¿A quién le conviene el fallo de Bonadio? se pregunta Gabriel Ziblaten una concisa y muy acertada nota referida a la reciente resolución del juez en la causa por “traición a la patria”[1]. El autor descarta todo beneficio posible de Cristina Kirchner, del gobierno de Mauricio Macri, e inclusive, personalmente del mismo juez Bonadio. Su conclusión es totalmente estremecedora. “No está claro quién se beneficia con este fallo. Lo que sí queda claro es que la Argentina suma un papelón más en torno a la investigación del atentado a la AMIA, con 85 almas a las que sólo les queda reclamar memoria, porque la Justicia parece cada vez más inalcanzable”.
No hay duda que la descripción de “papelón” es muy apropiada, solo que Ziblat pasó por alto un detalle muy significativo de esta saga en el análisis de la búsqueda de beneficiarios del discutido fallo. El autor de la nota no prestó la suficiente atención a la conveniencia de DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) y ciertos sectores del liderazgo judío argentino en el enjuiciamiento de la ex presidenta argentina por traición a la patria.
Mientras que Macri guardaba silencio y el gobierno mostraba síntomas de incomodidad por considerar un exceso las solicitudes de detención del Bonadio[2], DAIA daba su asentimiento escondiéndose detrás de la farsante excusa que seguramente “Bonadio conocerá algo que no conocemos”[3].
Sepultar la justicia
Desde el momento en que el fiscal Nisman presentó la acusación original por traición a la patria argentina, esta institución judía, que dice ser “la representación política de la comunidad judía argentina” y presiona reiteradamente al gobierno nacional argentino en favor de intereses de Israel, no dejó de ser una de las partes mas activas en el frente y en la retaguardia del empuje de la acusación en contra de la ex presidenta de los argentinos, su ex canciller y otros funcionarios y vinculados.
Estos esfuerzos comenzaron de inmediato con la decisión del juez Rafecas de desestimar la acusación de Nisman en febrero de 2015 y continuaron con un permanente fogoneo de la causa a distintos niveles. En forma paralela, el juez Rafecas recibió el trato según la conocida tradición judía que la valoración de todo dictamen de encumbrados personajes o jueces no judíos se mide con la regla de la conveniencia.
En tanto y en cuanto Rafecas se dedicó a investigar y publicar obras referidas al holocausto judío, la colectividad judía local lo alabó y condecoró. La desestimación mencionada ya es otro cantar. Como consecuencia de ello, Waldo Wolf, Diputado Nacional y ex vicepresidente de DAIA, solicitó su juicio político en virtud de “supuestas maniobras realizadas para “desacreditar” al fallecido fiscal Alberto Nisman, quien antes de aparecer muerto en confusas circunstancias había denunciado a la ex presidenta Cristina Kirchner por encubrir a los iraníes acusados de volar la AMIA”[4]. O eres mi amigo incondicional, o eres mi enemigo. No hay medias tintas.
El trágico acontecimiento de la dudosa muerte del fiscal Nisman determinó que, tras una década de investigación del difunto fiscal, las pesquisas del atentado de AMIA pasen a jurisdicción de un nuevo grupo de fiscales. Transcurridos casi 3 años de trabajo de la nueva Unidad Fiscal AMIA se puede decir, con alto grado de certeza, que el proceso de esclarecimiento del caso está estancado e inclusive da pasos atrás en relación al legado de Nisman.
A principios de este mes la FBI de EE.UU. informó que los restos recuperados por esa unidad de investigación argentina de ninguna manera pertenecen a Ibrahim Ferro, mencionado como el conductor suicida en el atentado de AMIA por el fallecido fiscal. Este resultado, por el momento, tira por el suelo una de las principales hipótesis del dictamen de Nisman que culminó acusando a los iraníes[5].
Esta histórica constelación en el devenir institucional argentino se presentó como una oportunidad imperdible para que DAIA logre uno de sus encubiertos objetivos: convertirse en un significativo factor de poder en el ámbito nacional de ese país. Dar un escarmiento al gobierno anterior frente a toda la sociedad local se convirtió en el cometido mas importante, a tal punto, que la investigación del atentado de AMIA pasó a un segundo plano.
Desde el momento que se les cruzó la gran e inmediata oportunidad de meter presa a Cristina, no hay ninguna urgencia ni mayor importancia en invertir grandes esfuerzos en dilucidar lo ocurrido hace más de dos décadas.
DAIA y Cristina en tiempos de romance
Sin que reconozcan la deliberada intención de deslindar responsabilidades de una misión que los desconcierta, directivos de DAIA comenzaron a barajar el proyecto de procesar judicialmente a los acusados por Nisman en un juicio en ausencia. En pocas palabras, cerrar el caso por conveniencia, inclusive, a costa de sepultar históricos principios de la justicia argentina.
Con el objetivo de nacionalizar este proyecto, en el ambiente judío se llegó al absurdo de proponer la disparatada idea que ese nuevo marco judicial es lo más apropiado para juzgar prófugos de la dictadura militar argentina. Lo mas descabellado de la proposición lo constituye el ejemplo en que se basan.
Aníbal Gauto es un argentino imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina en la década del 70 del siglo pasado. Gauto es un prófugo de la justicia argentina y hoy reside en Israel con ciudadanía local, país que por el momento se niega a ponerlo a disposición de la justicia argentina. El juicio en ausencia “permitirá avanzar en causas como las que se mencionan (atentado a la Amia y Aníbal Gauto) y lograr destrabarlas y avanzar a una sentencia, logrando lo que parece no ser posible de otra forma procesal”[6]. A la justicia la sepultan, pero se sienten muy satisfechos de cerrar el caso.
En otro aspecto, no solo se trata de un proyecto desatinado, mucho peor es la equiparación intrínseca en el proyecto de las conductas de Israel a Irán. La conclusión no da lugar a dudas. O se debe dar tratamiento indulgente a Irán, como se lo otorgan a Israel, o Israel debe ser acusada en ONU como a los iraníes.
Nadie debe descartar que, probablemente, el día de mañana, en otra constelación política, un fiscal del tipo Nisman, Moldes o Pollicita lleve a juicio a los promotores de la ley de enjuiciamiento en ausencia por entorpecer un posible avance en las investigaciones del caso AMIA. Sin alejarse del tema, se sabe que en estos días un ex presidente argentino y un ex presidente de DAIA están esperando sentencia en un juicio bajo esa misma acusación.
El marco institucional argentino debe prestar mucha atención a la manifiesta predisposición a apoyar las demandas de un sector minoritario, aunque muy poderoso, cuya única pretensión es dar una lección a un sector político que actuó, según su punto de vista, en contra de sus intereses. En este caso específico, esa voluntad puede arrastrar a la sociedad argentina a una situación futura con un sistema judicial mucho más enviciado e incompetente de lo que es hoy.
Ojalá me equivoque
[1] “¿A quién le conviene el fallo de Bonadio?”, Gabriel Ziblat, Perfil, 7-12-17
[2] “El Gobierno se mostró incómodo y evaluó como un “exceso” el pedido de detención” La Nación, 8-12-17
[3] “La comunidad judía, sobre las detenciones: “Bonadio conocerá algo que no conocemos”, Ámbito, 7-12-17
[4] “Piden el juicio político del juez Daniel Rafecas por “tergiversar pruebas para desacreditar” al fiscal Alberto Nisman”, Infobae, 21-6-16
[5] “La FBI refuta la hipótesis de Nisman”, Página. 12, 1-12-17
[6] “Juicio en ausencia, la solución para los prófugos de la justicia argentina”, Plural Jai, 3-12-17
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