El 18 de julio se cumplió un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, pero este se trató de uno más especial porque es el primero que tiene en el banquillo de los acusados a una buena parte de los responsables de que a 22 años aún no haya justicia. El 6 de agosto del año pasado comenzó el juicio oral y público por el encubrimiento en la investigación del ataque a la mutual judía. A cargo del Tribunal Oral Federal 2, durante casi un año de audiencias semanales, se escucharon un sinfín de irregularidades cometidas durante la instrucción de la causa que investigó el atentado, a cargo del destituido juez Juan José Galeano. En el juicio se juzgan dos hechos: por un lado, la interrupción de las investigaciones de “la pista siria”, en concreto, el freno a las pesquisas sobre el empresario de origen sirio-libanés Alberto Jacino Kanoore Edul, allegado a la familia del ex presidente Carlos Menem, y uno de los sospechosos más fuertes al poco tiempo de ocurrido el atentado; por el otro, el pago de 400 mil dólares, cuyo origen fueron los fondos reservados de la SIDE, a Carlos Telleldín para que afirmara falsamente que entregó la camioneta Trafic a dos brigadas de la Policía Bonaerense, encabezadas por el ex comisario Juan José Ribelli.
La pista siria
El primer hecho tiene como acusados a Menem, Galeano, Hugo Anzorreguy (ex secretario de Inteligencia), Carlos Anchezar (ex subsecretario de Inteligencia), Carlos Castañeda (ex comisario de la Policía Federal) y a Jorge “Fino” Palacios (ex comisario de la Federal).
Los testigos que estuvieron declarando en el juicio sobre este hecho fueron muy reticentes y se ampararon en el “no me acuerdo”, una frase muy recurrente en las audiencias, al punto que uno de ellos, el ex policía federal Eduardo Aguilera, fue detenido luego de su declaración por falso testimonio y conducta elusiva. sin embargo testigos que brindaron información. “La vinculación siria con el atentado surgía de la simple lectura atenta de la causa. Faltaba que le pusieran flechas de colores indicando que Kanoore Edul estaba metido. En cambio, le hicieron un allanamiento sin rigor investigativo y quedó como una diligencia”, afirmó Jorge González, uno de los efectivos del Departamento de Protección del Orden Constitucional de la Federal (POC) que participó de las investigaciones. Ese “allanamiento sin rigor investigativo” al que se refiere se trata de una serie de pesquisas que se hicieron en domicilios del sospechado el 1 de agosto de 1994. Estaban previstos tres allanamientos: el primero se hizo y los elementos secuestrados pusieron más sospechas sobre Kanoore Edul; el segundo se realizó horas después, a pesar de que la distancia era de apenas unos metros; el tercero directamente no se hizo. “Llegamos muy temprano pero la orden de ingresar recién nos la dieron por la tarde. Estuvimos todo el día”, afirmó Carlos Salomone, uno de los policías que participó del allanamiento, quien además aseveró que las ordenes las daba el “Fino” Palacios, en ese entonces a cargo de la División Drogas Peligrosas de la Federal, y que era “de extrema confianza del juez”. Según la acusación, el día de los allanamientos hubo un encuentro en la Casa Rosada entre el padre de Kanoore Edul y Munir Menem (hermano del ex presidente). Carlos Menem, cuya familia era muy cercana a la del sospechado, dio la supuesta orden a Galeano de que no se lo investigue más. “Kanoore Edul entraba y salía de la Casa Rosada como si fuera uno más del staff”, afirmó Carlos Gardiner, ex secretario de la Cámara de Comercio Árabe-Argentina, confirmando la estrecha relación. “Como investigador, me encantaba Kanoore Edul y no me dejaron continuar”, recordó Carlos Heise, uno de los policías que trabajó en el POC. “El que descarta la pista siria es el juzgado. El de mayor poder de ese momento. El que casi no nos dejaba leer la causa y tenía partes reservadas”, sostuvo González. La desaparición de casettes y trascripciones con intervenciones telefónicas a Kanoore Edul es otro de los hechos que se busca dilucidar. “Supe que habían faltado casettes”, manifestó Mariana Ércoli, empleada del juzgado de Galeano. “Se reutilizaron casettes sin valor informativo”, argumentó Heise. Humberto Almerich, policía a cargo de transportar los casettes del POC a la SIDE relató que si bien la oficina de Inteligencia emitía un recibo cuando entregaba las cintas, no se dejaba constancia de la devolución de los mismos, por lo que eran plausibles de “desaparecer”.
