La imputación a Irán por el atentado a la AMIA ha sido dirigida desde el principio por la enemistad de los Estados Unidos con los persas (en ese momento), no por el deseo real de encontrar a los verdaderos responsables. El gobierno argentino, la exSIDE, los fiscales (anteriores y actuales) y la dirigencia política judeo argentina actuaron (hastatrama que se tejió sobre la verdad de lo sucedido.
AMIA: Porcesaron al presidente del Tribunal por encubrimiento
El juez Ariel Lijo lo acusa junto a otros cuatro sospechosos de presionar a personas investigadas en la causa para orientar la investigación contra el ex comisario Juan José Ribelli, que resultó absuelto.
El presidente del Tribunal de Casación Bonaerense, Federico Domínguez, fue
procesado por el delito de extorsión por su actuación como abogado en los inicios de la causa por el atentado contra la AMIA. La resolución fue firmada por Lijo, que también procesó a Luis Ernesto Bica, el ex comisario de la Policía Bonaerense que estuvo a cargo de la investigación por la voladura de la mutual y ya enfrentó un juicio por presunto espionaje a jueces, ex funcionarios, políticos y agrupaciones de derechos humanos. La lista incluye, además, a los abogados Marta Parascándalo y Aldo Spicacci Citarella y al ex comisario Miguel Ángel Márquez.
Todos quedaron procesados porque, según la Justicia, habrían hecho ofrecimientos o ejercido presión a policías bonaerenses que estuvieron en un primer momento
imputados en la causa AMIA, cuando se investigaba la llamada "conexión local". Esas maniobras quedaron expuestas durante los tres años de juicio oral en el que fueron absueltos cuatro policías, entre ellos, el ex comisario Juan José Ribelli.
Los uniformados quedaron involucrados en la fallida trama judicial del atentado luego de las revelaciones del único detenido del caso por entonces, Carlos Telleldín, quien declaró a cambio de 400 mil dólares cuya entrega ordenó el juzgado y efectivizó la SIDE. En una reciente entrevista con Infobae,Telleldín confesó que el ex juez Juan José Galeano le ofreció además su excarcelación.
En su momento, Telleldín identificó a los policías que supuestamente le habían quitado la camioneta bomba que se estrelló contra la AMIA como parte de un "apriete", y también apuntó a una quincena de uniformados bonaerenses que habían cometido delitos graves, pero no vinculados al atentado.
Precisamente el pago a Telleldín, considerado espurio e ilegal, es parte de una serie de delitos por los que fueron enviados a juicio oral el actual abogado y su entorno, así como el juez Galeano, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbacci, el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy y el entonces titular de la DAIA Rubén Beraja, entre otros. En ese juicio -que no tiene fecha de inicio porque aún no pudo constituirse un tribunal ya que los jueces convocados se excusan- también debería sentarse en el banquillo el ex presidente Carlos Menem, sospechado de haber ordenado frenar un allanamiento en los primeros días del atentado, cuando la investigación apuntaba a la llamada "pista siria" y
salpicaba a allegados suyos, entre ellos, Alberto Kanoore Edul, cuya familia provenía del mismo pueblo sirio que los Menem.
La lista de convocados a ese futuro juicio se completa con Munir Menem, hermano de Carlos; los ex policías federales Jorge "Fino" Palacios y Carlos Castañeda, los ex espías Juan Carlos Anchezar y Patricio Finnen, y la ex esposa de Telleldín, Ana Boragni,
quien cobró los 400 mil pesos en dos cuotas.
Mientras se espera el juicio, la Cámara Federal instó a Lijo a profundizar la
investigación contra el ex ministro del Interior Carlos Corach y secretarios judiciales que actuaron bajo las órdenes de Galeano.
El magistrado avanzó ahora sobre otros involucrados: los sospechados de presionar a clientes o testigos para que colaboraran con la investigación de Galeano en el entonces expediente "Brigadas". A ellos se les pidió que declararan contra Ribelli a cambio de dinero en algunos casos, beneficios dentro de la fuerza en otros -como impedir que los declaren prescindibles- o mejorar su situación procesal cuando estaban detenidos.
"Se tuvo por acreditado que los sucesos que involucraron a Diego Barreda, Bautista Alberto Huici y Claudio Walter Araya fueron parte de aquella maniobra, cuyo objetivo principal fue recolectar prueba de cargo contra miembros de la Policía Bonaerense para que el magistrado obtuviera elementos para incriminar falsamente a Juan José Ribelli, Raúl Edilio Ibarra, Anastasio Irineo Leal y Mario Norberto Barreiro en el atentado a la AMIA", sostuvo la resolución.
