La decisión del juez federal Ariel Lijo de citar a prestar declaración indagatoria al doctor Rubén Beraja en la causa que investiga la investigación, valga la redundancia, de la Causa AMIA, realizada por el ex juez Galeano tiene algunas particularidades, que pueden convertirse en desagradables para la comunidad judía en general y para cierta cantidad de dirigentes que desde el 18 de julio de 1994 condujeron los destinos de DAIA y de AMIA.
En primer lugar no es para nada gratificante que se le impute a un ex presidente de DAIA haber participado de actos dolosos en esa investigación. Por otro lado Beraja no estaba solo, lo acompañaban un número -limitado, es cierto- de dirigentes, que tenían la obligación de saber qué es lo que hacía en representación de una de las más importantes instituciones comunitarias.
AMIA a su vez, que tenía su propia conducción, también actuaba como querellante, lo que implica que conocían qué era lo que estaba ocurriendo, y por lo tanto esos dirigentes no pueden alegar que desconocían las “idas y vueltas” que se iban produciendo, en especial con respecto a las declaraciones de Telleldín. Recordemos que se decía que sabía mucho más de lo que decía, que un día afirmaba una cosa y otro algo totalmente distinto, que mentía con la finalidad de “embarrar la cancha”.
Quienes así opinaban, no solamente Beraja, debían estar al tanto de informaciones que no trascendían a los medios de prensa, posiblemente informes de inteligencia, tanto nacionales como de agencias extranjeras (la CIA, el Mosad, etc.).
De pronto, luego de la declaración de Telleldín acusando a los policías de la Bonaerense, comenzaron ciertos cuestionamientos a las posturas sostenidas por la conducción comunitaria, que hicieron eclosión en el acto conmemorativo del año 1997, con el abucheo a los miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo Nacional presentes, la silbatina a Beraja y el discurso de los Familiares.
Según lo que se decía existían dos versiones sobre la investigación, una la denominada “oficial” sostenida por DAIA y otra la que planteaban los familiares, que todavía no se habían dividido y no atacaban a Galeano en forma contundente como luego hizo Memoria Activa y ciertos medios periodísticos.
Yo en aquellos años creía en la versión “oficial”, pero con el paso del tiempo comencé a dudar y públicamente lo reconocí en una de mis notas, había “comprado pescado podrido”; expresión utilizada en la jerga periodística para expresar cuando un comunicador recibe una información intencionalmente falsa a fin de que la distribuya como cierta.
Recordemos también que si bien oficialmente no se lo reconocía, se daba por sentado que Telleldín había firmado su declaración acusando a los policías bonaerenses luego de haber concertado algún tipo de retribución, que se decía que era para publicar un libro con su versión de los hechos.
Cuando en el Tribunal Oral las declaraciones de los funcionarios de la SIDE confirmaron el pago, pensé -y creo que lo escribí- que la acusación se había hecho trizas por más que Marta Nercellas y Juan José Avila dijeran lo contrario.
AMIA, ya presidida por Abraham Kaúl, había variado su postura, la que difería de la que sostenía DAIA, aunque en el accionar de sus representantes legales eso no se notó. Kaúl afirmó en una conferencia de prensa con los medios comunitarios, luego de conocido el fallo absolutorio a Telleldín, Ribelli y el resto de los policías acusados de partícipes necesarios en el atentado, que había firmado la apelación sin estar convencido de algunos de los planteos que allí se hacían.
Pasaron los meses, la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó el veredicto del Tribunal Oral y a los pocos días el juez Ariel Lijo -que reemplazó al desplazado juez Bonadío en la causa que investiga el pago a Telleldin y denuncias referidas a los hechos ilegales que se produjeron durante la instrucción de la investigación del atentado a la AMIA- citó a prestar declaración indagatoria a el ex juez federal Juan José Galeano; los ex fiscales José Barbacia y Eamon Mullen, a Hugo Anzorregui -quien fuera Secretario de Inteligencia (SIDE) durante la mayor parte del gobierno de Carlos Menem- junto con dos altos ex funcionarios de dicha repartición, Patricio Finnen y Alejandro Brousson; a Carlos Telleldín, Ana Boragni y Víctor Stinfale (estos últimos esposa y abogado del imputado como partícipe necesario por Galeano) junto con el ex presidente de DAIA, Rubén Beraja.
Esa decisión me hizo interrogarme sobre cómo ha de afectar ese hecho a la comunidad y si Telleldín es creíble o no, o mejor dicho, cuándo fue que Telleldin mintió y también por qué Beraja actuó como lo acusan.
Concediendo que algunos han de considerarme “berajista”, tengo que reconocer que me resulta muy difícil aceptar que lo hizo para favorecer sus negocios particulares o proteger al gobierno menemista., como también me parece absurdo que Anzorregui autorizara la entrega de cuatrocientos mil dólares a Telleldín sin que lo supiera el Presidente de la Nación.
Tampoco acepto que el único que estaba al tanto de las cosas que ocurrían en la investigación del atentado haya sido Beraja (reuniones de Galeano con Telleldin y/o Stinfale; los informes de inteligencia; la grabación irregular por parte de Nercellas y uno de los vicepresidentes de DAIA; la existencia de legajos secretos y quiénes eran los testigos de identidad reservada, etc.).
¿No será que los que aceptamos el “pescado podrido” fuimos mucho más de los que lo reconocemos? Tengamos cuidado de que no nos lo vuelvan a vender.
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