El 18 de julio se cumplieron 22 años de la masacre impune de la AMIA. Un nuevo aniversario sin imputados ni presos ni condenados por el crimen más grave del terrorismo de Estado cometido en nuestro país desde la llegada de la democracia. Es decir, una herencia de impunidad y encubrimiento que nos dejaron los tres poderes del Estado. Macri ya ha pasado sus primeros siete meses de gobierno sin haber tomado ninguna medida concreta para conocer la verdad y, con ella, impulsar el juicio y el castigo para todos los responsables criminales y encubridores. Montado en las promesas de campaña, dejó caer el memorándum con Irán, pero eso no resultó un aporte para esclarecer nada. Desde entonces, el Gobierno redujo los anuncios públicos, aparece dividido sobre cómo actuar y muestra notorias dificultades para elaborar una política propia. Una parte de sus funcionarios siguen empeñados en los juicios contra ausentes para satisfacer las exigencias de Israel y la DAIA, simular juicios contra supuestos implicados iraníes y exculpar al Estado argentino de su responsabilidad criminal en el atentado. Esta política es parte de un acuerdo no escrito: tanto funcionarios israelíes como argentinos debaten en reuniones oficiales acerca de cómo dar por cerrado el caso al menor costo. Una próxima visita de Netanyahu al país serviría para coronar sin rencores esta construcción de mutuo beneficio y profundizar una alianza política, comercial y de seguridad. La propuesta, con el declarado propósito de simular un juicio y alcanzar la verdad jurídica oficial, pondría patas para arriba todo el sistema jurídico nacional. A lo heredado, entonces, suman su propio aporte para sostener el encubrimiento. Otro amplio sector de funcionarios y legisladores, tanto oficialistas como opositores, estarían dispuestos a debatir nuestra propuesta para formar una comisión investigadora independiente en el ámbito del Congreso Nacional. Pero eso es contradictorio respecto de la política del Gobierno y de la que algunos de los legisladores defendieron en el pasado. Porque la condición para constituir cualquier comisión investigadora es tener a su disposición los archivos secretos que el Estado sigue ocultando. Y desde que asumió, el Gobierno reforzó aún más el secreto sobre esos archivos. Van algunos ejemplos: “Macri le pidió a Obama abrir archivos vinculados a la dictadura en la Argentina y se felicitó por eso, pero hasta hoy se niega a abrir los archivos secretos propios vinculados al atentado a la AMIA, aun cuando lo venimos reclamando desde hace años y, de manera reciente, fue pedido por los fiscales”. Los archivos del crimen de la AMIA que supuestamente fueron abiertos por gobiernos anteriores son los residuos de esos archivos secretos y, aun así, siguen bajo control físico de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). El equipo de profesionales dependiente de la Procuración encargado de acondicionar esos documentos mal conservados, digitalizarlos y analizarlos podría demorar diez años más en completar su labor en medio de las dificultades diarias que la AFI impone y la negativa para ampliar el número de especialistas indispensables para concretar el trabajo en el corto plazo. Además, el Gobierno se niega a trasladar la documentación a una dependencia del Archivo de la Memoria acondicionada para conservar material de esa naturaleza. No sólo peligran los archivos en poder de la AFI, sino que también, con su negativa, el Gobierno refuerza el control de los espías sobre los archivos supuestamente abiertos. El panorama a nivel judicial no es más alentador. La llamada causa AMIA es una de las más de 70 vinculadas al atentado. El juicio que sustancia el TOF N° 2 contra Menem, Galeano y ex funcionarios de la SIDE y de la Policía Federal por las irregularidades y delitos cometidos en la instrucción de la causa AMIA se lleva a cabo con los archivos secretos cerrados. Aun así, muchos de los testigos y buena parte de los acusados apuntaron hacia las responsabilidades que tuvo la ex SIDE en el armado del encubrimiento y las irregularidades. La defensa del secreto de Estado y de las actividades criminales de los espías se traduce en una mayor protección para los principales imputados en el mal llamado juicio del encubrimiento. En este punto, la política del gobierno de Cambiemos no fomenta cambio alguno y se convierte en una prolongación de las políticas de impunidad de más de dos décadas. Acaban de reforzar por decreto el secreto sobre las actividades de la AFI y debaten devolverles las escuchas telefónicas a los espías, en momentos en que se vuelve a discutir la necesidad de disolver la AFI. El Poder Judicial ya se mostró incapaz para terminar con la impunidad. La voluntad de seguir judicializando este crimen político y evitar su investigación resulta un refuerzo en los pilares del encubrimiento. Si el Gobierno no ordena abrir los archivos secretos del atentado a la AMIA, no habrá verdad ni justicia ni comisión que sean viables. En los próximos días presentaremos en el Congreso el proyecto de ley para crear una comisión investigadora independiente y abrir los archivos secretos del Estado. Esperamos que el Gobierno impulse su debate y aprobación en ambas cámaras. Sería su mejor aporte. Los diputados y senadores que acompañen con su firma y su voto el debate empeñarán mucho más que un juego político para sostener o mejorar su imagen. Se juega la chance de correr el velo sobre los hechos y la verdad de este crimen de Estado, que permanecen ocultos desde hace tantos años.
*Titular de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia)
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