Según el fallo, "Luis Ernesto Vicat, Federico Guillermo Domínguez, Marta Nélida
Parascándalo, Aldo Andrés Spicacci Citarella y Miguel Ángel Márquez materializaron las órdenes del juez de la causa en ese momento para concretar el objetivo de fundar imputaciones falsas".Lijo concluyó que "ya sea como abogados de personas implicadas en los hechos -como el caso de Domínguez y Parascándalo- o como auxiliares de Justicia del juez instructor para brindar colaboración en la dilucidación del atentado - tal el caso del ex miembro de la policía bonaerense Luis Ernesto Vicat-efectuaron presiones sobre personas investigadas por el juez para que declaren contra Juan José Ribelli, a cambio de los beneficios ya mencionados".
Para el juez, los procesados "actuaron con pleno conocimiento de la ilegalidad de sus actos y los del ex juez y, sin embargo, decidieron no apartarse de la maniobra que tiñó de ilegalidad la investigación de la causa AMIA".
El juicio se aproxima
El tribunal encargado del proceso pidió una sala para el segundo semestre de 2016. Serán juzgados, entre otros, Carlos Menem, Hugo Anzorreguy y el ex juez Juan José Galeano.
El Tribunal Oral Federal N 0 2, que tendrá a su cargo el juicio por las maniobras que hubo en el caso AMIA, le pidió ayer a la Cámara de Casación que le fije una sala en la que realizar las audiencias en la segunda mitad del año 2016. Es muy probable que la Casación ordene que el juicio se haga en la misma sala en que se hizo el anterior juicio por el atentado contra la AMIA, en Comodoro Py, pero el dato alentador –después de 22 años– es que hay una fecha en vista.
En paralelo, el fiscal especial Alberto Nisman pidió que se adelante el juicio todo lo posible. En el banquillo de los acusados estarán sentados, entre otros, el ex presidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, el entonces titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el expresidente de la DAIA, Rubén Beraja, así como el comisario retirado Jorge “El Fino” Palacios. El TOC2 estará encabezado por Jorge Gorini e integrado también por Néstor Costabel y Karina Perilli. La integración no fue fácil porque numerosos jueces se excusaron por distintas razones. Pero, además, por el increíble retraso en la instrucción y las apelaciones. Por ejemplo, la sala especial de la Cámara Federal revocó la semana pasada el sobreseimiento del ex ministro Carlos Corach y quienes fueran secretarios de Galeano: Javier De Gamas, Susana Spina y Carlos Velázquez. Con esa medida, la Cámara le ordenó al juez Lijo que apurara los tiempos, que llame a indagatoria a los secretarios y que
mientras tanto realice medidas de prueba sobre Corach. El fiscal Nisman se sumó a la Cámara aunque en otro sentido: pidió que se adelante el juicio todo lo que se pueda. La causa que se denomina “Encubrimiento” se origina en el desvío de la investigación del atentado. La acusación de fondo indica que hubo una orientación intencional para enfocar la investigación contra policías bonaerenses, en el marco de la guerra que por entonces llevaban adelante
Carlos Menem y Eduardo Duhalde. La maniobra se hizo a partir de una declaración del principal imputado, Carlos Telleldín, diciéndole al juez que le entregó la camioneta con la que se hizo el atentado a un grupo de uniformados de la Bonaerense, encabezados por Juan José Ribelli. Telleldín siempre jugueteó con esa hipótesis, pero luego se vio una negociación en dos videos, en que aparecían el juez y El Enano, como le decían a Telleldín, no sólo por el pago de
400.000 pesos/dólares, sino que incluso le señalaron las fotos de policías que él debía marcar para orientar la investigación contra esos uniformados. Hay una segunda vertiente en la causa: las maniobras realizadas en la investigación de Alberto Kanoore Edul. El ciudadano argentino de origen siriolibanés aparecía como sospechoso, entre otras cosas, porque registraba una llamada inexplicada a Telleldín ocho días antes del atentado. El juez ordenó allanar sus domicilios, pero la medida tardó nueve horas en concretarse, el propio Kanoore se enteró
antes de que se hiciera y el padre, viejoconocido de Menem, fue a la Casa Rosada a iniciar una gestión con el hermano del entonces presidente. Que el juicio se haga en 2016, 22 años después del atentado, indica las dificultades que hubo para avanzar en el expediente.
Trabajaron mucho los familiares y amigos de las víctimas agrupados en Memoria Activa, las demás agrupaciones de familiares e intervino también el Ministerio de Justicia a través de Juan Martín Mena, 29/12/2014 (Página/12: El país: Un juicio se aproxima http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/126262920141224.html 2/2) quien ahora es subsecretario de Inteligencia. La causa cobró vida luego de que el tribunal oral que hizo el juicio por el ataque a la AMIA considerara que la investigación “fue un armado al servicio de políticos inescrupulosos”.
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