Los abajo firmantes, representantes de organizaciones de familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA, nos dirigimos a la opinión pública para denunciar que en las últimas semanas el gobierno nacional ha tomado decisiones muy graves que ponen en peligro la posibilidad misma de obtener verdad y justicia en este crimen que permanece impune después de 23 años de promesas y frustraciones.
Una de esas decisiones provocó la renuncia de los apoderados del Ministerio de Justicia ante el Juicio Oral que se realiza desde hace casi 2 años contra Beraja, el ex presidente Menem, Anzorreguy, el ex juez Galeano, entre otros ex funcionarios del Estado argentino. La renuncia es una acusación al ministro Garavano, quien habría resuelto limitar a la querella del Ministerio para no tener un rol activo contra los imputados. Los abogados salientes advirtieron que al cambiar el criterio que mantuvieron hasta ahora "podría generarse la defensa de intereses opuestos" a los declamados en el juicio que aún se supone contra “el encubrimiento” y que transita sus tramos finales.
En tanto, el gobierno anuncia que firmará un nuevo decreto para abrir los archivos secretos en poder de la AFI que hasta hoy permanecen cerrados, pese a la docena de decretos firmados en el pasado con la misma declaración de intenciones. Consideramos que esta medida es parte de una maniobra para desmantelar la Unidad Fiscal y su Grupo Especial de Relevamiento Documental (GERAD) que procesa los archivos desde hace poco más de un año, entregando al titular de la Secretaría AMIA del Ministerio de Justicia, Mario Cimadevilla, el control de este proceso. De concretarse, el Secretario compartiría la documentación secreta con Arribas y Majdalani, también integrantes del Poder Ejecutivo, y los archivos que se habrían abierto como parte de una campaña de prensa, seguirían cerrados en los hechos al conocimiento público y de las partes.
Por último y después de muchos meses de tramitarlo en secreto, el gobierno negocia en el Senado un proyecto de ley de “Juicio en Ausencia” con Pichetto. Lo hace después de conocer el público rechazo de las organizaciones de familiares de las víctimas del atentado y de personalidades académicas y jurídicas contrarias a este intento de reforma del Código Penal y de simular un juicio a iraníes en ausencia de los acusados, de testigos y de pruebas. El único objeto de este engendro es cerrar definitivamente la causa y bloquear un debate serio para crear una Comisión Investigadora con personalidades independientes y familiares de las víctimas, poniendo a su disposición todos los archivos del atentado a la AMIA que el Estado sigue ocultando. Denunciamos que todas estas medidas apuntan a cerrar definitivamente cualquier atisbo de investigación del atentado a la AMIA, de su comisión y su encubrimiento, y que el gobierno las adopta para exculpar al Estado argentino de sus responsabilidades criminales y encubridoras, al mismo tiempo que satisface las presiones de la dirección de AMIA, DAIA y del Estado de Israel.
Con estas consideraciones, solicitamos una reunión con carácter de urgente al Ministro Garavano y a la Procuradora General Gils Carbó.
Convocamos a todas las organizaciones de derechos humanos, estudiantiles y populares a debatir y pronunciarse: Contra la impunidad organizada por el Estado
Por el esclarecimiento del atentado a la AMIA-Que se duplique el número de integrantes del GERAD y que continúen centralizados por la fiscalía
Que se abran los archivos secretos-No al Juicio en Ausencia=Por una Comisión Investigadora.
OLGA DEGTIAR p/Asociación 18j LAURA GINSBERG p/APEMIA
Buenos Aires, 2 de abril de 2017
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