina durante el atentado, Hadi Soleimanpour, pero fue liberado porque la Justicia británica evaluó que la documentación que había enviado la Justicia
argentina no reunía prueba suficiente para su extradición. Nisman aseguraba que se había avanzado desde esa fecha, pero no pudo mostrar ninguna prueba nueva. Si INTERPOL hubiera detenido a cualquiera de los otros seis funcionarios o ex
funcionarios iraníes acusados, es probable que se hubiera repetido el mismo papelón que con Soleimanpour. En ese contexto,
el juicio en ausencia que ahora impulsa el Gobierno de Macri, con una retroactividad que la Constitución prohíbe, aparece como
el intento de forzar el cierre político de la investigación con una condena en ausencia. El historial de Nisman demuestra que se
prestó a la manipulación de la causa por parte de los servicios de inteligencia. No investigó hechos concretos y se orientó a una
definición política contra los iraníes, que era el objetivo de las derechas norteamericana e israelí. Es difícil saber si los iraníes fueron los responsables del atentado o no, pero lo real es que la investigación Nisman tiene muchos agujeros y no producía nuevas pruebas desde hace varios años. El intento final del fiscal, de atropellar al Gobierno kirchnerista, mostró mucha intención política y ninguna prueba. Así quedó expuesto en los tribunales, lo cual reafirmó la hipótesis de su suicidio. Lo mismo sucede en esta ocasión con la denuncia impulsada por Moldes y puesta en operación por Bonadio. Por enésima vez, la causa AMIA es manipulada con fines políticos. Resulta patético que la representación comunitaria de la colectividad judía participe en una maniobra de baja calidad democrática que aleja la posibilidad de aclarar alguna vez el atentado y de proveer justicia a las víctimas y sus familiares.
*Subdirector Página 12
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