El pago a Telleldín
En cuanto al pago a Telleldín y la privación ilegal de la libertad de los ex Policías Bonaerenses, están acusados Galeano, Anzorreguy, Telleldín, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, Ruben Beraja (ex presidente de la DAIA), Patricio Finnen (ex agente de Inteligencia), Ana María Boragni (ex pareja de Telleldín) y Victor Stinfale (ex abogado de Telleldín). Aprietes, amenazas, ofrecimientos, actas mal redactadas son algunas de las acciones del juzgado que se escucharon en las audiencias y que dieron cuenta de un espurio mecanismo judicial puesto en marcha para acusar a los Bonaerenses de ser la conexión local del atentado. Todos ellos llegaron detenidos al primer juicio oral, comenzado en 2001. Tres años después, la sentencia del TOF 3 los absolvió y consideró que se trató de “una maniobra al servicio de oscuros intereses de políticos inescrupulosos”. “Esta causa se impartió mal desde el principio”, afirmó Ribelli. “Se reunió un abanico de información, no importaba por qué, y ver si con todo eso arriba de la mesa se podía armar algo”. Los policías de la fuerza provincial dieron cuenta de las presiones que recibieron para ensuciar a Ribelli: “Me hicieron mentir en todas las declaraciones”, manifestó Mario Bareiro. “Galeano me dijo que si no declaraba lo que quería me metería preso y me haría echar de la Policía, y cumplió”, contó Pablo Rago. “Galeano quería que diga algo que no era verdad”, afirmó Eduardo Toledo. “Galeano me dijo que si ensuciaba a Ribelli, me iría en libertad”, destacó Víctor Cruz.
Alberto Barreda, padre de uno de los ex policías detenidos, contó que Luis Vicat (comisario de la Bonaerense que trabajaba con el juzgado) le hizo un ofrecimiento avalado por Galeano y el Gobernador de la Provincia de dinero y trabajo en el exterior a cambio de que su hijo declarara en contra de Ribelli y las brigadas. Adolfo Vitelli, ex jefe de la Policía Bonaerense, contó que Vicat y Federico Domíguez (ex subsecretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires) lo presionaron para que sobreseyera de un sumario administrativo a Alejandro Burguete, un policía que accedió a ensuciar a Ribelli. Tanto Vicat como Domíguez hoy están procesados en la causa encubrimiento. La estrategia de las defensas de Galeano, los ex fiscales y de Beraja es demostrar que habían pruebas suficientes para acusar a los Policías Bonaerenses. “Aún hoy estoy convencido que en esta sala de audiencias está la conexión local del atentado”, afirmó en su declaración indagatoria Mullen. Por ello, muchas de sus preguntas van apuntadas a hechos que sucedieron previos al atentado, como una serie de extorsiones de los policías a Telleldín, lo que genera rispideces en las audiencias por correrse del objeto de este juicio. Por momentos pareciera que se busca revivir el juicio anterior. En su declaración indagatoria, Telleldín confirmó que negoció el pago de los 400 mil dólares con Galeano. Sostuvo que en un principio pidió 500 mil dólares y que Galeano le ofreció 300 mil “Fue como una negociación de una tienda”, manifestó. También contó que en 1995 la jueza María Luisa Riva Aramayo, entonces presidenta de la Cámara de Casación Penal, lo visitó en la cárcel y le llevó un croquis donde le mostraba cómo le entregó la camioneta a los policías, y que luego esa hoja se la llevó a Galeano diciendo que lo había realizado el detenido. Las visitas de Riva Aramayo son consideradas el primer eslabón de la cadena que desembocó en la versión falsa de los policías bonaerenses.
El equipo de investigación
Uno de los puntos destacables que surge de los debates está relacionado con el bajo nivel del equipo de que se armó para investigar el atentado. Galeano convocó a policías que tenían causas penales para que se sumen a la investigación o personas de escasa relación con casos de terrorismo internacional, como fue el “Fino” Palacios, que en aquel entonces era jefe de la División Drogas Peligrosas. “Nadie en el juzgado tenía preparación en terrorismo internacional”, afirmó Gastón Betancour, empleado del juzgado de Galeano. “El juzgado no se encontraba capacitado para una causa de esta envergadura”. Además, diversos testigos afirmaron que habían escasos recursos para investigar: “No teníamos computadoras, ni papel, impresoras, ni sillas. Íbamos a allanar en autos Renault 6. Había desinterés y despreocupación”, manifestó Jorge González.
El papel de las instituciones comunitarias
Al estar Beraja imputado, el rol que cumplieron las instituciones de la comunidad judía es uno de los temas que están siempre presentes en las audiencias. “Confiábamos que la dirigencia judía nos iba a representar. No pasó mucho tiempo para que nos diéramos cuenta de que no lo hacían”, afirmó en su declaración Diana Malamud, de Memoria Activa. “Los de AMIA y DAIA cuidaban cada uno su quinta. Tenían relación con el gobierno de turno y cuidaban sus negocios personales”, destacó Adriana Reisfeld de la misma agrupación de familiares.En varias ocasiones se dio a entender que la dirigencia comunitaria tenía conocimiento del pago. Olga Degtiar y Sergio Burstein, de la agrupación 18J, indicaron que en 2011 en una reunión de la Comisión Directiva de AMIA, un abogado de la institución dijo: “¿Qué tanto lío con el pago? Si todos sabían”. Ambos también destacaron que luego de que se diera a conocer el pago, Luis Dobniewski, entonces abogado de AMIA, justificó su legalidad con el mismo argumento que dio el juzgado. También hubieron varios testimonios que dieron cuenta de una estrecha y cordial relación entre la dirigencia comunitaria y el juzgado. “Tenían un trato tan cordial que sorprendía. Todos hablaban de ‘Juancito’ para referirse a Galeano”, recordó Malamud. En ese sentido, el propio Beraja reconoció que desde la DAIA no querían pelearse ni con Menem ni con Galeano. Además se subrayó la profunda diferencia en el trato que recibía la querella de AMIA-DAIA con la de Memoria Activa, algo que también fue ratificado por Beraja. “Cuando íbamos al juzgado, había que pedir entrevista. Nos hacían esperar mucho y mientras, entraban los de la DAIA adelante de nuestras narices”, apuntó Malamud, e indicó que muchos de los escritos que presentaba su querella eran enviados por fax desde el juzgado a la de las instituciones. También recordó que AMIA y DAIA conocían hasta los legajos secretos de la causa y que incluso Dobniewski les ofreció a Memoria Activa que “si quería sacar a pasear una vuelta manzana con Telleldín no había problema”, lo que habla del nivel de connivencia con el juzgado. Malamud contó que junto a Laura Ginsberg detectaron que el peritaje de la bomba estaba mal hecho pero que Rogelio Cichowolski y Jorge Bronstein, ambos dirigentes de la DAIA, las “retaron por hacer escándalo por eso”. Además destacó que descubrió que la autopsia de su marido estaba falseada pero que Beraja le dijo que no hablara de ello para que no intentaran exhumar todos los cuerpos. El acto del tercer aniversario del atentado es otro de los temas que se mencionaron en diversas ocasiones. En ese acto, Laura Ginsberg en nombre de los familiares leyó un incendiario discurso en el que acusaba al gobierno de Menem y Duhalde de “consentir la impunidad”. Todos los testigos recordaron que se había acordado de que no se iban a invitar a funcionarios del Gobierno menemista, cosa que la DAIA no cumplió. Además, se repitió infinidad de veces que luego del acto, Beraja y Oscar Hansman (entonces presidente de AMIA) fueron a la Casa Rosada a pedir perdón. “La obsecuencia que Beraja tenía con Menem hizo que vayan a pedirle disculpas a la Casa Rosada”, manifestó Degtiar. Burstein y Degtiar, que hasta el primer juicio acompañaron la versión de los policías bonaerenses junto a las instituciones comunitarias, destacaron que se sintieron engañados por ellas. “Siempre las instituciones nos usaron para poner la chapa de los familiares. Sin nosotros no podían hacer lo que hicieron”, apuntó el primero. Beraja en su declaración indagatoria se declaró inocente de toda acusación y sostuvo que su imputación es política, con el fin de manchar a toda la DAIA. Señaló que él no tenía connivencia con el juzgado ni con el Gobierno y que en diversas ocasiones denunció institucionalmente las irregularidades de la causa. El ex presidente de la DAIA también reveló que en 1993 tuvo una reunión en la SIDE en la que le advirtieron que Irán estaba planificando un segundo atentado en la Argentina y que el Estado no tomó los recaudos necesarios para prevenirlo, y que una vez realizado el ataque, el canciller Guido Di Tella le dijo que no podían hacer nada en contra de la República Islámica porque temían represalias.
Los próximos pasos
Tribunal Oral Federal 2
El juicio entró en un mes de receso por un pedido de licencia de un juez y la feria judicial. Las audiencias, que se realizan en los tribunales de Comodoro Py todos los jueves desde las 10.30 y lunes de por medio, se retomarán el 4 de agosto. Hasta ahora han pasado 57 testigos, entre familiares de víctimas, ex policías bonaerenses, ex policías federales y agentes de Inteligencia. Quedan cerca de 80 más, entre ellos, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex agente de la SIDE, Jaime Stiuso. Se espera que en algún momento Galeano preste declaración indagatoria, ya que hasta ahora no ha hablado, y que Beraja, Mullen y Barbaccia amplíen las suyas. A excepción de aquellas que declaran miembros de Inteligencia, todas las audiencias son públicas.
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